DOSIER: Cómo las amenazas anexionistas de Trump pueden activar el acercamiento de Islandia a la Unión Europea
Este sábado, 29 de agosto de 2026, los islandeses acuden a las urnas para responder a la pregunta: «¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?». La votación, un referéndum de carácter consultivo, no decide la entrada en la Unión, sino si el Gobierno islandés debe retomar el proceso de negociación congelado desde 2013.
Islandia nunca ha sido miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero tampoco ha estado jamás demasiado alejada de la órbita europea. La pequeña nación nórdica de apenas 400.000 habitantes ingresó en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1970, y en 1994 entró en vigor el Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), que extendió a Islandia, Noruega y Liechtenstein los derechos y obligaciones del mercado interior comunitario sin necesidad de integración política plena. A través de ese acuerdo, Islandia ha terminado adoptando aproximadamente 9.000 actos legislativos europeos, además de formar parte del espacio Schengen. Es, en la práctica, un país con un pie dentro y otro fuera; aplica buena parte de sus normas y accede al mercado único europeo, pero carece de voto en las instituciones.
El primer intento serio para la integración plena comenzó en 2009, en el peor momento económico de la historia reciente del país. El colapso simultáneo de los tres grandes bancos islandeses —Kaupthing, Landsbanki y Glitnir— en la crisis financiera de 2008 hundió la economía nacional y empujó al Gobierno socialdemócrata y verde de la época a solicitar formalmente el ingreso en la UE en julio de ese año, con el respaldo de todos los partidos políticos. La razón: la adhesión traería consigo la adopción del euro y una salida a la volatilidad crónica de la corona islandesa.
Las negociaciones arrancaron en 2010 y avanzaron con una rapidez inusual gracias, precisamente, a que buena parte del acervo comunitario ya estaba incorporado a través del EEE: de los 35 capítulos de negociación, se llegaron a abrir 27 y 11 quedaron provisionalmente cerrados. Sin embargo, dos escollos resultaron insalvables. El primero fue la pesca, el gran nervio económico y simbólico del país, cuyo capítulo de negociación ni siquiera llegó a completar el informe de cribado; el segundo, la agricultura, que tampoco llegó a abrirse formalmente. A esto se sumó el desgaste político derivado del litigio de Icesave con el Reino Unido y los Países Bajos por la quiebra bancaria, una disputa que amargó el ambiente de aquellos años, aunque terminó resolviéndose a favor de Islandia ante el tribunal de la EFTA.
El giro político llegó en 2013: el regreso al poder de una coalición de centroderecha euroescéptica, con el Partido de la Independencia y el Partido Progresista al frente, supuso la suspensión inmediata del proceso negociador, alegando el riesgo de perder el control sobre las aguas de pesca y sobre la soberanía nacional. En marzo de 2015, el Gobierno fue un paso más allá y comunicó a Bruselas que Islandia ya no deseaba ser considerada país candidato, aunque sin llegar a retirar formalmente la solicitud original. Desde entonces, la candidatura ha permanecido en un limbo jurídico: ni retirada ni activa, técnicamente vigente pero congelada durante más de una década. La propia Comisión Europea confirmó en 2024 que la solicitud presentada en 2009 seguía siendo válida, lo que explica por qué, cuando hoy se habla de «reabrir el proceso», no se trata de empezar de cero, sino de reactivar una vía nunca del todo clausurada.
El giro político de 2024 y el anuncio del referéndum
El actual capítulo de la relación arrancó tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2024, que llevaron al poder a una coalición de centroizquierda liderada por la primera ministra Kristrún Frostadóttir, de la Alianza Socialdemócrata. Uno de los compromisos centrales de ese Gobierno fue precisamente la promesa de someter a referéndum la reapertura de las negociaciones europeas, un compromiso que inicialmente se planteó con horizonte hasta finales de 2027.
El 6 de marzo de 2026, Frostadóttir anunció que la consulta se adelantaría al 29 de agosto de ese mismo año. El Althing, el parlamento islandés, aprobó formalmente la convocatoria del referéndum el 28 de mayo de 2026, en una votación en la que solo ocho diputados se pronunciaron en contra, 34 a favor y 14 se abstuvieron sobre un total de 63 escaños. La pregunta sometida a los votantes es deliberadamente limitada en su alcance: no se pregunta si Islandia debe unirse a la UE, sino únicamente si deben reanudarse las negociaciones congeladas en 2013. Si gana el «sí», se abrirá un proceso negociador con Bruselas cuyo resultado final —un eventual tratado de adhesión— tendría que someterse, años más tarde, a un segundo referéndum, esta vez sí vinculante sobre la entrada definitiva a la UE.
