La teleasistencia se está usando para evitar derivaciones hospitalarias, según los médicos de familia del SAS
Médicos de familia, plataformas ciudadanas y el propio Consejo Andaluz de Colegios de Médicos alertan de que el sistema implantado en 2023 se está usando para evitar derivaciones hospitalarias.
Lo que la Consejería de Salud describe como un sistema con un estricto protocolo y sometido a seguimiento continuo, médicos de familia. plataformas ciudadanas y sindicatos lo perciben como un filtro sistemático que impide que determinados pacientes sean atendidos presencialmente por el especialista en un hospital.
La herramienta fue implantada por el SAS en 2023 con la intención de permitir que un médico de atención primaria vuelque en un sistema informático las pruebas realizadas en la atención primaria a un paciente para que un especialista hospitalario las analice y responda casi en tiempo real, ya sea pautando un tratamiento o citando al paciente para una consulta presencial. El volumen fue desde su origen muy significativo: entre enero y septiembre de 2022, en la fase previa a su generalización, el SAS ya contabilizaba casi 338.000 teleconsultas realizadas entre profesionales de atención primaria y hospitalaria.
El problema, denuncian quienes trabajan en los centros de salud, no es la herramienta sino el mal uso que se hace de ella.
«Muchas veces vienen denegadas»
«Estamos hartos de denunciarlo». La frase la pronuncia Marta, médica de familia en Granada que prefiere no dar su apellido, y resume un estado de ánimo que, según ella, comparten buena parte de sus compañeros. Su queja principal no apunta a la existencia de la teleconsulta sino a los resultados concretos que genera: especialistas hospitalarios que resuelven casos sin explorar al paciente, que pautan tratamientos basándose únicamente en las pruebas complementarias remitidas desde el centro de salud, y que rechazan derivaciones que el médico de familia considera clínicamente justificadas. «Muchas veces vienen denegadas porque el especialista considera que no tiene que ver al paciente y le pauta tratamiento sin haberle visto», explica.
Listas de espera
La crítica desde las plataformas ciudadanas añade otra dimensión al problema. Teresa Almagro, portavoz de la Marea Blanca Gaditana, sostiene que la teleconsulta ha dejado de ser lo que prometía ser y se ha convertido en un sustituto de las primeras consultas hospitalarias. El argumento que utiliza es sencillo pero contundente: «Las personas a las que se les hizo una teleconsulta y que están esperando una respuesta no aparecen en ninguna lista de espera oficial». Lo que debería ser una vía rápida hacia el especialista se convierte, en la práctica, en un espacio administrativo opaco donde los tiempos de espera no se contabilizan, donde el paciente no sabe cuánto lleva esperando y donde la demanda asistencial real no queda reflejada en las estadísticas que la Consejería presenta públicamente. La fotografía de las listas de espera que publica el SAS sería, en esta lectura, una imagen incompleta de la realidad sanitaria de Andalucía.
Esta denuncia conecta con una crítica más amplia que la asociación Justicia por la Sanidad ha venido formulando desde los primeros meses de implantación del sistema: la teleconsulta, argumentan, vulnera el derecho de los pacientes a la libre elección de médico especialista, reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en diversas leyes estatales. El decreto regulador es explícito al respecto: el derecho a elegir especialista debe ejercerlo el propio usuario, individualmente, a través de su médico de atención primaria, que actúa como interlocutor pero no como decisor. Con la teleconsulta, ese derecho queda en suspenso: es el sistema quien determina qué especialista responde y si el paciente llega o no a ser atendido presencialmente.
El Consejo de Médicos alerta de consecuencias legales
La señal más contundente de que el malestar ha trascendido el ámbito de los centros de salud la ofrece el propio Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que ha remitido una carta a sus colegiados en términos que resultan difícilmente interpretables como un aval al funcionamiento actual del sistema. El texto advierte de que determinadas prácticas derivadas del mal uso de la teleconsulta «pueden conllevar consecuencias legales y deontológicas de especial relevancia» y recomienda expresamente a los médicos «no participar en prácticas de esta naturaleza». La misiva es aún más precisa: insta a los facultativos a no declarar a pacientes como «no tributarios de asistencia» ni mantenerlos «en situación de pasivo cuando ello implique que no sean valorados o atendidos por el servicio correspondiente, incluso cuando dichas actuaciones estén respaldadas por guías o protocolos».
Gerardo Sánchez, vicepresidente del Consejo y neumólogo en activo, matiza sin contradecir esa preocupación. Defiende que la teleconsulta es «una herramienta muy potente» cuando se usa como está previsto, pero reconoce que «algún médico puede decidir simplemente por las pruebas complementarias, sin ver al paciente, y ese no es el uso que tiene que tener». En su opinión, el sistema necesita una protocolización más rigurosa. «En ningún momento te puedes escudar en hacer ese tipo de medicina para no ver pacientes», dice. El Consejo, añade, lleva tiempo trasladando estas preocupaciones a la Consejería de Salud.
La versión institucional
La Consejería, por su parte, rechaza que el sistema funcione como sus críticos describen. En respuesta a las preguntas planteadas, recuerda que en marzo de este año el SAS aprobó una instrucción corporativa y protocolos comunes para homogeneizar el uso de la teleconsulta en todas las especialidades. Los protocolos, insiste, establecen que esta modalidad es «complementaria» y que no puede «sustituir a la atención presencial ni convertirse en la única vía de acceso a la atención hospitalaria especializada». Los casos que impliquen sospecha de patología maligna o situaciones urgentes quedan expresamente excluidos. El SAS, asegura la Consejería, realiza un seguimiento continuo del sistema mediante indicadores sobre tiempos de respuesta, capacidad resolutiva y tasas de rederivación.
La pregunta que permanece sin respuesta es si esos indicadores son públicos y consultables por cualquier ciudadano. Las estadísticas oficiales de listas de espera que publica periódicamente el SAS no desglosan la demanda atendida mediante teleconsulta. La distancia entre el modelo que describe la Consejería y el que relatan los profesionales que trabajan en los centros de salud es, cuanto menos, lo suficientemente amplia como para justificar un debate serio sobre el funcionamiento real de una herramienta que afecta a millones de andaluces.
Mientras ese debate no se produce con la transparencia que merece, el SAS presenta cifras de reducción de listas de espera que no reflejan a quienes esperan en ese espacio invisible que es la teleconsulta. Y en los centros de salud, médicos de familia siguen recibiendo respuestas a sus solicitudes de derivación que, en demasiados casos, no incluyen una cita para que su paciente sea visto por un especialista.
