La UCO abre en Murcia la caja fuerte de un empresario investigado en el caso Mascarillas de Almería
La actuación judicial evidencia cómo las pesquisas sobre la presunta red de comisiones nacida en la institución supramunicipal almeriense continúan extendiendo sus ramificaciones patrimoniales hacia la Región de Murcia y otras.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves una caja de seguridad bancaria en la Gran Vía de Murcia en el marco de la investigación del ‘caso Mascarillas’ de la Diputación de Almería. La diligencia judicial se centró en la apertura de un depósito privado perteneciente a uno de los empresarios investigados en la causa, en el que se custodiaban once relojes, ocho de ellos piezas de alta gama.
La actuación judicial evidencia cómo las pesquisas sobre la presunta red de comisiones nacida en la institución supramunicipal almeriense continúan extendiendo sus ramificaciones patrimoniales hacia la Región de Murcia y otras.
El contenido de la caja de seguridad
Según la documentación aportada por la defensa del investigado ante el juzgado, el depósito bancario contenía:
- Ocho relojes de alta gama: Seis modelos de la marca Rolex y dos de Patek Philippe, tasados conjuntamente en unos 192.000 euros
- Tres relojes adicionales: Piezas de carácter estrictamente personal.
Los letrados del bufete Mariano Bó y Pablo Martínez, encargados de la representación del empresario, han subrayado que los ocho relojes de gran valor corresponden al stock de una empresa dedicada a la compraventa de joyería que no se encuentra investigada en el procedimiento. La defensa sostiene que su adquisición cuenta con trazabilidad y origen legal plenamente acreditados y señala que los agentes de la UCO no consideraron preceptivo requisar las piezas tras la inspección.
Del material sanitario a la obra pública
El caso Mascarillas tuvo su detonante en un contrato de emergencia suscrito el 8 de abril de 2020 por la Diputación de Almería —entonces gobernada por el Partido Popular— con la mercantil Azor Corporate Ibérica. El expediente, dotado con algo más de dos millones de euros, tenía por objeto el suministro urgente de mascarillas, guantes y monos protectores frente a la covid-19.
Los informes elaborados por la UCO alertaron del presunto desvío de unos 945.000 euros en concepto de mordidas vinculadas a dicha adjudicación. Con el avance de las diligencias, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería amplió el foco temporal y temático hacia el posible amaño continuado de expedientes de obra pública menor, el cobro sistemático de comisiones ilegales y delitos de blanqueo de capitales, situando como investigados a más de 40 personas, entre ellos los exvicepresidentes provinciales Óscar Liria y Fernando Giménez, y el expresidente del ente provincial Javier Aureliano García.
Conexiones empresariales con la Región de Murcia
Las indagaciones sobre el destino de los fondos y las estructuras societarias de la trama han alcanzado a territorio murciano desde los primeros compases de la causa:
| Investigado / Entidad | Ámbito de vinculación | Actuaciones en Murcia |
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| Investigado / Entidad | Ámbito de vinculación | Actuaciones en Murcia |
|---|---|---|
| Empresario de la caja fuerte | Sector mercantil y joyería | Registro de caja de seguridad en sucursal de Gran Vía |
| Bruno Sánchez Page | Sector hortofrutícola | Registros practicados en la Región desde 2021 |
| Kilian López Bermejo | Adjudicatario de Azor Corporate | Sociedades administradas con sede o actividad en Murcia |
A estas conexiones se suma el seguimiento judicial que la Audiencia Nacional ha mantenido sobre otros operadores de la Región, como Rogelio Pujalte, propietario del Depósito Judicial de Librilla, por transferencias recibidas en 2020 de mercantiles vinculadas a la trama estatal de suministros sanitarios.
Estado de la causa judicial
La apertura de depósitos y el análisis de bienes muebles de valor forman parte del rastreo patrimonial que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para reconstruir el circuito económico de las presuntas comisiones. El procedimiento continúa en fase de diligencias previas, pendiente de la incorporación de los últimos atestados de la Guardia Civil y sin que se haya dictado auto de apertura de juicio oral ni sentencia condenatoria sobre ninguno de los investigados, quienes mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