Frostadóttir ha vendido la consulta como una apuesta de riesgo prácticamente nulo: votar «sí» solo autoriza a explorar qué condiciones ofrecería la Unión, sin comprometer al país a nada más. Aun así, la primera ministra se ha comprometido a respetar el resultado, pese a que el referéndum no es legalmente vinculante en su primera fase. Frente a ella, los otros seis grandes partidos representados en el Althing —desde conservadores hasta la izquierda más combativa— se oponen al ingreso pleno en la UE, aunque no todos rechazan necesariamente la reapertura de negociaciones a título exploratorio.
Trump y toda la pesca
Los estudios más serios sobre la campaña —entre ellos el análisis del Arctic Institute y del centro de estudios European Policy Centre— coinciden en un matiz importante que conviene no perder de vista: pese a la enorme cobertura internacional que ha enmarcado este referéndum como una respuesta directa a las tensiones árticas, los expertos políticos insisten en que el debate interno islandés ha estado impulsado principalmente por cuestiones domésticas —la economía, el coste de la vida, la soberanía sobre los caladeros de pesca y el futuro de la corona islandesa— y solo de forma secundaria por la geopolítica. El corresponsal de France 24 recogía en Reikiavik la opinión de un analista político local, Eirikur Bergmann, en ese mismo sentido: «Los cambios geopolíticos están influyendo en el debate, pero no lo están impulsando».
Dicho esto, sería un error minimizar el papel del contexto internacional. El propio Gobierno islandés ha reconocido que las reiteradas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia —territorio situado a apenas 300 kilómetros de la costa islandesa— han hecho que la cuestión del ingreso en la Unión urja más que en el pasado, tal y como recogió la agencia Reuters al informar de la convocatoria de la consulta. Y las encuestas reflejan una campaña extraordinariamente reñida: un sondeo de Maskína del 25 de agosto situaba el «sí» en el 51,3% frente al 48,7% del «no»; dos días después, una encuesta de Gallup mostraba prácticamente la imagen invertida, con el «no» liderando por 51,6% a 48,4%. Ambos resultados se mueven dentro del margen de error, lo que hace el desenlace del todo impredecible. Con cerca de 273.000 electores llamados a votar, entre las 9:00 y las 22:00 horas locales, los primeros resultados fiables no se esperan hasta bien entrada la noche del sábado.
Las amenazas de Trump: de Groenlandia a la propia Islandia
Para entender por qué el contexto geopolítico pesa sobre esta votación, es necesario repasar la escalada de declaraciones del presidente estadounidense a lo largo de los últimos dos años.
Donald Trump mencionó por primera vez la idea de comprar Groenlandia en 2019, durante su primer mandato, una propuesta que la entonces primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de «absurda». Tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump retomó la idea con una intensidad muy superior. En una rueda de prensa en Mar-a-Lago el 7 de enero de 2025, el presidente electo se negó a descartar el uso de la fuerza militar para hacerse con el control tanto del Canal de Panamá como de Groenlandia, y planteó que Canadá podría pasar a formar parte de Estados Unidos mediante «fuerza económica». Desde entonces, ha repetido en numerosas ocasiones que Canadá debería convertirse en el «estado 51» de la Unión, llegando a referirse a la frontera entre ambos países como «una línea artificial» y a describir al entonces primer ministro canadiense Justin Trudeau como el «gobernador» de ese futuro estado.
En una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC en mayo de 2025, Trump matizó ligeramente su discurso sobre Canadá —calificando de «altamente improbable» el uso de fuerza militar contra ese país, aunque sin cerrar la puerta a la «fuerza económica»— pero mantuvo una ambigüedad deliberada respecto a Groenlandia: «No lo descarto», respondió cuando se le preguntó si consideraría una acción militar. «No digo que vaya a hacerlo, pero no descarto nada… Necesitamos Groenlandia con urgencia. Groenlandia tiene muy poca gente, de la que nos ocuparemos y a la que valoraremos, y todo eso. Pero la necesitamos por seguridad internacional.»
