{"id":8270,"date":"2026-09-01T08:00:31","date_gmt":"2026-09-01T06:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/?p=8270"},"modified":"2026-09-01T08:00:39","modified_gmt":"2026-09-01T06:00:39","slug":"felipe-vi-y-la-crisis-de-ceuta-hasta-donde-puede-actuar-el-rey-sin-el-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/2026\/09\/01\/felipe-vi-y-la-crisis-de-ceuta-hasta-donde-puede-actuar-el-rey-sin-el-gobierno\/","title":{"rendered":"Felipe VI y la crisis de Ceuta: \u00bfhasta d\u00f3nde puede actuar el rey sin el\u00a0Gobierno?"},"content":{"rendered":"\n

Tom\u00e1s J. Aliste Santos<\/a>, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

A prop\u00f3sito de la crisis de seguridad nacional que padece Ceuta desde los dos \u00faltimos d\u00edas de julio de 2026<\/a>, es inevitable preguntarse qu\u00e9 puede hacer el rey de Espa\u00f1a, Felipe VI, al respecto y si puede actuar discrecionalmente o requiere siempre el refrendo del Gobierno en actos jur\u00eddicos con transcendencia de Estado.<\/p>\n\n\n\n

Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro S\u00e1nchez, anunci\u00f3 este lunes que el rey visitar\u00e1 Ceuta \u201ccuando se den las condiciones para ello\u201d<\/a>, aunque sin concretar una fecha.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPero puede Felipe VI ir a Ceuta cuando considere oportuno? \u00bfPuede decidir libremente qu\u00e9 hacer? La cuesti\u00f3n tiene relevancia constitucional, porque el jefe del Estado no puede ser coaccionado respecto a sus actos dada su inviolabilidad, tal y como se\u00f1ala el art\u00edculo 56.3<\/a> de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/p>\n\n\n\n

El rey es la m\u00e1xima autoridad del Estado, s\u00edmbolo de su unidad y permanencia, tal como expresa el art\u00edculo 56.1 de la Carta Magna<\/a>. Y, en ese sentido, \u201creina, pero no gobierna\u201d, seg\u00fan la famosa frase, popularizada por el pol\u00edtico franc\u00e9s Louis Adolphe Thiers<\/a> poco antes de la ca\u00edda de Carlos X y el ascenso al trono de Luis Felipe I \u2013de quien termin\u00f3 siendo primer ministro\u2013.<\/p>\n\n\n\n

Este tema no es menor, y nos conduce a la cuesti\u00f3n medular de este art\u00edculo: \u00bfcu\u00e1les son los poderes del rey de Espa\u00f1a, seg\u00fan la Constituci\u00f3n de 1978?<\/p>\n\n\n\n

Las funciones de arbitrar y moderar<\/h2>\n\n\n\n

El monarca espa\u00f1ol tiene una serie de facultades y funciones claramente definidas en los art\u00edculos 56.1, 61.1 y, de forma muy detallada, 62, 63 y 65.2 de la Constituci\u00f3n<\/a>. Sin embargo, lo cierto es que cuando analizamos sus poderes discrecionales, que no son otros que arbitrar y moderar, no podemos confundir estas facultades con los denominados \u201cactos debidos\u201d. Estos \u00faltimos constituyen la mayor\u00eda de actuaciones reales, ejecutadas por imperativo constitucional y que, por ello, no ofrecen margen alguno al ejercicio de la discrecionalidad regia en la decisi\u00f3n y ejecuci\u00f3n del acto.<\/p>\n\n\n\n

Si la doctrina de los \u201cactos debidos\u201d comprendiera todos los actos de Felipe VI, la Jefatura del Estado quedar\u00eda reducida a elementales funciones constitucionales muy limitadas, que en absoluto se corresponder\u00edan con las amplias facultades de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones que expresamente se recogen en el art\u00edculo 56.1 de la Constituci\u00f3n de 1978.<\/p>\n\n\n\n

