¿Estamos ante el inicio de un terrorismo de baja intensidad de extrema derecha en España?

El concepto de violencia política de baja intensidad —difusa, descentralizada, híbrida, protagonizada por pequeños grupos o individuos sueltos, pero con un mismo denominador ideológico y unos objetivos muy concretos— sí encuentra soporte en la acumulación de casos de los últimos meses.

OPINIÓN

Un periodista acorralado de madrugada a la puerta de su casa. Un niño migrante de ocho años con un perdigón alojado a centímetros del ojo. Sedes de partidos con pintadas y cristales rotos. Periodistas a los que no se les deja hacer su trabajo en la calle bajo amenazas, acoso sistemático en redes sociales y amenazas de muerte y un sinfín de episodios más. Ninguno de estos casos, tomado por separado, constituye legalmente un ‘atentado’ en el sentido clásico del término, pero la acumulación de casos, su repetición, y el patrón de comportamiento de los presuntos terroristas, de momento de baja intensidad, señalan un panorama bastante preocupante: ¿está España entrando en una fase de violencia política de baja intensidad, protagonizada por la extrema derecha y fomentada y tolerada por la derecha ‘convencional’, que se alimenta — más directa que indirectamente— de la retórica de una parte de la derecha y la ultraderecha institucional y de sus entornos?

Una retahíla de casos

Periodistas. El pasado 27 de agosto, tres individuos de extrema derecha esperaron de madrugada a la puerta de la casa de Román Cuesta, periodista de Diario Red en Cataluña. Le rociaron gas pimienta en la cara, intentaron abofetearle y grabaron toda la escena mientras lo insultaban. No fue un hecho aislado: sindicatos como la Federación de Sindicatos de Periodistas o la Agrupación de Periodistas de UGT llevan meses denunciando un incremento de amenazas de muerte, campañas de odio y episodios de acoso contra profesionales de la información, especialmente procedentes de grupos de extrema derecha. En el propio Congreso de los Diputados, agitadores acreditados como periodistas han boicoteado sistemáticamente ruedas de prensa de portavoces de la izquierda, hasta el punto de que los periodistas parlamentarios se han plantado en protesta.

Inmigrantes. El caso más reciente y doloroso es el de Ali, un niño migrante marroquí de ocho años herido en la cabeza por un disparo de perdigones efectuado por varios encapuchados en moto en un asentamiento de Ceuta. Antes de él, otros migrantes y un vecino de origen marroquí sufrieron ataques similares en la misma ciudad en los días previos. Y el precedente más citado por analistas es Torre Pacheco (Murcia), donde en julio de 2025 la difusión de vídeos falsos en canales de extrema derecha y neonazis, presentados como pruebas de una agresión real, desató varios días de ataques organizados contra vecinos de origen magrebí, con la llegada de militantes de fuera de la localidad para participar en la violencia.

Rivales políticos. Un informe reciente del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo constata que en 2025 prácticamente todos los partidos representados en el arco parlamentario sufrieron ataques o pintadas en sus sedes, y que Vox fue agredido de forma sistemática cada vez que instalaba una mesa informativa en la calle. El mismo informe documenta una violencia «más organizada y dirigida hacia los rivales políticos» en España que en el resto de Europa occidental, según recogía ya un análisis de 2020. Es decir: la violencia política circula en varias direcciones, y de ahí surge parte del debate que este artículo quiere abrir, no cerrar.

¿Quién calienta el ambiente? ¿A quiénes les interesa el malestar social?

La pregunta que subyace a este inventario no es solo si existen ataques —eso está documentado—, sino si existe una relación causal entre determinado discurso político y su escalada. Varios episodios recientes alimentan esa hipótesis:

• Tras el ataque a Ali en Ceuta, el ministro Óscar Puente recuperó públicamente unas declaraciones previas del diputado de Vox José María Figaredo, que había pedido «cazar» a los migrantes llegados a la ciudad, y que ahora son objeto de debate sobre si podrían constituir un delito de odio.
• En Torre Pacheco, la secuencia fue explícita: un delito real, su instrumentalización inmediata en redes de extrema derecha con material falso o descontextualizado, la amplificación por figuras con proyección pública y, días después, violencia colectiva organizada contra un grupo étnico completo.
• Activistas como Bertrand Ndongo o Vito Quiles han convertido el acoso a periodistas y diputados de la izquierda en un formato de contenido replicable, que después se viraliza y multiplica su efecto de intimidación más allá del incidente puntual.

Quienes defienden esta hipótesis sostienen que no hace falta una orden explícita ni una estructura clandestina para que exista responsabilidad política: basta con la deshumanización sistemática de un colectivo —migrantes, periodistas críticos, adversarios ideológicos— desde tribunas con enorme altavoz, para que ese discurso se traduzca, en los márgenes más radicalizados de la audiencia, en violencia física. Es el mecanismo que estudios europeos han descrito en otros países y que aquí se estaría reproduciendo con perfil propio: espontáneo, descentralizado, pero no exento de un patrón de comportamiento específico.