Justicia por la Sanidad: ‘Nos están engañando. La Junta de Andalucía está invirtiendo millones de euros en arreglar un hospital en Málaga que estaba abandonado y que es propiedad de un grupo privado’
El propietario del inmueble es el grupo privado gaditano Hospitales Pascual
La asociación Justicia por la Sanidad, en su perfil de Facebook, ha publicado el documento notarial que reproducimos y que demuestra que la Junta de Andalucía no es la propietaria del edificio abandonado al que se hace mención. Reproducimos el texto íntegro:
‘Hoy el Consejero de Sanidad dice que va ser un hospital público. MENTIRA. Aquí está la prueba de la mentira. Hospitales Pascual cede por 5 años a la Junta el edificio abandonado, prorrogable otros 5, y todo lo que invierta la Junta en el edificio al devolverlo se lo queda el grupo Hospitales Pascual. Ah. El parking no lo cede, lo explota el propietario del edificio, hospitales Pascual. Son cobardes y mentirosos. Y lo hacen con nuestro dinero. Nos están engañando. La Junta de Andalucía está invirtiendo millones de euros en arreglar un hospital en Málaga que estaba abandonado y que es propiedad de un grupo privado con sede en Cádiz, Hospitales Pascual.’
El documento y la denuncia
El certificado notarial en cuestión está firmado por el administrador solidario de la compañía mercantil José Manuel Pascual Pascual S.A., con sede en la calle Diego Arias número 2 de Cádiz y en él se detallan los términos de la cesión de uso del edificio del Hospital Dr. Pascual, en Málaga, al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La asociación sostiene que ese documento contradice el discurso institucional sobre la naturaleza ‘pública’ del futuro hospital y denuncia que todas las inversiones que realice la Administración andaluza durante la vigencia de la cesión quedarán, quede quien quede al frente de la Junta cuando termine el contrato, en beneficio del grupo privado propietario del inmueble.
El propio texto notarial, cuyo contenido coincide con el que consta en el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz, establece tres condiciones clave: que la cesión se otorga por un plazo máximo de cinco años, prorrogable por otros cinco a falta de comunicación en contrario con al menos seis meses de antelación; que el uso cedido se limita exclusivamente al suelo y vuelo ocupado por el edificio hospitalario y sus zonas anexas, reservándose la empresa la titularidad y explotación del aparcamiento; y que, llegado el vencimiento, todas las inversiones inmobiliarias que se hayan realizado con cargo al SAS quedarán incorporadas al edificio, corriendo de cuenta de la Administración andaluza el mantenimiento y las obras de conservación necesarias para conservarlo en buen estado durante todo ese periodo.
De hospital concertado a abandonado
El actual Hospital Dr. Pascual de Málaga, situado en la calle Amargura número 33, había mantenido durante años un concierto sanitario con el SAS que se extinguió, según ha denunciado la propia oposición parlamentaria, dejando el edificio sin actividad asistencial. Fue el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien a apenas 26 días de las elecciones autonómicas de 2022 anunció la existencia de un acuerdo para que el SAS asumiera la gestión directa del inmueble. Hubo que esperar más de un año para que, el 20 de junio de 2023, el Consejo de Gobierno aprobara formalmente el decreto de aceptación de la cesión gratuita de uso ofrecida por José Manuel Pascual Pascual S.A.
La entonces consejera de Salud y Consumo, Catalina García, defendió ante el Parlamento andaluz que la incorporación del centro —dependiente en lo sucesivo del Complejo Hospitalario Regional Universitario de Málaga— serviría para paliar el histórico déficit de camas hospitalarias en la capital malagueña, calculando que la primera fase de apertura duplicaría la disponibilidad respecto al extinto concierto, hasta alcanzar 104 camas. La consejería llegó a anunciar entonces que el centro podría entrar en funcionamiento a comienzos de 2024.
Una apertura que nunca llega
Esa previsión inicial no se ha cumplido. En enero de 2025, la nueva consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, informó en sede parlamentaria de que la Consejería seguía tramitando la licitación para habilitar el edificio, precisando que la cesión se realizaba «a título gratuito» pero que correspondía al SAS asumir el pago de impuestos, tasas y contribuciones, así como los gastos de suministros, conservación y mantenimiento de la parte ocupada del inmueble. Según recogieron entonces medios críticos con la gestión de la Junta, la inversión anunciada para la adecuación del centro ascendía a 3,7 millones de euros.
El calendario ha seguido moviéndose desde entonces. El pasado 3 de septiembre de 2026, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz —cargo que en la actual legislatura concentra las competencias que antes correspondían a Salud y Consumo—, visitó las obras del antiguo Hospital Pascual y anunció que la planta de hospitalización y el área de endoscopia, con 35 habitaciones dobles y siete adaptadas para personas con movilidad reducida, estarán operativas en el primer trimestre de 2027. Antes, en la segunda quincena de noviembre de este año, el centro comenzará a recibir pacientes de consultas externas en una primera fase centrada en la Unidad de Continuidad Asistencial. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Carolina España, aprovechó la visita para destacar el volumen de inversión sanitaria realizado en la provincia de Málaga durante este mandato.
Quién es el propietario del edificio
El inmueble pertenece a José Manuel Pascual Pascual S.A., nombre jurídico bajo el que opera comercialmente Hospitales Pascual, la mayor red hospitalaria privada de Andalucía. Fundado en 1947 por el doctor José Manuel Pascual Pascual con una clínica de ocho camas en Cádiz, el grupo ha crecido hasta contar con siete hospitales en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva y más de 1.300 camas, gestionado en la actualidad por la tercera generación de la familia Pascual. Según los registros mercantiles, la sociedad emplea a más de 1.700 personas y mantiene su domicilio social en la calle Diego Arias de Cádiz, la misma dirección que consta en el certificado difundido por la asociación.
El lío
La denuncia de la Asociación Justicia por la Sanidad no es la primera voz crítica sobre este acuerdo. Publicaciones próximas a posiciones críticas con la gestión sanitaria de la Junta ya advirtieron, en marzo de este año, de que el modelo de cesión «esconde una letra pequeña» que beneficia en exclusiva al grupo propietario, que recuperará al término del contrato un hospital reformado y dotado de tecnología sanitaria moderna sin haber asumido coste alguno por ello, pudiendo además volver a concertar servicios con el SAS una vez finalizado el periodo de cesión. Esas mismas fuentes señalan un paralelismo con el modelo aplicado en su día al Hospital Militar de Sevilla.
Ni el Gobierno andaluz ni la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias han respondido públicamente, hasta la fecha, a la interpretación que la Asociación Justicia por la Sanidad hace del documento notarial, más allá de las explicaciones ya ofrecidas en sede parlamentaria sobre los términos generales de la cesión. Este periódico ha intentado sin éxito, en el momento de publicar esta información, recabar una valoración expresa de la Consejería sobre el contenido concreto del certificado difundido por la asociación.