El episodio más directamente relevante para Islandia, sin embargo, se produjo en enero de 2026. Durante un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, dedicado en gran parte a sus planes sobre Groenlandia, Trump amplió sorprendentemente el foco de sus ambiciones territoriales para incluir explícitamente a Islandia. Según recogió el medio estadounidense The Intercept, el presidente afirmó ante los líderes europeos allí reunidos: «Hasta hace unos días, cuando les hablé de Islandia, me adoraban», y describió el país nórdico como «un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz y la protección mundiales». Trump llegó a insinuar que la OTAN «no está ahí para nosotros en el caso de Islandia» y que los mercados bursátiles habían sufrido su primera caída «por culpa de Islandia», en un discurso que varios medios calificaron de divagante y en ocasiones incoherente, pero que no dejó lugar a dudas sobre las intenciones expansivas de Washington hacia el conjunto del Atlántico Norte, y no solo hacia Groenlandia.
Estas declaraciones no fueron un hecho aislado. En noviembre de 2025, un congresista republicano de Florida, Randy Fine, había presentado un proyecto de ley para autorizar formalmente a la Administración Trump a «tomar las medidas necesarias» para anexionar o adquirir Groenlandia y convertirla en el estado número 51 de la Unión. La tensión llegó a su punto álgido con una visita a Groenlandia del vicepresidente JD Vance y su esposa Usha a finales de marzo de 2025, recibida con un evidente rechazo por parte de la población local: varios actos previstos fueron cancelados y la pareja se vio reducida a un breve almuerzo en una base militar estadounidense ante la falta de entusiasmo groenlandés por su presencia. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, respondió sin ambages ese mismo mes: «El presidente Trump dice que Estados Unidos ‘conseguirá Groenlandia’. Que quede claro: Estados Unidos no la conseguirá. No pertenecemos a nadie más. Decidimos nuestro propio futuro.»
Por qué Islandia se siente aludida
La preocupación islandesa no es solo solidaridad con un vecino nórdico. Responde a una lógica geoestratégica muy concreta que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. Islandia ocupa un punto crucial del llamado «brecha GIUK» —el acrónimo formado por Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (Greenland-Iceland-UK gap)—, el corredor marítimo que separa el Atlántico Norte del Ártico y por el que, durante décadas, tuvo que transitar obligatoriamente cualquier submarino soviético que quisiera alcanzar el Atlántico desde sus bases del norte de Rusia. Winston Churchill, citando al general alemán Karl Haushofer, resumió la importancia estratégica de la isla con una frase que sigue citándose hoy: «quien posee Islandia sostiene una pistola apuntando firmemente a Inglaterra, América y Canadá».
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo una base militar permanente en Keflavik, cerca de Reikiavik, que sirvió como puesto avanzado de la OTAN para vigilar los movimientos navales soviéticos en el Atlántico Norte. Washington retiró su presencia militar permanente de esa base en 2006, al considerar que las amenazas a la seguridad transatlántica se habían reducido tras el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, el reciente incremento de la actividad de submarinos rusos y la creciente presencia de China e Irán en el hemisferio occidental han devuelto a Keflavik parte de su relevancia estratégica, con tropas estadounidenses que rotan periódicamente por la base y personal civil islandés encargado de tareas clave de vigilancia submarina para la OTAN en cuatro estaciones de radar repartidas por el país.
Islandia es miembro de la OTAN desde 1949, pero es el único país de la Alianza que carece de ejército propio, lo que la hace depender enteramente de sus socios —y, en particular, de un acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos firmado en 1951— para su seguridad exterior. Es precisamente esa dependencia estructural la que ha empezado a generar dudas en el debate público islandés. Como recogía France 24 citando de nuevo al analista Eirikur Bergmann, «la gente se está cuestionando ahora la validez de ese acuerdo» bilateral con Washington, en un contexto en el que el propio presidente estadounidense ha llegado a poner en duda públicamente el compromiso de defensa colectiva de la OTAN hacia algunos de sus aliados.
