{"id":2583,"date":"2026-10-04T13:39:11","date_gmt":"2026-10-04T13:39:11","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/?p=2583"},"modified":"2026-10-04T13:39:12","modified_gmt":"2026-10-04T13:39:12","slug":"maricarmen-y-el-articulo-47-un-derecho-constitucional-sin-vivienda-publica-que-lo-respalde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/almeria\/2026\/10\/04\/maricarmen-y-el-articulo-47-un-derecho-constitucional-sin-vivienda-publica-que-lo-respalde\/","title":{"rendered":"Maricarmen y el art\u00edculo 47: un derecho constitucional sin vivienda p\u00fablica que lo respalde"},"content":{"rendered":"\n\n

En un art\u00edculo publicado en The Conversation Europe<\/em> con el t\u00edtulo \u00abSpain’s housing crisis is a warning for all of Europe \u2013 rights mean nothing if they’re not enforced\u00bb, Andrei Quinti\u00e1 Pastrana, investigador Ram\u00f3n y Cajal en la Universidade de Santiago de Compostela, toma como punto de partida el desahucio de Maricarmen Abascal. Una mujer de 87 a\u00f1os, con discapacidad, fue sacada en camilla del piso madrile\u00f1o en el que llevaba 71 a\u00f1os mientras cientos de personas intentaban impedirlo desde la calle. Quinti\u00e1 recuerda que aquel episodio desencaden\u00f3 una oleada de protestas a\u00fan en marcha cuando escribi\u00f3, y que esas protestas enlazan con una crisis que, para muchos, viene arrastr\u00e1ndose desde el hundimiento financiero de 2008.<\/p>\n\n\n\n

Un desenlace que lleg\u00f3 despu\u00e9s del desahucio<\/h3>\n\n\n\n

Seg\u00fan relata el investigador, tras una semana de negociaciones y movilizaciones, el propietario del inmueble, un fondo de inversi\u00f3n que hab\u00eda encarecido la renta un 230 %, acept\u00f3 que Maricarmen regrese a su casa con un contrato de ocho a\u00f1os y renta limitada. Quinti\u00e1 no se detiene en los detalles, pero la agencia Reuters los completa. Inform\u00f3 de que a la anciana le dieron media hora para salir con lo imprescindible, y de que su abogada, Beatriz Duro, asegur\u00f3 que ni el juzgado ni el fondo, Urbagesti\u00f3n, quisieron suspender el desahucio pese a que hab\u00eda una petici\u00f3n pendiente y a que las administraciones buscaban alojamiento alternativo. El acuerdo lleg\u00f3, por tanto, cuando el desahucio ya se hab\u00eda ejecutado. Es un dato que el art\u00edculo no subraya y que encaja con su tesis: lo que no consiguieron los cauces formales lo logr\u00f3 la presi\u00f3n p\u00fablica. El derecho escrito y el parque que falta<\/p>\n\n\n\n

El eje del an\u00e1lisis de Quinti\u00e1 es una contradicci\u00f3n. El art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n reconoce el derecho a una vivienda \u00abdigna y adecuada\u00bb y obliga a los poderes p\u00fablicos a crear las condiciones para que sea efectivo. Sin embargo, recuerda el investigador, el parque de vivienda social espa\u00f1ol se mueve, seg\u00fan las estimaciones, entre el 1,5 % y el 3,3 % del total, con diferencias entre comunidades.<\/p>\n\n\n\n

Otras fuentes apuntan en la misma direcci\u00f3n. Un reportaje de 2020 situaba la vivienda social en torno al 2 % del parque, frente a una media europea cercana al 12 %. Ha habido un intento reciente de corregirlo. El Gobierno cre\u00f3 Casa 47, una empresa p\u00fablica de vivienda cuyo nombre remite al art\u00edculo constitucional, y seg\u00fan CNN, el Ministerio de Vivienda intent\u00f3, a trav\u00e9s de ese organismo, comprar el piso de Maricarmen para ofrecerle un alquiler asequible. La gesti\u00f3n no evit\u00f3 el desahucio. <\/p>\n\n\n\n

