Maricarmen Abascal ha sido desahuciada este 23 de septiembre de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrile\u00f1o distrito de Retiro, donde resid\u00eda desde 1956. El lanzamiento se ejecut\u00f3 al cuarto intento, con presencia policial y pese a la concentraci\u00f3n de cientos de vecinos y activistas, tras una larga batalla judicial que enfrenta el derecho de propiedad con la protecci\u00f3n efectiva de una inquilina mayor, pensionista y con discapacidad reconocida.<\/p>\n\n\n\n
El caso se remonta a 1956, cuando los padres de Maricarmen firmaron el contrato de alquiler. Su padre fue inicialmente el titular; al fallecer, el contrato pas\u00f3 a su madre. Tras la muerte de esta en 2005, Maricarmen qued\u00f3 como titular mediante una segunda subrogaci\u00f3n. Durante d\u00e9cadas, la vivienda perteneci\u00f3 a un propietario particular y Maricarmen abonaba una renta cercana a los 500 euros mensuales<\/strong>. El conflicto se intensific\u00f3 en 2018, cuando el edificio fue adquirido por Urbagesti\u00f3n Desarrollo e Inversi\u00f3n S. L.<\/strong>, una empresa inmobiliaria dedicada a la compra y gesti\u00f3n de activos. La compa\u00f1\u00eda sostuvo que el contrato de renta antigua se hab\u00eda extinguido y que la segunda subrogaci\u00f3n no deb\u00eda mantenerse.<\/p>\n\n\n\n La propiedad plante\u00f3 a la inquilina la posibilidad de seguir en la vivienda con un nuevo alquiler de alrededor de 1.650 euros mensuales<\/strong>, seg\u00fan unas fuentes, o de hasta 2.650 euros<\/strong>, seg\u00fan otras informaciones sobre las propuestas trasladadas en el proceso. En cualquier caso, se trataba de una cuant\u00eda muy por encima de los aproximadamente 500 euros que ven\u00eda pagando y, de acuerdo con su defensa, inasumible con su pensi\u00f3n. La cifra de 1.650 euros equival\u00eda a un incremento del 275%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El caso no es un supuesto de impago de alquiler. El litigio gira en torno a la vigencia de un contrato de renta antigua y a la posibilidad de una segunda subrogaci\u00f3n tras el fallecimiento de la anterior titular. La normativa de arrendamientos urbanos prev\u00e9 un r\u00e9gimen espec\u00edfico para los contratos antiguos y establece condiciones restrictivas para las subrogaciones. En este caso, la empresa propietaria defendi\u00f3 que el contrato quedaba extinguido al haber transcurrido dos a\u00f1os desde la segunda subrogaci\u00f3n, salvo que la arrendataria tuviera reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%<\/strong>. Maricarmen tiene acreditada una discapacidad del 50%<\/strong>, por debajo de ese umbral legal.<\/p>\n\n\n\n Tras resoluciones judiciales contradictorias, el Tribunal Supremo<\/strong> termin\u00f3 dando la raz\u00f3n a la propiedad en marzo de 2026. La decisi\u00f3n hizo ejecutable el lanzamiento y cerr\u00f3 la principal v\u00eda de recurso de la inquilina. El resultado revela una contradicci\u00f3n de fondo: la mujer re\u00fane circunstancias evidentes de vulnerabilidad por edad, movilidad, ingresos y arraigo residencial, pero no alcanza el porcentaje de discapacidad requerido por la norma para prolongar el contrato de renta antigua. Es decir, el sistema reconoce su vulnerabilidad social, pero el marco legal aplicable no le concede por s\u00ed mismo un derecho autom\u00e1tico a continuar en esa vivienda.