Moreno Bonilla exige recuperar la unidad de élite de la Guardia Civil y el delegado del Gobierno lo acusa de mostrar «desconocimiento, ignorancia y desprecio» hacia el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Interior: OCON-Sur no fue eliminado, fue reorganizado
El narcotráfico ha vuelto a convertirse en un campo de batalla política entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado a Pedro Sánchez la recuperación del Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-Sur), la unidad especializada de la Guardia Civil que operó entre 2018 y 2022, convencido de que su desaparición contribuyó al avance de las organizaciones criminales en la comunidad. El Gobierno, por el contrario, sostiene que aquella estructura no fue simplemente desmantelada, sino reorganizada e integrada en las unidades territoriales del instituto armado, y reivindica los recursos desplegados desde 2018.
El nuevo enfrentamiento llega después de un verano marcado por episodios especialmente violentos en Andalucía. Moreno ha enviado una carta a Sánchez en la que advierte de que la comunidad se ha convertido, a su juicio, en una «base de operaciones» de clanes y redes del narcotráfico y que el fenómeno ya no se limita al Campo de Gibraltar. «Todo el litoral y parte del interior son objetivo de los narcotraficantes», sostiene el presidente andaluz, que pone como ejemplo la presencia cada vez más visible de narcolanchas en el Guadalquivir.
La alarma se ha disparado después de varios episodios violentos. El 17 de agosto, un tiroteo en la barriada de El Rocío, en Isla Cristina, dejó tres muertos y dos heridos. Entre los fallecidos se encontraban una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, su madre, de 62, y un menor de 16 años. La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a un posible ajuste de cuentas entre clanes presuntamente relacionado con el tráfico de drogas.
Moreno también recuerda el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, arrollados por una narcolancha, y la muerte en mayo de este año de otros dos agentes, Germán y Jerónimo, durante una persecución de una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas de Huelva.
Para el presidente de la Junta, la sucesión de acontecimientos demuestra que la situación requiere «una respuesta contundente por parte del Estado». Su petición fundamental es clara: recuperar OCON-Sur, una estructura que considera especialmente eficaz para combatir a las organizaciones criminales.
La versión de la Junta
El argumento político de Moreno se apoya en la eficacia que atribuye al antiguo dispositivo. OCON-Sur fue creado en 2018, inicialmente con carácter temporal, para responder a la extraordinaria presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Llegó a reunir alrededor de 150 agentes procedentes de distintos destinos y extendió posteriormente su ámbito de actuación por buena parte del litoral andaluz y el Guadalquivir.
Durante sus cuatro años de funcionamiento, la unidad protagonizó numerosas investigaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Datos difundidos durante el debate parlamentario han atribuido al dispositivo más de 12.000 detenidos, alrededor de un millón de kilos de hachís y decenas de toneladas de cocaína incautadas.
La Junta interpreta su desaparición como un punto de inflexión. Según Moreno, «la mayoría de los expertos» coinciden en considerar que la desaparición de OCON-Sur favoreció el incremento de la actividad de mafias y clanes. El presidente andaluz añade una segunda crítica: la insuficiencia de medios materiales y humanos con los que, según afirma, tienen que enfrentarse los agentes a organizaciones cada vez más profesionalizadas y violentas.
Pero esa relación causa-efecto no está demostrada. Se trata de una interpretación partidista muy sesgada que el Gobierno rechaza frontalmente.
Interior: OCON-Sur no fue eliminado, fue reorganizado
La explicación del Ministerio del Interior es sustancialmente diferente. En septiembre de 2022, el departamento dirigido entonces por Fernando Grande-Marlaska sostuvo que OCON-Sur había sido concebido como una estructura extraordinaria y temporal y que sus efectivos pasarían a integrarse en las unidades de Policía Judicial de las distintas comandancias.
En aquel momento, Marlaska rechazó incluso hablar de «desmantelamiento». Defendió que los 150 agentes de OCON-Sur se incorporaban a una estructura permanente y que la decisión respondía a criterios operativos de la propia Guardia Civil.
Dos años después, tras el asesinato de los agentes de Barbate, el ministro volvió a defender aquella decisión. En febrero de 2024 aseguró que el final de OCON-Sur no había perjudicado la lucha contra el narcotráfico y aportó datos según los cuales las operaciones, detenciones e incautaciones aumentaron en 2023 respecto al año anterior: las operaciones pasaron de 4.698 a 5.439, las detenciones de 5.827 a 6.144 y la droga intervenida de 272 a 306 toneladas.
La misma tesis ha sido reiterada posteriormente por la Dirección General de la Guardia Civil. En el Congreso, la directora general, Mercedes González, defendió que la transformación de OCON-Sur respondió a una «reconfiguración operativa» y no a una retirada de medios.
