El vicepresidente segundo de la Junta de Andaluc\u00eda y consejero de Turismo, Justicia, Desregulaci\u00f3n y Administraci\u00f3n Local, Manuel Gavira (Vox), compareci\u00f3 el pasado 20 de agosto en el Puerto de Algeciras para fijar la posici\u00f3n del Gobierno andaluz frente al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta. Su mensaje, recogido en un comunicado oficial de la Junta, se puede resumir en el siguiente ‘esl\u00f3gan’: \u00ablos problemas no se reparten, se resuelven\u00bb, para continuar con este otro: \u00aby esos menores tienen que estar con sus padres y en su pa\u00eds\u00bb. Gavira asegur\u00f3 adem\u00e1s que se opondr\u00eda al reparto \u00abpor tierra, por mar y por aire\u00bb, vincul\u00f3 la llegada de personas a Ceuta con una supuesta \u00abinvasi\u00f3n\u00bb de m\u00e1s de 80.000 personas, calific\u00f3 la inmigraci\u00f3n irregular como \u00abuno de los grandes negocios de este siglo\u00bb y reclam\u00f3 que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda p\u00fablica se prioricen para los espa\u00f1oles.<\/p>\n\n\n\n
Es un comunicado construido, de principio a fin, sobre el lenguaje de la pol\u00edtica migratoria m\u00e1s dura. Pero hay una frase concreta que merece un examen aparte, porque no es solo una postura pol\u00edtica: es tambi\u00e9n una afirmaci\u00f3n jur\u00eddica. Gavira sostiene que su rechazo al reparto responde \u00abtanto a la legislaci\u00f3n vigente como a la necesidad de abordar el problema desde su origen\u00bb. Conviene, por tanto, contrastar esa afirmaci\u00f3n, de un licenciado en derecho que ejerci\u00f3 como abogado, con lo que dice realmente la legislaci\u00f3n actual al respecto.<\/p>\n\n\n\n
El r\u00e9gimen jur\u00eddico de los menores extranjeros no acompa\u00f1ados en Espa\u00f1a est\u00e1 fijado, principalmente, en el art\u00edculo 35 de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a y su integraci\u00f3n social<\/strong> (la conocida como Ley de Extranjer\u00eda), desarrollado por los art\u00edculos 189 y siguientes del Reglamento de Extranjer\u00eda aprobado por Real Decreto en 2024. Esa norma no proh\u00edbe la repatriaci\u00f3n de un menor \u2014de hecho, la contempla expresamente\u2014, pero la somete a un procedimiento reglado que ninguna declaraci\u00f3n pol\u00edtica puede sustituir.<\/p>\n\n\n\n El apartado 5 del art\u00edculo 35 establece que, antes de decidir siquiera si se abre un expediente de repatriaci\u00f3n, la Administraci\u00f3n del Estado debe solicitar un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica de su pa\u00eds de origen<\/strong>. Solo si ese tr\u00e1mite se completa, y tras o\u00edr al menor si tiene juicio suficiente<\/strong>, con informe previo de los servicios de protecci\u00f3n de menores y del Ministerio Fiscal<\/strong>, la Administraci\u00f3n puede resolver sobre el retorno al pa\u00eds de origen, el traslado junto a familiares localizados en otro lugar o, en su defecto, la permanencia del menor en Espa\u00f1a. La propia ley es expl\u00edcita sobre el criterio que debe primar: \u00abde acuerdo con el principio de inter\u00e9s superior del menor, la repatriaci\u00f3n al pa\u00eds de origen se efectuar\u00e1 bien mediante reagrupaci\u00f3n familiar, bien mediante la puesta a disposici\u00f3n del menor ante los servicios de protecci\u00f3n de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Es decir: la ley que Gavira invoca a su favor exige justamente lo contrario de lo que \u00e9l propone. No autoriza una devoluci\u00f3n colectiva, indiscriminada e inmediata basada en el origen geogr\u00e1fico de los menores, sino que obliga a analizar, caso por caso, si existe una familia dispuesta y en condiciones de hacerse cargo del ni\u00f1o, y si el sistema de protecci\u00f3n del pa\u00eds de origen puede garantizar su tutela. Repatriar a un menor sin haber verificado ninguno de esos dos extremos no ser\u00eda aplicar la ley: ser\u00eda incumplirla.<\/p>\n\n\n\n Ese criterio \u2014el inter\u00e9s superior del menor\u2014 no es una f\u00f3rmula ret\u00f3rica, sino un principio jur\u00eddico vinculante recogido en m\u00faltiples niveles del ordenamiento. A nivel internacional, el art\u00edculo 3 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni\u00f1o<\/strong>, ratificada por Espa\u00f1a en 1990, establece que ese inter\u00e9s debe ser \u00abuna consideraci\u00f3n primordial\u00bb en todas las decisiones que afecten a menores, incluidas las administrativas. A nivel europeo, el art\u00edculo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea<\/strong> recoge la misma exigencia, y la Directiva 2008\/115\/CE<\/strong> (Directiva de Retorno) obliga a los Estados miembros a tener \u00abdebidamente en cuenta\u00bb ese inter\u00e9s antes de decidir la expulsi\u00f3n de un menor no acompa\u00f1ado. A nivel interno, la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor<\/strong>, reformada en profundidad en 2015, eleva ese principio a criterio interpretativo preferente frente a cualquier otro inter\u00e9s en juego, incluida la pol\u00edtica migratoria.