Ciudadanos de Vera, Garrucha y Mojácar dicen estar siendo ‘enterrados en vida’ por el yeso en suspensión proveniente del puerto de Garrucha
La protesta está encabezada por las asociaciones Veraplayazul y GAVIME (Asociación de Vecinos para la Defensa Medioambiental de Garrucha)
La cada vez más desesperada situación provocada por la emisión a la atmósfera de micropartículas de yeso y otros contaminantes en el puerto de Garrucha ha dado lugar al nacimiento de un movimiento ciudadano que reúne a residentes de Vera, Garrucha, Mojácar y otros municipios del Levante almeriense. Los colectivos vecinales denuncian que las emisiones de polvo en suspensión y los posibles vertidos al mar están deteriorando la calidad de vida, el medio ambiente y la imagen turística de la comarca, y reclaman una modernización urgente de las instalaciones portuarias.
Las asociaciones Veraplayazul y GAVIME (Asociación de Vecinos para la Defensa Medioambiental de Garrucha), recientemente impulsaron la creación de la Plataforma para la Sostenibilidad de la Industria, el Turismo y el Medio Ambiente (SITME). Su objetivo es prohibir la exportación de yeso desde el citado puerto, sino conciliar su actividad con la protección de la salud pública, el turismo y el medio ambiente.
Denuncian polvo en suspensión y falta de medidas
Los ciudadanos afectados sostienen que la carga y descarga de yeso a cielo abierto genera nubes de micropartículas que, favorecidas por el viento, contaminan amplias zonas y alcanzan viviendas, playas y establecimientos turísticos de toda la costa del Levante Sur almeriense. Aseguran que esta situación se repite desde hace años y consideran insuficientes las medidas adoptadas para controlar las emisiones por parte de Puertos de Andalucía y la Propia Junta.
En los últimos días Veraplayazul en sus redes sociales comunicaba lo siguiente: ‘El polvo no lo puede esconder la Junta de Andalucía y sus Puertos de Andalucía en buenas palabras o en papel mojado con sus promesas de control de emisiones. Hoy es día de mercadillo en Garrucha, pero los verdaderos mercaderes se afanan todos los días, con la aquiesciencia de la Junta de Andalucía, en enterrarnos en vida tanto en Garrucha como en Vera. Si la economía no es sostenible no hay economía ni empleo. Únete a la Plataforma para la Sostenibilidad de la Industria, el Turismo y el Medio Ambiente (SITMA), creada por Gavime y Veraplayazul y abierta a todas las asociaciones y ayuntamientos afectados por la actividad yesera’
Entre sus principales reivindicaciones figura la hangarización o confinamiento de la terminal de graneles sólidos para impedir la dispersión del polvo, así como la publicación de los datos de calidad del aire registrados en el puerto y un mayor control ambiental por parte de las administraciones competentes.
Preocupación por los vertidos y el litoral
La movilización vecinal no se limita a la contaminación atmosférica. También existe preocupación por el impacto que la actividad portuaria puede tener sobre el medio marino y las playas próximas. La reciente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto estatal para la recuperación de las playas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora recuerda que durante las obras y la actividad portuaria deben extremarse las medidas para evitar incrementos de turbidez, movilización de sedimentos y vertidos accidentales de aceites o hidrocarburos. Asimismo, recoge la necesidad de proteger el emisario submarino existente y de vigilar la calidad de las aguas y sus posibles efectos sobre las zonas de baño.
Turismo e industria, ¿compatibles?
Los colectivos vecinales insisten en que no pretenden el cierre del puerto ni de la actividad minera vinculada al yeso procedente de Sorbas. Su reivindicación pasa por adaptar las instalaciones a estándares ambientales más exigentes para hacer compatible la actividad industrial con un destino turístico que concentra miles de residentes y visitantes durante gran parte del año.
Posibles acciones legales
Ecologistas en Acción, por su parte, ha mostrado su disposición a colaborar con los colectivos ciudadanos para estudiar acciones ante el Defensor del Pueblo Andaluz y la Fiscalía si consideran que existen incumplimientos de la normativa ambiental o riesgos para la salud pública.