La herencia franquista<\/h3>\n\n\n\n

Quinti\u00e1 atribuye esa escasez a un modelo que Espa\u00f1a hered\u00f3 del franquismo y que, seg\u00fan explica, se orient\u00f3 a la propiedad mediante hipotecas subvencionadas, incentivos fiscales y la privatizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de vivienda construida con fondos p\u00fablicos. Esas pol\u00edticas facilitaron que muchos hogares compraran en las d\u00e9cadas previas a la burbuja, pero dejaron un sector de alquiler social diminuto.<\/p>\n\n\n\n

La explicaci\u00f3n tiene respaldo hist\u00f3rico. Jos\u00e9 Luis de Arrese, ministro falangista de Vivienda, defendi\u00f3 abiertamente una Espa\u00f1a de propietarios y no de proletarios. Quinti\u00e1 no desarrolla la consecuencia pol\u00edtica de esa herencia, pero se deduce f\u00e1cilmente: en un pa\u00eds de mayor\u00eda propietaria, las medidas que abaratan la vivienda tropiezan con los intereses de buena parte del electorado. Del crash de 2008 al mapa auton\u00f3mico<\/p>\n\n\n\n

Para el investigador, la crisis de 2008 y la oleada de desahucios que la sigui\u00f3 dejaron al descubierto los l\u00edmites de ese sistema, que hab\u00eda canalizado la inversi\u00f3n p\u00fablica hacia la vivienda privada sin alternativa para quienes la perd\u00edan. El activismo por el derecho a la vivienda, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como referente, llev\u00f3 la cuesti\u00f3n a la agenda y provoc\u00f3 reformas desde 2013, tanto auton\u00f3micas como estatales.<\/p>\n\n\n\n

Quinti\u00e1 subraya un rasgo institucional decisivo: la vivienda est\u00e1 en gran medida transferida a las 17 comunidades aut\u00f3nomas. Algunas han usado esa competencia para penalizar las viviendas vac\u00edas, regular el alquiler tur\u00edstico o reforzar la protecci\u00f3n frente al desahucio, y otras han optado por no intervenir. Contrapone el modelo de Madrid, m\u00e1s orientado al mercado, al de Catalu\u00f1a, con una regulaci\u00f3n m\u00e1s amplia.<\/p>\n\n\n\n

El contraste tiene hoy una traducci\u00f3n pol\u00edtica evidente. Reuters explica que el Gobierno de coalici\u00f3n ha impulsado m\u00e1s protecci\u00f3n para los inquilinos y controles de alquiler m\u00e1s amplios, pero no logra apoyos en un Parlamento dividido, mientras que el Ejecutivo regional madrile\u00f1o, de signo conservador, prefiere el enfoque de mercado. Durante el desahucio, los activistas gritaron \u00ab\u00a1El \u00e1tico de Ayuso para Maricarmen!\u00bb, en alusi\u00f3n a la pol\u00e9mica por la compra p\u00fablica de un \u00e1tico de 6,3 millones de euros. <\/p>\n\n\n\n

La ley de 2023 y los decretos que decaen<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo recuerda que el Estado central ha ganado protagonismo en la \u00faltima d\u00e9cada, hasta culminar en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, la primera norma estatal sobre la materia. Permiti\u00f3 que las comunidades declaren zonas tensionadas y limiten all\u00ed las rentas, adem\u00e1s de reforzar la protecci\u00f3n de los inquilinos. Pero los intentos posteriores han fracasado, seg\u00fan Quinti\u00e1: el Congreso rechaz\u00f3 el decreto aprobado en marzo y una propuesta de julio no alcanz\u00f3 el apoyo necesario para votarse.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed los hechos han adelantado al art\u00edculo. El investigador escribi\u00f3 que el desahucio ya hab\u00eda impulsado un acuerdo para aprobar nueva legislaci\u00f3n. Esa legislaci\u00f3n eran los dos decretos del Gobierno, que el viernes 2 de octubre tumbaron PP, Vox y Junts. Desde entonces, el movimiento por la vivienda ha pasado de exigir su aprobaci\u00f3n a reclamar una huelga general. El an\u00e1lisis de Quinti\u00e1 sigue en pie, pero el desenlace al que apunta no se ha cumplido.<\/p>\n\n\n\n