<\/p>\n\n\n\n El desahucio de este martes fue el cuarto intento. El primero se produjo en octubre de 2025<\/strong> y fue suspendido tras la movilizaci\u00f3n vecinal y de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda. Posteriormente se fijaron lanzamientos para el 3 de junio<\/strong> y el 24 de junio de 2026<\/strong>, que tambi\u00e9n fueron aplazados. La ma\u00f1ana del 23 de septiembre, la comisi\u00f3n judicial acudi\u00f3 al n\u00famero 46 de Alcalde Sainz de Baranda con un amplio dispositivo policial. Cientos de personas se concentraron ante el edificio para tratar de evitar el desalojo, pero la Polic\u00eda Nacional retir\u00f3 a los manifestantes y el lanzamiento se ejecut\u00f3 poco despu\u00e9s de las 11:00 horas. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y otros colectivos denunciaron que la empresa no acept\u00f3 las alternativas planteadas por la defensa de Maricarmen ni nuevas peticiones de aplazamiento. Tambi\u00e9n se ha informado de que una petici\u00f3n de la ONU solicitaba suspender el lanzamiento.<\/p>\n\n\n\n El caso ha vuelto a situar a la Comunidad de Madrid<\/strong> de Isabel D\u00edaz Ayuso y al Ayuntamiento de Madrid en el centro de la discusi\u00f3n sobre las pol\u00edticas de vivienda. Desde el Gobierno central se ha reprochado a ambas administraciones una pol\u00edtica que, seg\u00fan esta cr\u00edtica, facilita la especulaci\u00f3n inmobiliaria y no ofrece una respuesta suficiente ante los desahucios de personas vulnerables. La posici\u00f3n de la Comunidad y del Ayuntamiento es distinta: ambas administraciones sostienen que atendieron el informe de vulnerabilidad solicitado por Maricarmen y que, a lo largo del proceso, se le ofrecieron distintas alternativas habitacionales. Seg\u00fan su versi\u00f3n, esas opciones fueron rechazadas por la afectada.<\/p>\n\n\n\n Este punto es esencial para entender el conflicto. Que exista una propuesta de alojamiento alternativo no resuelve necesariamente el problema humano que plantea un desahucio a los 87 a\u00f1os tras m\u00e1s de siete d\u00e9cadas en una misma casa. Para la Administraci\u00f3n, la existencia de alternativas puede cumplir una obligaci\u00f3n de atenci\u00f3n social; para la afectada y sus apoyos, no equivale a una soluci\u00f3n si implica abandonar el barrio, perder redes de cuidados o trasladarse a un recurso temporal y no elegido.<\/p>\n\n\n\n La Comunidad de Madrid no pod\u00eda anular por decisi\u00f3n pol\u00edtica una resoluci\u00f3n judicial firme ni impedir por s\u00ed sola la ejecuci\u00f3n del lanzamiento. Pero s\u00ed tiene competencias relevantes en vivienda, atenci\u00f3n social y parque p\u00fablico residencial. Por eso, el debate no se limita a qui\u00e9n ejecut\u00f3 la orden, sino a qu\u00e9 mecanismos se activaron \u2014o no\u2014 antes de llegar a ese punto: mediaci\u00f3n con la propiedad, alquiler social, compra p\u00fablica del inmueble, realojo estable en el distrito o ampliaci\u00f3n de la oferta de vivienda asequible.<\/p>\n\n\n\n El desahucio de Maricarmen se ha convertido en un s\u00edmbolo de la crisis de vivienda en Madrid: una ciudad donde los contratos de renta antigua, protegidos durante d\u00e9cadas, son cada vez m\u00e1s escasos y donde la revalorizaci\u00f3n inmobiliaria transforma hogares de larga duraci\u00f3n en activos con rentabilidades mucho mayores.<\/p>\n\n\n\n No cambia la legitimidad formal del propietario para recuperar la vivienda tras ganar el procedimiento judicial. Pero s\u00ed plantea una pregunta pol\u00edtica y social dif\u00edcil de eludir: si una mujer de 87 a\u00f1os, con discapacidad, pensi\u00f3n limitada y 71 a\u00f1os de arraigo en una vivienda puede terminar desalojada sin una alternativa estable acordada, \u00bfhasta qu\u00e9 punto funcionan las redes p\u00fablicas de protecci\u00f3n?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Maricarmen, de 87 a\u00f1os y en silla de ruedas en los \u00faltimos meses, abandona forzosamente un hogar en el que ha vivido durante 71 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