<\/p>\n\n\n\n A esto se suma un principio de derecho internacional que rara vez aparece en el debate p\u00fablico pero que resulta determinante: el de no devoluci\u00f3n<\/strong> (non-refoulement), que impide retornar a cualquier persona \u2014menor o adulta\u2014 a un territorio donde pueda enfrentarse a un riesgo real para su integridad. Verificar que ese riesgo no existe es, precisamente, una de las razones por las que la ley exige informes previos sobre la situaci\u00f3n familiar y las circunstancias del pa\u00eds de origen, y no permite presumirlo de forma autom\u00e1tica por el mero hecho de que un menor sea de nacionalidad marroqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n El comunicado de la Junta rechaza adem\u00e1s, espec\u00edficamente, el mecanismo de reparto de menores entre comunidades aut\u00f3nomas. Aqu\u00ed el contraste con la norma es igual de n\u00edtido. La reforma de la Ley de Extranjer\u00eda aprobada en 2025 introdujo los art\u00edculos 35 bis, ter, qu\u00e1ter y quinquies<\/strong>, que regulan precisamente el \u00abPlan de respuesta solidaria\u00bb ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria: el mecanismo que permite trasladar a menores no acompa\u00f1ados desde territorios saturados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades aut\u00f3nomas. Ese reparto no es una ocurrencia del Gobierno central ni una imposici\u00f3n discrecional: es un instrumento legal, aprobado por las Cortes Generales, que responde precisamente a la obligaci\u00f3n de garantizar que ning\u00fan menor quede sin la atenci\u00f3n individualizada que exige la ley por saturaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n de un \u00fanico territorio. Negarse a acatarlo no es, jur\u00eddicamente, una opci\u00f3n pol\u00edtica m\u00e1s: es una comunidad aut\u00f3noma incumpliendo una obligaci\u00f3n legal de acogida.<\/p>\n\n\n\n Gavira ha situado en m\u00e1s de 80.000 personas la magnitud de lo que ha descrito como una \u00abinvasi\u00f3n\u00bb sufrida por Ceuta, una cifra que roza casi la totalidad de la poblaci\u00f3n de la ciudad aut\u00f3noma \u2014en torno a 83.000 habitantes seg\u00fan el padr\u00f3n\u2014. Conviene se\u00f1alar, adem\u00e1s, que el t\u00e9rmino \u00abinvasi\u00f3n\u00bb para describir la llegada de solicitantes de protecci\u00f3n o de menores no acompa\u00f1ados no tiene encaje en el marco jur\u00eddico de extranjer\u00eda y asilo, que regula estos movimientos como flujos migratorios sujetos a procedimientos administrativos, no como actos de naturaleza b\u00e9lica o de ocupaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n No resulta sostenible, desde el rigor informativo, es presentar como \u00ablegislaci\u00f3n vigente\u00bb una posici\u00f3n \u2014la devoluci\u00f3n inmediata y colectiva de menores a su pa\u00eds de origen, sin reparto entre comunidades\u2014 que la propia ley vigente contradice de forma expl\u00edcita en su articulado. La fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, lo resumi\u00f3 hace unos d\u00edas en una entrevista en la Cadena SER con una frase que sirve de contrapunto casi literal a la de Gavira: \u00abpor supuesto que cabe la devoluci\u00f3n de menores, pero no instant\u00e1nea\u00bb. Entre ambas posiciones no hay solo una diferencia de sensibilidad pol\u00edtica. Hay, sobre todo, una diferencia sobre qu\u00e9 dice realmente la ley que ambos dicen defender.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El vicepresidente segundo de la Junta de Andaluc\u00eda hace unas declaraciones en Algeciras que parecen ignorar, al igual que lo hace Rajoy, que las actuales leyes europeas y espa\u00f1olas impiden la expulsi\u00f3n de menores.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":7695,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","_eb_attr":"","_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","footnotes":""},"categories":[1,32,656],"tags":[647,361,367],"class_list":["post-7694","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-andalucia","category-espana","category-inmigracion","tag-ceuta","tag-junta-de-andalucia","tag-vox"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7694"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7694\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7699,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7694\/revisions\/7699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7695"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El principio del inter\u00e9s superior no es una consigna, es derecho positivo<\/h2>\n\n\n\n
Cuando la propia ley del reparto lo hace obligatorio<\/h2>\n\n\n\n
La \u00abinvasi\u00f3n\u00bb y las cifras<\/h2>\n\n\n\n
Un marco legal vinculante<\/h2>\n\n\n\n