Delegación de la Junta en Almería: entre la negligencia y el incumplimiento reiterado de la normativa autonómica
La legislación autonómica es taxativa. El artículo 22 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, establece que la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia de Almería, Paco Góngora, actualmente, es la máxima autoridad de protección civil en su ámbito provincial, correspondiéndole dirigir, coordinar y ordenar los dispositivos necesarios. ¿Lo hizo? ¿Por qué no convocó el CECOP? ¿Qué hacía en el Ayuntamiento de El Ejido, aparte de hacerse unas fotos? ¿Era ese su puesto?
EDITORIAL
El marco legal que regula la respuesta ante catástrofes en Andalucía no deja ningún margen de dudas sobre las obligaciones de los máximos responsables en la provincia, en este caso el delegado de la Junta en Almería, Paco Góngora. Sin embargo, la provincia de Almería arrastra una preocupante cadena de fallos y retrasos en la toma de decisiones que pone en entredicho el funcionamiento de los protocolos autonómicos de protección civil y la misma capacidad de gestión de la Junta.
El mandato legal de la Delegación del Gobierno
La legislación autonómica es taxativa. El artículo 22 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, establece que la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta es la máxima autoridad de protección civil en su ámbito provincial, correspondiéndole dirigir, coordinar y ordenar los dispositivos necesarios. ¿Lo hizo? ¿Por qué no convocó el CECOP? ¿Qué hacía en el Ayuntamiento de Ejido, aparte de hacerse unas fotos? ¿Era ese su puesto?
Asimismo, el Decreto 69/2024, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), define de forma precisa la activación de las fases de preemergencia y emergencia, exigiendo la inmediata constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOP) y la activación sin dilaciones de los avisos tempranos a la población mediante herramientas como el sistema masivo ES-Alert.
El precedente del incendio de Los Gallardos y Bédar
El rigor que exige este marco normativo ya tuvo consecuencias políticas directas en la provincia. La anterior delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, se vio forzada a abandonar su cargo tras la tardanza en elevar el nivel de emergencia y activar las alertas a los municipios afectados durante el grave incendio forestal registrado en la comarca de Los Gallardos y Bédar. Aquella falta de anticipación operativa impidió una evacuación preventiva más ágil, demostrando que en una emergencia cada minuto de titubeo tiene consecuencias críticas. Y también las ha tenido con la DANA Adam, con millones en pérdidas materiales y una extraña sensación en el ambiente, pese al silencio, cuando no el encubrimiento de la mayoría de los medios, de que la provincia, y en particular algunos municipios como El Ejido, van a la deriva.
La DANA Adam: alertas a destiempo y omisión del CECOP
Pese al relevo personal, quizá recomendado por el factótum provincial, el Consejero Fernández- Pacheco, que no puede presumir de muy buen ojo y que parece que arrastra unos compromisos personales nada convenientes, la actuación del actual delegado provincial, Paco Góngora, durante la DANA Adam ha vuelto a reproducir idénticos vicios en la gestión.
La orden de envío de la notificación de la alarma ‘con distintivo rojo’ a través de ES-Alert llegó cuando la fase más intensa del episodio ya había causado estragos: con decenas de hectáreas de invernaderos inundadas, viviendas anegadas y naves y locales comerciales sufriendo graves destrozos por la acumulación de agua. La herramienta, diseñada para la prevención y la autoprotección previa de los ciudadanos, se convirtió en un aviso extemporáneo que indignó a muchos de esos ciudadanos, particularmente a los que fueron víctimas directas, entre ellos multitud de trabajadores del manipulado que se desplazaban a esas horas por el cambio de turno, agricultores, y empresarios que vieron cómo sus naves, céntricas muchas veces, y que deberían de disponer de una infraestructura de evacuación de aguas suficiente, han visto como se han anegado, sea en el municipio de El Ejido, en el de Huércal, donde el alcalde se hizo al foto en labores de evacuación de aguas en un domicilio, u otros.
A la demora en la emisión del mensaje masivo se sumó una omisión formal de los protocolos que marca el PTEAnd: no se convocó el CECOP ni se reunió de urgencia con su equipo técnico asesor en las horas clave de la crecida . Lejos de ejercer el mando operativo ininterrumpido que exige la Ley 2/2002, el delegado, Paco Góngora, optó por una agenda de imagen, protagonizando fotografías con concejales, policías y técnicos del Ayuntamiento de El Ejido, del que fue alcalde hasta agosto de 2026, que se publicaron a las 06:45 horas en la página de Facebook del Ayuntamiento de El Ejido una vez había remitido el pico crítico del temporal. Un tic, el de hacerse las fotos en su antiguo ayuntamiento, también el del municipio mas afectado, que demuestra lo desnortados que pueden estar algunos de nuestros políticos en ejercicio. Tal es así que las fotos y el post completo de la nueva alcaldesa en Facebook ha sido eliminado, porque, de hecho, da prueba fehaciente del incumplimiento de sus obligaciones por parte del delegado de la Junta en Almería, Paco Góngora, que el sábado por al mañana sí cumplió con su obligación de hacerse las fotos en la salida de La Desértica, pero estuvo desaparecido durante la DANA. ¿En qué momento hemos normalizado que los políticos con funciones ejecutivas son un mero instrumento de relaciones públicas y propaganda de su partido y fuera de eso ni hacen ni saben hacer nada? ¿O es que la resucitada Aránzazu Martín, como delegada de Agricultura en Almería, está haciendo algo en la llamada crisis del Trips Parvispinus? ¿Está esta otra ‘elegida’ de Ramón Fernández-Pacheco, de hecho, preparada para ese cargo?
Una exigencia de responsabilidades ya inaplazable
La concatenación de estos episodios pone en evidencia que la ineptitud en los dirigentes de la Junta de la coalición PP/Vox, lejos de ser casos aislados e individualizados, conforman un patrón. Los protocolos y las leyes de emergencias no son recomendaciones voluntarias, sino mandatos de obligado cumplimiento destinados a salvaguardar vidas y bienes. Almería no puede seguir normalizando que sus autoridades primen su cargo y su imagen cuando el agua ya llega al cuello o el fuego ya ha arrasado con todo. Si nos damos cuenta de que en Almería particularmente hay claros síntomas de agotamiento del sistema es que estamos muy ciegos, o no queremos mirar porque el golpe ya se ve ya tan inminente que empieza a no merecer la pena preocuparse, y para que lo que nos queda en este convento…