Dos intervenciones hist\u00f3ricas<\/h2>\n\n\n\n

Hist\u00f3ricamente se han hecho expl\u00edcitas para todos los ciudadanos en dos intervenciones concretas: el 23 de febrero de 1981, reinando Juan Carlos I de Borb\u00f3n, en el mensaje a la Naci\u00f3n con motivo del Golpe de Estado<\/a>, y el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI pronunci\u00f3 un discurso institucional a toda la naci\u00f3n<\/a> con motivo de la crisis institucional en Catalu\u00f1a tras el refer\u00e9ndum ilegal del 1 de octubre de 2017.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina constitucional ha analizado<\/a> con detenimiento este tema<\/a>. Sint\u00e9ticamente, la doctrina mayoritaria entiende que la instituci\u00f3n del refrendo de los actos del rey, que por regla general traslada la responsabilidad por dichos actos al Gobierno, en absoluto inhibe la posibilidad de actuar que tiene el monarca. Es decir, puede actuar sin pedir autorizaci\u00f3n a otros poderes y sin que ello le genere ninguna responsabilidad, aunque esta elecci\u00f3n es verdaderamente excepcional y tiene un evidente coste para el mantenimiento de la Corona como poder neutral.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro sistema constitucional no habilita al Gobierno para someter los actos reales a una autorizaci\u00f3n o permiso \u201cex ante<\/em>\u201d porque forzosamente el refrendo siempre se produce \u201cex post<\/em>\u201d; es decir, primero va el acto regio y luego el refrendo (sea expreso o t\u00e1cito). Y sin refrendo, los actos de Estado efectuados por el rey carecen de validez, a tenor del art\u00edculo 56.3 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pero el refrendo de los actos de Felipe VI, recogido en los art\u00edculos 56.3 y 64.1<\/a>, tampoco es una facultad lib\u00e9rrima en manos del Gobierno, porque si fuera as\u00ed el rey no podr\u00eda llevar a cabo ning\u00fan tipo de acto \u2013ni siquiera los m\u00e1s personales\u2013 sin su autorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 5\/1987, de 27 de enero<\/a>, dicho refrendo es el propio de los \u201cactos debidos\u201d, que por su naturaleza constitucional constri\u00f1en las funciones del monarca, pero cuya posici\u00f3n como jefe del Estado lo diferencia y separa n\u00edtidamente del Gobierno y de cualquier otra instituci\u00f3n constitucional.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, siguiendo la l\u00f3gica de la separaci\u00f3n de poderes, m\u00e1s all\u00e1 de los \u201cactos debidos\u201d, naturalmente el rey puede y debe desplegar facultades regias privativas cuando con prudencia considere oportuno hacerlo.<\/p>\n\n\n\n

Fij\u00e9monos que, seg\u00fan el art\u00edculo 56.1 de la Constituci\u00f3n, el rey \u201carbitra\u201d y \u201cmodera\u201d el funcionamiento regular de las instituciones<\/a> y que, seg\u00fan el art\u00edculo 61.1<\/a> de la norma fundamental, cuando es proclamado ante las Cortes jura desempe\u00f1ar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constituci\u00f3n y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n

Sin necesidad de autorizaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Las facultades de \u201carbitrio\u201d y \u201cmoderaci\u00f3n\u201d que el citado art\u00edculo 56.1 expresamente reconoce al rey no encajan bien en la doctrina de los \u201cactos debidos\u201d: una cosa es convenir que el monarca no puede negarse a realizar los actos que constitucionalmente corresponden a la Jefatura del Estado y otra muy diferente admitir una suerte de autorizaci\u00f3n previa.<\/p>\n\n\n\n

Precisamente, en un contexto de grave crisis de seguridad nacional en Ceuta, el monarca cuenta con suficiente legitimidad constitucional para ejercer expl\u00edcitamente, si as\u00ed lo considera, sus facultades, moderando el funcionamiento regular de las instituciones del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Tom\u00e1s J. Aliste Santos<\/a>, Director del Grupo de Investigaci\u00f3n Globalaw, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue publicado originalmente en The Conversation<\/a>. Lea el original<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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