{"id":2215,"date":"2026-09-29T07:24:41","date_gmt":"2026-09-29T07:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/?p=2215"},"modified":"2026-09-29T07:25:56","modified_gmt":"2026-09-29T07:25:56","slug":"mas-alla-del-decreto-maricarmen-espana-necesita-leyes-que-garanticen-el-acceso-a-la-vivienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/2026\/09\/29\/mas-alla-del-decreto-maricarmen-espana-necesita-leyes-que-garanticen-el-acceso-a-la-vivienda\/","title":{"rendered":"M\u00e1s all\u00e1 del \u2018Decreto Maricarmen\u2019, Espa\u00f1a necesita leyes que garanticen el acceso a la\u00a0vivienda"},"content":{"rendered":"\n\n

OPINI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n

Miguel \u00c1ngel Ajuriaguerra Escudero<\/a>, Dr. Arquitecto, Especialista en Planificaci\u00f3n Estrat\u00e9gica en el \u00c1rea de An\u00e1lisis Geogr\u00e1fico, Universidad Rey Juan Carlos<\/p>\n\n\n\n

Todo lo que se hace con urgencia puede tener consecuencias. En este caso, la urgencia tiene nombre propio: Maricarmen Abascal, la mujer de 87 a\u00f1os cuyo desahucio ha vuelto a situar\u00a0la vivienda en el centro del debate<\/a>\u00a0p\u00fablico. Pero la urgencia no deber\u00eda limitarse a un caso medi\u00e1tico. Tambi\u00e9n deber\u00eda alcanzar a las miles de personas an\u00f3nimas que cada a\u00f1o pierden su vivienda en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

La vulnerabilidad que este caso ha hecho visible no es excepcional<\/a>. Puede aparecer en distintos momentos de la vida y afectar a personas mayores, j\u00f3venes y familias con menores. Tambi\u00e9n puede alcanzar a quienes atraviesan dificultades econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, conviene ampliar la mirada: no se trata solo de responder a la situaci\u00f3n de Maricarmen, sino de prevenir que otras personas lleguen a una situaci\u00f3n semejante.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Desahucios y lanzamientos<\/h2>\n\n\n\n

En 2025 se practicaron en Espa\u00f1a 25 540 lanzamientos<\/a>. El Consejo General del Poder Judicial utiliza este t\u00e9rmino para referirse a la ejecuci\u00f3n de un desahucio.<\/p>\n\n\n\n

De ese total, 18\u00a0317 (el 71,7\u00a0%) derivaron de procedimientos relacionados con la\u00a0Ley de Arrendamientos Urbanos<\/a>. Esta categor\u00eda se vincula principalmente con los alquileres, aunque no identifica exclusivamente casos de impago. Otros 4\u00a0346 lanzamientos, equivalentes al 17\u00a0%, se produjeron en procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria. Los 1\u00a0877 restantes obedecieron a otras causas. La cifra total baj\u00f3 un 11\u00a0% respecto a 2024, pero sigue mostrando la dimensi\u00f3n del problema.<\/p>\n\n\n\n

Estas cifras requieren una precisi\u00f3n: un lanzamiento no implica necesariamente que se trate de una vivienda habitual. Tampoco todos responden a la misma causa ni afectan a personas en id\u00e9ntica situaci\u00f3n. Aun as\u00ed, el volumen invita a mirar m\u00e1s all\u00e1 de un \u00fanico caso. Si la reacci\u00f3n pol\u00edtica se acelera cuando una historia conmueve a la opini\u00f3n p\u00fablica, cabe preguntarse por qu\u00e9 no se mantiene esa urgencia ante un problema que afecta a miles de personas.<\/p>\n\n\n\n

Las normas que intervienen<\/h2>\n\n\n\n

Para entender qu\u00e9 puede hacer una ley (y qu\u00e9 no) es necesario distinguir las normas que intervienen. La Ley de Arrendamientos Urbanos<\/a>, aprobada en 1994, regula los contratos de alquiler y las obligaciones de propietarios e inquilinos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 2000, establece el procedimiento judicial<\/a>. Su art\u00edculo 250 contempla demandas para recuperar una finca por impago de la renta o por finalizaci\u00f3n del contrato. Por tanto, el desahucio no se explica por una sola ley: intervienen tanto las reglas del arrendamiento como las del proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n

