El Gobierno aprueba 21 medidas de vivienda que deberá validar la Diputación Permanente
Los dos reales decretos ley retoman el contenido de los aprobados el 29 de septiembre, que decayeron en el Congreso, e incorporan nuevas medidas.
MADRID, 6 de octubre de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley sobre vivienda que reúnen 21 medidas. Pedro Sánchez explicó en la rueda de prensa posterior que los textos mantienen la esencia de los aprobados el 29 de septiembre, que decayeron al no ser convalidados por el Congreso, y que a ellos se han sumado otras iniciativas que calificó de muy positivas. Como hoy se ha publicado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, las normas tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente.
El presidente situó la vivienda entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía y afirmó que los decretos son fruto de muchos meses de análisis técnico y de diálogo con organizaciones sociales, el sector inmobiliario, asociaciones de propietarios e inquilinos y grupos parlamentarios. Aseguró que benefician a pequeños propietarios e inquilinos y que solo perjudican a quienes ven la vivienda como un bien con el que especular. Añadió que las medidas cuentan con un apoyo transversal, que a su juicio demuestra que la ciudadanía respalda intervenir un mercado que, dijo, no funciona con la lógica de la oferta y la demanda.
Sánchez agrupó las medidas en cuatro objetivos. El primero es facilitar el acceso al alquiler asequible y a la compra. Los inquilinos podrán deducirse en el IRPF parte de lo que pagan, de modo que, con un alquiler de 800 euros mensuales, la deducción se acercaría a los 1.000 euros. Los pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles recibirán un incentivo fiscal. Se crea además una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el ICO, para conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros a quienes quieran comprar su primera vivienda. El presidente señaló que la entrada de la hipoteca es el principal obstáculo para la emancipación de los jóvenes, aunque indicó que la línea no se limita a ese grupo.
El segundo objetivo es ampliar la oferta. El Gobierno destinará 280 millones de euros a avales para la construcción industrializada, que acorta los plazos de obra, y otros 400 millones a ayudar a los proveedores de vivienda social. Casa 47, la entidad pública de vivienda, adquirirá además miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para facilitar el acceso de los colectivos con más dificultades.
El tercero es dar estabilidad a inquilinos y pequeños propietarios. Uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente de pago y limita las subidas de la renta. El otro establece la prórroga automática de esos contratos cuando venzan, salvo en determinados supuestos. Sánchez reconoció que hoy no hay mayoría parlamentaria suficiente para convalidar este segundo decreto, por lo que no entrará en vigor con la publicación en el BOE, como el primero, sino solo si la Diputación Permanente lo convalida. Defendió la necesidad de reglas claras sobre cuándo se renuevan los contratos, cuándo terminan y cuándo puede el propietario recuperar la vivienda, y subrayó que los pequeños propietarios cuentan en la solución de la crisis. Los textos incluyen también protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional, sin que, según el presidente, ese esfuerzo recaiga sobre los pequeños propietarios, que reciben garantías adicionales.
El cuarto objetivo es frenar la especulación y regular el alquiler de temporada y de habitaciones. Los decretos limitan la compra de vivienda por parte de los llamados fondos buitre, condicionan los beneficios fiscales de las Socimi al alquiler asequible y obligan a los pisos turísticos a tributar como un negocio.
El Consejo de Ministros trató también otros asuntos. Autorizó la tramitación urgente de un real decreto sobre la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo, con el fin de que las mujeres reciban información veraz, clara y objetiva con independencia de dónde residan. Elevó hasta 372,6 millones de euros, más de un 18% sobre el presupuesto inicial, la partida de subvención a los seguros agrarios de 2026. Y aprobó cuatro directrices básicas de protección civil sobre accidentes con sustancias peligrosas, terremotos, erupciones volcánicas y situaciones que requieren medidas de autoprotección.
