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<\/figure>\n\n\n\nAmnist\u00eda Internacional, al contrario, pide a los cuatro gobiernos auton\u00f3micos garantizar una inversi\u00f3n suficiente y adecuada en prestaciones sociales -como ya recomend\u00f3 el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a Espa\u00f1a en 2020- de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusi\u00f3n y vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n
En particular, dada la actual crisis de vivienda en el pa\u00eds, las administraciones p\u00fablicas competentes deben adoptar medidas urgentes para aumentar la inversi\u00f3n en vivienda social como elemento esencial para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En este sentido, la organizaci\u00f3n recuerda que Espa\u00f1a \u00fanicamente cuenta con un parque de vivienda social del 1,7%, vi\u00e9ndose aumentado hasta un 3,5% si se considera el parque de vivienda en alquiler asequible en sentido amplio, porcentaje igualmente muy alejado de la media de la Uni\u00f3n Europea (UE), que alcanza un 9%. Asimismo, la inversi\u00f3n en vivienda, \u00fanicamente representa un 0,5% del PIB frente a la media de la UE, que se sit\u00faa en un 1,2%.<\/p>\n\n\n\n
La discriminaci\u00f3n directa e indirecta de personas y los discursos criminalizadores sobre inmigraci\u00f3n deben terminar<\/p>\n\n\n\n
Los pactos de gobierno contienen medidas discriminatorias directas e indirectas y regresivas en derechos que se reflejan con crudeza en la totalidad de los alcanzados en las autonom\u00edas que han celebrado recientemente elecciones (Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n, Castilla y Le\u00f3n y Extremadura) al exigir que todas las ayudas, subvenciones y prestaciones p\u00fablicas tengan como objetivo procurar \u201cla asignaci\u00f3n prioritaria de los recursos p\u00fablicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio\u201d, o cuando discriminan ya sin disimulo por nacionalidad, como en el caso de Extremadura cuando pide, en el acceso a la salud, reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atenci\u00f3n accesible y de calidad \u201cpara los espa\u00f1oles\u201d; o tambi\u00e9n cuando los gobiernos de Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n, Castilla y Le\u00f3n y Extremadura excluyen \u201cdel acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situaci\u00f3n irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La infancia migrante no acompa\u00f1ada tampoco se libra de estas potenciales pol\u00edticas discriminatorias cuando se indica, como en el caso de Extremadura, que \u201cse dotar\u00e1n los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden p\u00fablico, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompa\u00f1ados gocen de cualquier privilegio o impunidad\u00bb. Asimismo, todos los pactos incluyen un apartado titulado \u201cno m\u00e1s menores extranjeros no acompa\u00f1ados (MENAS)\u201d, y en el andaluz se va un paso m\u00e1s all\u00e1, explicitando que no se habilitar\u00e1n \u00abnuevos centros\u201d ni se crear\u00e1n \u201cplazas en los existentes, reduciendo el gasto en esta materia al m\u00ednimo imprescindible\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El acceso al derecho a la vivienda tambi\u00e9n es parte de este potencial sistema discriminatorio que pone en riesgo los derechos humanos cuando los pactos de Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n, Extremadura y Castilla y L\u00e9on indican que procurar\u00e1n \u201cla asignaci\u00f3n prioritaria de los recursos p\u00fablicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio\u201d, exigiendo un \u201carraigo real y prolongado basado en empadronamiento hist\u00f3rico\u201d m\u00ednimo de 10 a\u00f1os para compra y cinco para alquiler.<\/p>\n\n\n\n
Disfrazar el concepto de prioridad nacional con requisitos excluyentes es discriminaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Esteban Beltr\u00e1n, director de Amnist\u00eda Internacional Espa\u00f1a, ha declarado que: \u201cDisfrazar el concepto de \u2018prioridad nacional\u2019 con la exigencia de requisitos que en la pr\u00e1ctica suponen una barrera de acceso mayor para determinados colectivos es tambi\u00e9n discriminaci\u00f3n. La discriminaci\u00f3n tambi\u00e9n se produce de manera indirecta cuando se apela a normas aparentemente neutras pero que tienen un impacto desproporcionado en un determinado colectivo ubic\u00e1ndolo en una situaci\u00f3n de desventaja o excluy\u00e9ndolo de facto en el acceso a derechos sociales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed lo ha indicado recientemente el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia del 7 de mayo de 2026 al considerar que el requisito de una residencia m\u00ednima de 10 a\u00f1os previsto en las leyes italianas para poder acceder a asistencia social y acceso al empleo constituye una discriminaci\u00f3n indirecta a personas beneficiarias de protecci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha destacado que los derechos sociales se aplican a todas las personas, incluidas las no nacionales (refugiadas, solicitantes de asilo, trabajadores migrantes y v\u00edctimas de trata), independientemente de su situaci\u00f3n jur\u00eddica o documental. Tambi\u00e9n el Comit\u00e9 Europeo de Derechos Sociales ha considerado que el requisito de dos a\u00f1os de residencia para poder acceder a la vivienda municipal en Noruega era excesivo y constitu\u00eda una discriminaci\u00f3n contra los y las trabajadores migrantes y sus familias, ya que perjudicaba a las personas migrantes que han llegado recientemente al pa\u00eds y que necesitan la misma asistencia que la ciudadan\u00eda noruegos.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia son claros: proh\u00edben todo tipo de discriminaci\u00f3n, esto incluye la discriminaci\u00f3n directa basada en la raza, color, origen \u00e9tnico o nacional, y la indirecta por la utilizaci\u00f3n espuria de leyes o requisitos aparentemente neutrales para discriminar en el acceso a derechos sociales a colectivos concretos.<\/p>\n\n\n\n
Menos mensajes populistas y criminalizadores, m\u00e1s inversi\u00f3n en prestaciones sociales<\/p>\n\n\n\n
El concepto de \u201cprioridad nacional\u201d, de aplicarse, tambi\u00e9n constituir\u00eda una medida regresiva, vulnerando la obligaci\u00f3n de progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, de conformidad con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Espa\u00f1a, como Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, tiene la obligaci\u00f3n de garantizar la realizaci\u00f3n progresiva de los derechos a la salud, la educaci\u00f3n y la vivienda y evitar medidas regresivas, lo que significa que debe asegurar que sus pol\u00edticas y actuaciones no reduzcan el acceso a las prestaciones de seguridad social. Esto incluye, por ejemplo, no restringir los criterios de elegibilidad ni la cuant\u00eda de las prestaciones sociales.<\/p>\n\n\n\n
Por ello deben abandonarse estos mensajes populistas y criminalizadores de las personas migrantes, sobre todo, por el partido pol\u00edtico VOX, que pretende otorgar preferencia a los espa\u00f1oles frente a los que no lo son, y centrar la acci\u00f3n de gobierno en garantizar una inversi\u00f3n suficiente y adecuada en prestaciones sociales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Amnist\u00eda Internacional pide a los cuatro gobiernos aut\u00f3nomicos cumplir con las recomendaciones del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a Espa\u00f1a en 2020 y garantizar una inversi\u00f3n suficiente y adecuada en prestaciones sociales de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusi\u00f3n y vulnerabilidad.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4550,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_eb_attr":"","_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","footnotes":""},"categories":[238,1,32,283],"tags":[424,426,425],"class_list":["post-4547","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-andalucia","category-espana","category-europa","tag-amnistia-internacional","tag-derechos-humanos","tag-prioridad-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4547"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4547\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5021,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4547\/revisions\/5021"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4550"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}