A las normas citadas se a\u00f1adi\u00f3, en 2023, la Ley por el Derecho a la Vivienda<\/a>. Esta introdujo cambios en los procedimientos, incluidos tr\u00e1mites relacionados con la comunicaci\u00f3n a los servicios sociales y con situaciones de vulnerabilidad. Modific\u00f3 la ley procesal, pero no sustituy\u00f3 la regulaci\u00f3n de los alquileres ni impidi\u00f3 todos los desahucios. La protecci\u00f3n depende de las circunstancias del caso, de los requisitos legales y de las decisiones judiciales.<\/p>\n\n\n\n

Las leyes tambi\u00e9n tienen una historia pol\u00edtica<\/h2>\n\n\n\n

No basta con decir qu\u00e9 partido las aprob\u00f3. Conviene distinguir qui\u00e9n impuls\u00f3 un proyecto, qui\u00e9n negoci\u00f3 cambios y qui\u00e9n vot\u00f3 el texto final. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se aprob\u00f3 con un amplio consenso parlamentario. Seg\u00fan la prensa de la \u00e9poca, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya fueron los grupos que quedaron fuera del acuerdo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a> de 2000 no fue una norma espec\u00edfica sobre desahucios, sino una reforma general de los procedimientos civiles. En la votaci\u00f3n final<\/a>, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida apoyaron el texto. El Partido Socialista y Converg\u00e8ncia i Uni\u00f3 votaron en contra, mientras Coalici\u00f3n Canaria se abstuvo. Esa diferencia no significa que los grupos contrarios no participaran en la tramitaci\u00f3n o no presentaran propuestas.<\/p>\n\n\n\n

La Ley por el Derecho a la Vivienda<\/a> de 2023 obtuvo menos consenso. Fue aprobada con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstenci\u00f3n<\/a>. La apoyaron, entre otros, el Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu. Votaron en contra el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y Junts, adem\u00e1s de otros grupos. El Bloque Nacionalista Galego se abstuvo.<\/p>\n\n\n\n

Este recorrido muestra que el marco actual no es obra de un solo partido ni responde a un \u00fanico momento pol\u00edtico. Tambi\u00e9n ayuda a entender una decisi\u00f3n m\u00e1s reciente. En febrero de 2026, el Partido Popular, Vox y Junts rechazaron el Real Decreto Ley que prorrogaba la moratoria antidesahucios<\/a> contemplada entre las medidas del llamado escudo social<\/a> para 2026. Aquella votaci\u00f3n hizo decaer esa pr\u00f3rroga. Sin embargo, no elimin\u00f3 todo el marco legal sobre desahucios ni permite anticipar qu\u00e9 har\u00e1n esos partidos ante una propuesta distinta<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Las inc\u00f3gnitas del \u2018decreto Maricarmen\u2019<\/h2>\n\n\n\n

Todav\u00eda no se conoce el contenido definitivo del decreto que el Gobierno podr\u00eda aprobar este martes. Se sabe que el partido socio de Gobierno Sumar ha reclamado la pr\u00f3rroga<\/a> de los contratos de alquiler y reforzar la protecci\u00f3n frente a los desahucios y los fondos de inversi\u00f3n. Tambi\u00e9n pide regular determinados alquileres y facilitar que Maricarmen recupere su vivienda. Son demandas pol\u00edticas, no medidas que puedan darse por incluidas antes de conocer el texto.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el Consejo de Ministros apruebe el llamado Decreto Maricarmen, su continuidad no estar\u00eda garantizada, pues el Congreso tendr\u00eda que convalidarlo en un plazo de 30 d\u00edas. La norma podr\u00eda mantenerse o decaer seg\u00fan el resultado de esa votaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Medidas generales para el acceso a viviendas asequibles<\/h2>\n\n\n\n

La respuesta no deber\u00eda reducirse a una medida urgente para un caso concreto ni a un reproche dirigido a un solo partido. Hay que atender a quienes ya afrontan un lanzamiento y actuar antes de que se produzca. Eso exige mejorar el acceso a viviendas asequibles y reforzar las alternativas habitacionales.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n requiere coordinar mejor la intervenci\u00f3n social y judicial. Una pol\u00edtica de vivienda debe responder a j\u00f3venes, familias y personas mayores. Para lograrlo, no basta con reaccionar ante la noticia del d\u00eda: hacen falta medidas eficaces, evaluaci\u00f3n y acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

‘La vulnerabilidad que este caso ha hecho visible\u00a0no es excepcional. Puede aparecer en distintos momentos de la vida y afectar a personas mayores, j\u00f3venes y familias con menores. 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