La respuesta de Pedro Fernández: «desconocimiento, ignorancia y desprecio»
La contestación política más contundente a Moreno ha llegado este domingo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. En un comunicado, ha acusado al presidente de la Junta de mostrar «desconocimiento, ignorancia y desprecio» hacia el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fernández considera que reclamar la recuperación de OCON-Sur supone cuestionar decisiones operativas adoptadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según su versión, OCON-Sur era una estructura temporal y en septiembre de 2022 se convirtió en un dispositivo permanente, con sus integrantes incorporados a la plantilla de la Guardia Civil. El objetivo, sostiene, era adaptar mejor la respuesta policial a la evolución de las organizaciones criminales.
El delegado también acusa a Moreno de utilizar el debate sobre la seguridad para desviar la atención de otras cuestiones de actualidad política andaluza. Y devuelve al Gobierno autonómico parte de la responsabilidad sobre las causas sociales que alimentan el narcotráfico: empleo, educación, vivienda e integración social.
Es precisamente en este punto donde el discurso de ambos gobiernos presenta una curiosa coincidencia. Moreno también ha reclamado actuar sobre la dimensión social del narcotráfico y ha advertido de que las organizaciones criminales buscan captar a jóvenes y personas de entornos vulnerables para incorporarlos a sus redes de apoyo, transporte y distribución.
El Gobierno pone sobre la mesa 38,2 millones de euros
Interior responde a las acusaciones de falta de medios con cifras. El V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar dispone en 2026 de 38,2 millones de euros, 1,3 millones más que en 2025. De esa cantidad, 18,8 millones corresponden al refuerzo de plantillas y 19,4 millones a medios materiales, tecnológicos y de investigación e inteligencia. El plan estará vigente hasta finales de 2027 y se aplica en Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huelva y Sevilla.
Los resultados acumulados que ofrece Interior son igualmente voluminosos: desde julio de 2018 se han contabilizado 47.862 operaciones policiales y 31.335 personas detenidas o investigadas por narcotráfico y contrabando. Las fuerzas de seguridad han aprehendido 2.179.973 kilos de droga, intervenido 1.884 armas de fuego y decomisado más de 124 millones de euros en efectivo.
El Gobierno destaca además que las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Andalucía alcanzan actualmente cerca de 30.500 agentes, 4.096 más que en 2018.
Son datos que permiten al Ejecutivo sostener que la desaparición de las siglas OCON-Sur no equivale a una retirada de la lucha contra el narcotráfico. La estrategia oficial consiste en distribuir las capacidades de aquella unidad entre las estructuras permanentes de la Guardia Civil y reforzarlas mediante el Plan Especial.
Un dato incómodo para las dos versiones
La discusión política tropieza, sin embargo, con una realidad más compleja. Los datos más recientes del propio Ministerio del Interior muestran que la lucha contra el narcotráfico no puede medirse únicamente por el número de operaciones o por la cantidad de recursos presupuestados.
La Estadística Anual sobre Drogas de 2025, publicada por el CITCO, revela que las Fuerzas de Seguridad decomisaron 370 toneladas de las principales drogas. Pero las incautaciones de cocaína cayeron un 37% respecto al año anterior, hasta unas 77 toneladas, mientras que las de hachís aumentaron un 29%, hasta 257 toneladas. Andalucía continuó siendo la comunidad con más detenidos por delitos contra la salud pública, con 5.267.
Estos datos admiten lecturas contrapuestas. Para Interior, la reducción de las incautaciones de cocaína puede interpretarse como resultado de la presión ejercida sobre las grandes rutas internacionales. Para quienes cuestionan la estrategia policial, una menor cantidad de droga decomisada no significa necesariamente que entre menos droga en España: también puede reflejar una mayor dificultad para detectarla.
El problema ya no es solo el Campo de Gibraltar
Ahí reside quizá la cuestión de fondo. El debate sobre OCON-Sur nació en torno al Campo de Gibraltar, pero el fenómeno ha cambiado geográficamente. La propia estrategia estatal se ha extendido a seis provincias andaluzas y contempla el litoral desde Huelva hasta Almería, además del Guadalquivir.
La presencia de narcolanchas en el río y la extensión de las organizaciones criminales hacia nuevos territorios han convertido el narcotráfico en un problema que trasciende el tradicional escenario del Estrecho.
La reciente petición de Moreno tampoco llega en solitario. Asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reclamado más medios y, en algunos casos, la recuperación de capacidades específicas de OCON-Sur. En junio, el Senado llegó a instar al Gobierno a restablecer el organismo, reforzar el Plan Especial del Campo de Gibraltar e incrementar las plantillas y los medios destinados a las zonas más afectadas.
El debate, por tanto, no es simplemente si debe volver o no una sigla. La cuestión es si el actual modelo de unidades distribuidas territorialmente consigue ofrecer la misma capacidad de inteligencia, coordinación y persecución patrimonial que permitió a OCON-Sur concentrar esfuerzos contra las grandes organizaciones.
Y existe además un elemento que obliga a cierta prudencia. La antigua unidad tuvo resultados extraordinarios, pero su etapa final quedó condicionada por una investigación judicial que afecta a su antiguo jefe, el teniente coronel David Oliva, acusado de presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Fiscalía solicita para él seis años y medio de prisión. El caso sigue su recorrido judicial y no permite convertir las acusaciones en hechos probados.