Un matiz jur\u00eddico que le da la raz\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Hay una precisi\u00f3n que el investigador no hace y que refuerza su argumento. En Espa\u00f1a, el art\u00edculo 47 no es un derecho que cualquier ciudadano pueda reclamar directamente ante un tribunal. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 32\/2019, dej\u00f3 claro que no es un derecho subjetivo exigible, sino un mandato program\u00e1tico, protegido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 53.3. La Constituci\u00f3n obliga a los poderes p\u00fablicos a actuar, pero no concede a Maricarmen una acci\u00f3n para exigir una casa. Parte de la distancia que Quinti\u00e1 denuncia entre el texto y la pr\u00e1ctica est\u00e1, as\u00ed, inscrita en el propio dise\u00f1o constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Europa e Irlanda como espejo<\/h3>\n\n\n\n

La \u00faltima parte del art\u00edculo ampl\u00eda el foco. Quinti\u00e1 se\u00f1ala que los alquileres al alza, la escasez de vivienda social, los contratos precarios y la presi\u00f3n del turismo y de la inversi\u00f3n dificultan el acceso en pa\u00edses como Pa\u00edses Bajos, Alemania o Francia, y que Irlanda atraviesa una situaci\u00f3n especialmente grave. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n comparada sobre Irlanda y Espa\u00f1a en la que se apoya, ambos pa\u00edses, pese a sus sistemas jur\u00eddicos y tradiciones distintos, llegan al mismo resultado: inseguridad residencial prolongada, desahucios y personas sin hogar.<\/p>\n\n\n\n

Irlanda lleva a\u00f1os discutiendo si incorpora un derecho constitucional expl\u00edcito a la vivienda. Espa\u00f1a, razona el investigador, funciona como advertencia: tener el derecho escrito no basta sin instituciones consolidadas capaces de aplicarlo mediante vivienda social, inversi\u00f3n p\u00fablica, protecci\u00f3n de los inquilinos y pol\u00edticas que se adapten al mercado. Las medidas de emergencia pueden evitar un desalojo, pero solo ofrecen soluciones provisionales. Lo que protege el derecho, concluye, es su realizaci\u00f3n progresiva, un principio que recoge el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales.<\/p>\n\n\n\n

Una valoraci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

La tesis de Quinti\u00e1 es s\u00f3lida en lo fundamental: sin parque p\u00fablico, el art\u00edculo 47 se queda en declaraci\u00f3n. Cabe hacerle dos reservas. La primera es que explicarlo todo por la herencia franquista y la falta de vivienda social deja al margen el debate sobre la oferta, que es el centro del rechazo del PP y de Junts, partidarios de estimularla con incentivos fiscales antes que de intervenir los precios. La segunda es el tono final, esperanzado ante la movilizaci\u00f3n, que es una lectura personal del autor y no una conclusi\u00f3n de su investigaci\u00f3n. La calle se ha movido, pero el Congreso acaba de decir que no. Esa contradicci\u00f3n es hoy la noticia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Andrei Quinti\u00e1 Pastrana, investigador Ram\u00f3n y Cajal en la Universidade de Santiago de Compostela, sostiene en The Conversation Europe que Espa\u00f1a es un aviso para el continente: reconocer el derecho a la vivienda no sirve de nada si no hay instituciones que lo hagan 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