La Junta de Andalucía fía otro año más el control de la plaga de trips parvispinus a la bajada de las temperaturas
‘Garantizar el cumplimiento de la normativa es legítimo y necesario, lo que ocurre es que la administración, en este caso la Junta de Moreno Bonilla, no se puede limitar a poner multas y esperar que el tiempo mejore, igual hay un trabajo que lleva varias legislaturas sin hacerse.’
La Junta de Andalucía ha llegado a la reunión sobre el trips parvispinus solamente con cifras de inspecciones y sanciones, un mensaje de calma para los mercados y su esperanza puesta en la meteorología, dado que a temperaturas más bajas este virus se reproduce y extiende con menor virulencia. Lo que no han presentado, atendiendo a la propia nota de prensa difundida por la Junta, es ninguna medida nueva práctica y concreta para frenar una plaga que, admiten los propios participantes, atraviesa uno de sus peores momentos en Almería.
El encuentro se celebró en la Delegación Territorial de Agricultura, con representantes de Hortyfruta, Coexphal, Asaja, COAG, UPA y Ecohal, junto al secretario general de Agricultura, Ganadería y Fondos Agrarios, Manuel Gómez Galera. El resultado práctico anunciado es la convocatoria, la próxima semana, de un comité técnico en el seno de la Mesa de Expertos para «evaluar las medidas planteadas». Una semana para evaluar unas medidas que ni siquiera se han hecho públicas no parece muy esperanzador.
La esperanza en que haga más frío
Los asistentes coincidieron en que se vive uno de los momentos de mayor incidencia de la plaga, una situación que, según la nota, «podría comenzar a mejorar» con el descenso de temperaturas previsto para la próxima semana, porque el frescor reduce la actividad y la propagación del insecto.
Un control de plagas que depende en exclusiva del tiempo meteorológico deja a los agricultores, sobre todo a los productores de pimiento, aunque la plaga se extiende al pepino, a merced de un factor que, de alargarse más aún el periodo de calor puede dar al traste con la campaña.
Inspecciones y sanciones
La Junta presume de 922 inspecciones y 272 sanciones por incumplir las medidas obligatorias, especialmente el protocolo de arranque de cultivos. Son casi tres sanciones por cada diez inspecciones, un porcentaje que invita a preguntarse si el problema no es puntual sino estructural, y que la higiene rural brilla por su ausencia y hacen falta proyectos públicos y siembra de plantas reservorio en los espacios circundantes a los invernaderos.
El discurso de Gómez Galera apunta en la primera dirección. «No podemos permitir que el incumplimiento de las normas por parte de unos pocos ponga en riesgo el trabajo de los agricultores que sí hacen las cosas bien», ha afirmado. Si los infractores son «unos pocos», resulta difícil casar esa descripción con 272 sanciones. Y la nota no aclara cuántas están firmes, qué importe suponen ni cuántas se deben a causas ajenas a la voluntad del productor.
Garantizar el cumplimiento de la normativa es legítimo y necesario, lo que ocurre es que la administración, en este caso la Junta de Moreno Bonilla, no se puede limitar a poner multas y esperar que el tiempo mejore, igual hay un trabajo que lleva varias legislaturas sin hacerse.
Propuestas del sector sin respuesta concreta y sin cuantificación de daños en tiempo real
Según el comunicado, en la reunión se abordaron propuestas del sector: reforzar los controles, mejorar los procedimientos de arranque, avanzar en la investigación y estudiar nuevas herramientas de control fitosanitario, incluidas posibles solicitudes de autorizaciones excepcionales al Ministerio (derivar las responsabilidades a gobiernos distintos a los del PP es un clásico). Todas aparecen como asuntos «abordados» o «a estudiar».
Tampoco la nota informa de cuántas hectáreas están afectadas, de cuántos agricultores han tenido que arrancar o de qué pérdidas se estiman. Sin esos datos, el mensaje de que la Junta trabaja «con todas las herramientas posibles» resulta difícil de contrastar.
Tranquilidad para el mercado
La Consejería ha trasladado además un mensaje de confianza sobre la comercialización: la exportación del pimiento está «garantizada» y la plaga no afecta a su calidad alimentaria ni a su sabor. Es un mensaje importante para proteger la imagen del producto almeriense. Pero tranquilizar a los compradores no resuelve el problema de quienes tienen la plaga en sus invernaderos, que sufren los costes de su control y de los arranques anticipados.
Una responsabilidad «compartida»
El secretario general ha insistido en que la sanidad vegetal es «una responsabilidad compartida». Cierto, pero en una plaga de esta magnitud, la Administración que inspecciona, sanciona y decide qué medidas son obligatorias es también quien debe responder cuando esas medidas no bastan. Hasta ahora, y a la vista de lo comunicado, el balance de la Junta se resume en inspecciones, sanciones, otro comité y la expectativa de que baje el calor.