El argumento europeísta: la UE como paraguas de seguridad
Este es el terreno en el que se ha construido el argumento más novedoso a favor del acercamiento a Bruselas, un argumento que trasciende los tradicionales debates económicos sobre pesca, agricultura o la corona islandesa. El razonamiento, expuesto con claridad por analistas como los del European Council on Foreign Relations o el Arctic Institute, es el siguiente: en un mundo donde la OTAN y, sobre todo, el paraguas de seguridad estadounidense empiezan a mostrar signos de imprevisibilidad bajo la presidencia de Trump, la Unión Europea se perfila como una fuente alternativa de «cobijo estratégico» —strategic shelter, en la terminología académica— para los estados pequeños del norte de Europa. Tradicionalmente, el papel principal de la UE para países como Islandia había sido económico; ahora, de forma creciente, se percibe también como un actor con peso en materia de geopolítica y seguridad.
En marzo de 2026, la Unión Europea e Islandia firmaron una Asociación de Seguridad y Defensa, un acuerdo que demuestra una cooperación creciente en materia de seguridad entre ambas partes, incluso al margen del proceso de adhesión propiamente dicho. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha subrayado en declaraciones a Reuters que una victoria del «sí» en el referéndum «añadiría impulso» a las aspiraciones de ampliación del bloque, y ha señalado que la consulta refleja «el creciente atractivo de la UE en un mundo que cambia rápidamente».
Sigue habiendo obstáculos
Con todo, sería simplista atribuir el renovado interés islandés por Europa únicamente al factor Trump. Los mismos obstáculos que hicieron descarrilar el proceso en 2013 siguen plenamente vigentes. La pesca continúa siendo, con diferencia, el escollo más difícil de cualquier negociación futura: los sucesivos gobiernos islandeses se han resistido históricamente a aceptar acuerdos que sometan las aguas territoriales del país a la Política Pesquera Común de la UE, que fija cuotas y condiciones de acceso a escala comunitaria, por temor a perder el control soberano sobre uno de los recursos económicos y culturales más importantes del país. El profesor Jon Danielsson, director del Systemic Risk Centre de la London School of Economics, ha recordado que Islandia libró en el pasado batallas muy duras frente a los estados miembros de la UE en torno a esta cuestión.
A ello se suma el propio recuerdo de la crisis financiera de 2008, que sigue condicionando el debate público, incluso a través de discusiones sobre estabilidad económica y coste de la vida que poco tienen que ver, en apariencia, con Groenlandia o con la Casa Blanca. Voces euroescépticas dentro de Islandia, como la del exembajador ante Bruselas Gunnar Palsson, han aprovechado además la coyuntura de la guerra de Ucrania para argumentar en sentido contrario al mostrado por los defensores de la adhesión: en un artículo de opinión publicado en el diario Morgunbladid, Palsson sostuvo que la creciente militarización de la Unión Europea ha perjudicado directamente al propio bloque, señalando que «la UE es ahora, por primera vez en su historia, parte directa en un conflicto militar en Europa», en referencia a su papel en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.
Un desenlace que se sabrá esta misma noche
A la hora de escribir estas líneas, con las urnas todavía abiertas en Islandia, el resultado del referéndum sigue siendo completamente incierto. Ninguna de las dos empresas demoscópicas de referencia, Maskína y Gallup, ha logrado anticipar con claridad qué bando se impondrá, y ambas han registrado en las últimas semanas un estrechamiento progresivo de la distancia entre el «sí» y el «no». No habrá sondeos a pie de urna, por lo que los primeros resultados fiables no se conocerán hasta bien entrada la noche de este sábado, como pronto.
Gane quien gane, el referéndum de hoy certifica algo que trasciende el resultado concreto de la votación: la política exterior de Donald Trump —sus amenazas explícitas sobre Groenlandia, su insistencia en convertir a Canadá en el «estado 51», y su inesperada mención de Islandia como «un trozo de hielo» con valor estratégico en su discurso de Davos— ha conseguido lo que ningún argumento puramente económico había logrado en la última década: devolver a la agenda política islandesa, con una urgencia renovada, una pregunta que muchos daban por definitivamente enterrada desde 2013. Sea cual sea el veredicto de las urnas esta noche, la sombra de un presidente estadounidense dispuesto a cuestionar la soberanía de sus vecinos árticos ha quedado ya inscrita, para bien o para mal, en la historia de las relaciones entre Islandia y la Unión Europea.
