De Los Gallardos a Niebla, dos desastres sin paliativos que ponen en evidencia a la Junta de Andalucía
En este verano de 2026 ha llegado para la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno la hora de la verdad.
Opinión, por Manuel Ortíz Castro
Entre el 9 de julio y el 14 de agosto, la comunidad ha sufrido dos de los incendios forestales más graves de su historia reciente —Los Gallardos, en Almería, y Niebla, en Huelva— y en ambos casos el patrón se ha repetido con una precisión incómoda: reacción tardía, explicaciones insuficientes y un presidente que ha aparecido en el lugar de la tragedia cuando ya era, en el mejor de los casos, tarde para consolar y, en el peor, tarde para gestionar.
Los Gallardos: catorce muertos y un silencio que aún no se ha roto del todo
El 9 de julio, un incendio se declaró en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos (Almería), presuntamente originado por la caída de un cable eléctrico —la investigación judicial, abierta en el Juzgado número 3 de Vera, sigue sin cerrarse—. El fuego, que acabaría afectando a unas 5.200 hectáreas entre Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, se convirtió en el incendio forestal con más víctimas mortales de la historia de Andalucía y el tercero de toda España: catorce personas fallecidas y siete heridas, muchas de ellas de nacionalidad extranjera.
La pregunta que ha perseguido a la Junta desde entonces es simple: ¿por qué no se activó el sistema de alerta masiva ES-Alert? El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió semanas después en el Parlamento que enviar ese aviso a toda el área «sin segmentación» habría provocado desplazamientos innecesarios y más congestión en vías ya saturadas, y que se optó por avisos «directos y personalizados» de las fuerzas de seguridad. Es un argumento técnico razonable sobre el papel. Lo que no resulta tan fácil de sostener es que, con catorce cadáveres sobre la mesa, esa haya sido la única explicación ofrecida durante semanas, mientras la oposición al completo —PSOE-A, con Rodrigo Sánchez Haro a la cabeza, a la postre vecino de la zona afectada y gran conocedor de la misma, Adelante Andalucía y Por Andalucía— pedía una comisión de investigación parlamentaria por las «dudas» que, en palabras del portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, dejaba un consejero que llegó a mostrarse «acorralado» y «nervioso porque sabe que ha habido errores de gestión». El propio portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lo resumió con una frase que debería doler: «las familias de los fallecidos merecen» esa investigación.
Rodrigo Sánchez Haro (PSOE-A) interpeló directamente a Moreno y acusó al consejero Antonio Sanz de «mentir» en el Parlamento. Tras la comparecencia de Sanz el 23 de julio, Sánchez Haro afirmó que el consejero mintió al justificar la falta de envío de alertas Es-Alert alegando que la estación base de Bédar «quedó anulada y fuera de servicio». Según el parlamentario, comprobaron los datos sobre el terreno y esa versión «no se sostiene»: Bédar está servida por una red de varias estaciones de distintas operadoras (Movistar, Orange, Vodafone), ninguna de las cuales quedó fuera de servicio y cuestionó la cronología de la noche del incendio y señaló que la situación operativa de Nivel 2 (que activa a la UME) no se declaró hasta las 22:37 horas, cuando ya se habían producido cuatro fallecimientos y las evacuaciones estaban en marcha.
No es un asunto menor, de hecho es tan grave que va a acabar en los tribunales, y más tras los informes preliminares de la policía científica. Cuando un Gobierno tarda semanas en dar una explicación mínimamente sólida sobre por qué no avisó a la población de un incendio que acabaría con catorce vidas, y esa explicación llega envuelta en un debate sobre si hubo «ralentización y lentitud» en la Delegación del Gobierno en Almería, no estamos ante un simple contratiempo de comunicación institucional. Estamos ante la pregunta de si se hizo todo lo posible por proteger a la gente, y esa pregunta, cinco semanas después, sigue sin una respuesta que convenza a nadie más allá del propio Gobierno andaluz.
Niebla: el incendio «fuera de capacidad de extinción» y la crema solar
Apenas dieciocho días después de que Los Gallardos fuera declarado extinguido, otro incendio arrancaba en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), el 6 de agosto. Lo que siguió fue, de nuevo, un desastre que se fue agrandando día a día ante la mirada de una Andalucía que empezaba a sentir una inquietante sensación de repetición: 8.000 hectáreas el primer fin de semana, 20.000 el día 10, 25.000 el día 11, más de 31.000 hacia el 13 de agosto, con un perímetro de 120 kilómetros y hasta 718 personas en alejamiento preventivo en Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado. Las propias autoridades reconocieron que el fuego estaba, durante días, «fuera de capacidad de extinción».
Mientras esto ocurría, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no apareció por la zona. Ni el primer día, ni el segundo, ni durante la semana en la que el incendio se convertía en el más importante de toda la península. El PSOE-A, a través de su cuenta en redes sociales, resumió el reproche con una frase que ha hecho fortuna: «Huelva y Sevilla arden y Moreno Bonilla sigue echándose crema solar a pie de playa». El secretario de Desarrollo Estatutario del partido y diputado por Huelva, Mario Jiménez, fue más allá y calificó la actitud del presidente de «indolente e irresponsable», subrayando que «un presidente responsable no puede tomarse vacaciones mientras media provincia de Huelva y parte de Sevilla arden por más de ocho días». Jiménez añadió un reproche que resulta difícil de rebatir: Moreno no se dignó ni siquiera a acudir para dar una palabra de ánimo a los profesionales que arriesgaban su vida —varios de ellos resultaron heridos— ni a los vecinos que veían cómo el fuego destruía sus casas, su ganado y sus cultivos.
Moreno finalmente visitó el puesto de mando avanzado del incendio el viernes 14 de agosto. Es decir, ocho días después de que se declarara el fuego, y solo tras varias jornadas de intensa presión política y ciudadana. Es difícil no leer en esa secuencia —incendio histórico, ausencia prolongada, visita solo tras el escándalo— un patrón que ya se había visto semanas antes en Almería.
El protocolo es tan extremadamente ridículo y está tan pensado y estudiado para la preservación de la imagen del propio Moreno Bonilla, la propaganda política y los efectos demoscópicos y electorales, que los asesores de imagen solo lo han dejado acercarse a Niebla cuando, como si fuera un rey Baltasar cualquiera en una cabalgata de reyes, la de Sevilla mismo, por primera vez ha podido llevar ‘buenas nuevas’ en forma de vuelta a casa de algunos de los vecinos y se ha logrado controlar el perímetro del incendio.
El patrón que se repite: negación, prevención insuficiente y respuesta tardía
Lo más preocupante no es un fallo puntual, sino la reiteración. En ambos incendios, la oposición ha señalado un mismo problema de fondo: la falta de un dispositivo de prevención activo durante todo el año. Los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía han reclamado en varias ocasiones un Plan Infoca que no se desmantele en invierno, una crítica que cobra un peso especial cuando se constata que, en los días más duros del incendio de Niebla, Andalucía llegó a gestionar simultáneamente hasta diez intervenciones de fuego distintas en un solo día. Ese no es un problema de mala suerte meteorológica; es un problema de dimensionamiento de recursos.
A ello se suma un discurso oficial que, según ha denunciado la oposición parlamentaria, ha ido normalizando el minimizar la magnitud de la amenaza del cambio climático sobre Andalucía, en paralelo al pacto de gobierno del PP con Vox. Resulta difícil de explicar que, en la comunidad autónoma que en 2026 ha sufrido el incendio con más muertos de su historia y el incendio más extenso de la península en lo que va de año, el debate político derive en cuestionar la necesidad de reforzar la prevención en lugar de aceptar que se necesitan más medios, todo el año.
Un pésimo balance
Los datos hablan por sí solos: 14 muertos, 7 heridos y más de 1.400 personas desalojadas en Los Gallardos; más de 31.000 hectáreas calcinadas y hasta 718 vecinos alejados de sus casas en Niebla. Dos incendios de una magnitud histórica en apenas cinco semanas, con un mismo denominador común en la reacción institucional: explicaciones que llegan tarde, decisiones defendidas después de la tragedia y no antes, y un presidente autonómico cuya presencia física en el terreno se ha hecho esperar hasta que la presión política se ha vuelto insoportable de ignorar.
Ninguna de estas críticas resta mérito al trabajo de los cientos de bomberos, agentes de la UME, técnicos de Protección Civil y voluntarios que se han dejado la piel en ambos frentes. Es precisamente por respeto a ese esfuerzo por lo que la gestión política que lo enmarca merece ser examinada con la máxima exigencia. Las comisiones de investigación solicitadas por la oposición en el caso de Los Gallardos deberían ser, como mínimo, el punto de partida. Porque cuando un mismo patrón de reacción tardía se repite dos veces en un mismo verano, ya no se puede hablar de coincidencia: hay que hablar de modelo de gestión.
