{"id":9136,"date":"2026-09-24T17:31:00","date_gmt":"2026-09-24T15:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/laverdad.tech\/?p=9136"},"modified":"2026-09-24T17:31:02","modified_gmt":"2026-09-24T15:31:02","slug":"lo-que-fallo-en-el-desahucio-de-maricarmen-y-tres-cambios-para-que-no-se-repita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laverdad.tech\/index.php\/2026\/09\/24\/lo-que-fallo-en-el-desahucio-de-maricarmen-y-tres-cambios-para-que-no-se-repita\/","title":{"rendered":"Lo que fall\u00f3 en el desahucio de Maricarmen y tres cambios para que no se\u00a0repita"},"content":{"rendered":"\n

Alfredo Abad\u00edas Selma<\/a>, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

Se llama Mar\u00eda del Carmen Abascal, aunque todos la conocen como Maricarmen. Tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50\u00a0%. Tras una jornada de enorme tensi\u00f3n, una ambulancia la traslad\u00f3<\/a> al Hospital Gregorio Mara\u00f1\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Su desahucio era legal, pero pod\u00eda haberse evitado. La primera que ten\u00eda en su mano pararlo era la empresa propietaria, Urbagesti\u00f3n. Le ofrecieron el dinero que ped\u00eda y lo rechaz\u00f3. El Estado intent\u00f3 comprar el piso<\/a>, pero no ten\u00eda herramientas para imponer una soluci\u00f3n. Y la ley dej\u00f3 a Maricarmen sin protecci\u00f3n por quince puntos de discapacidad<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Un contrato de 1956<\/h2>\n\n\n\n

Maricarmen ten\u00eda un contrato de renta antigua. Se trata de un alquiler firmado antes de 1985 que se prorrogaba de forma obligatoria. Lo firm\u00f3 su padre, y al morir \u00e9l, el contrato pas\u00f3 a su madre. Cuando esta falleci\u00f3, en 2005, pas\u00f3 a Maricarmen.<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994<\/a> limita ese segundo traspaso a dos a\u00f1os, con la excepci\u00f3n de que el hijo o la hija tenga una discapacidad del 65 % o m\u00e1s. Un juzgado de Madrid dio la raz\u00f3n a Maricarmen, pero la Audiencia Provincial y, en marzo de 2026, el Tribunal Supremo se la concedieron a la empresa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Maricarmen pagaba unos 500 euros al mes, y su pensi\u00f3n es de 1 350 euros. La propietaria, la sociedad madrile\u00f1a Urbagesti\u00f3n, le reclam\u00f3 2 650 euros mensuales y despu\u00e9s 1 650. Incluso la cifra m\u00e1s baja superaba su pensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La soluci\u00f3n la ten\u00eda la propiedad<\/h2>\n\n\n\n

Ganar un juicio de desahucio no obliga al propietario a echar al inquilino: puede llegar a un acuerdo con \u00e9l, aplazar la salida o detener la ejecuci\u00f3n. Por eso la empresa era la primera que pod\u00eda parar el proceso. Y tuvo varias ofertas para hacerlo sin perder dinero.<\/p>\n\n\n\n

Horas antes del desahucio, una conocida escritora se ofreci\u00f3, de forma an\u00f3nima<\/a>, a pagar de por vida la diferencia entre los 500 euros y los 2 650 que exig\u00eda la empresa. Tambi\u00e9n asum\u00eda cualquier deuda. Es decir, la empresa iba a cobrar exactamente lo que ped\u00eda, pero dijo que no.<\/p>\n\n\n\n

No fue la \u00fanica oferta. El Ministerio de Vivienda propuso comprar el piso a trav\u00e9s de Casa 47<\/a>, la entidad p\u00fablica estatal de vivienda, para convertirlo en alquiler p\u00fablico. La compa\u00f1\u00eda lo rechaz\u00f3. El Ministerio intent\u00f3 tambi\u00e9n completar la renta con fondos p\u00fablicos del plan de vivienda. Seg\u00fan el Ministerio, Urbagesti\u00f3n acept\u00f3 una mediaci\u00f3n a la que despu\u00e9s no se present\u00f3<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El mismo d\u00eda del desahucio, la defensa pidi\u00f3 aplazarlo por razones humanitarias. Como alternativa, pidi\u00f3 que Maricarmen tuviera entre quince d\u00edas y un mes para recoger sus cosas. La representante legal de la compa\u00f1\u00eda propietaria tambi\u00e9n se neg\u00f3 a esto.<\/p>\n\n\n\n

Aunque Urbagesti\u00f3n actu\u00f3 dentro de la ley, el dinero que reclamaba estaba sobre la mesa, ofrecido por una particular y por el Estado. Maricarmen no fue desahuciada por no pagar. Fue desahuciada porque la propiedad rechaz\u00f3 todas las alternativas.<\/p>\n\n\n\n

Lo que dicen los derechos humanos<\/h2>\n\n\n\n

La Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/a> reconoce en su art\u00edculo 25 el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda. El mismo art\u00edculo cita la vejez entre las situaciones que merecen especial protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Declaraci\u00f3n no es una ley que pueda invocarse ante un juez, pero la Constituci\u00f3n<\/a> obliga a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con ella (art\u00edculo 10.2). Adem\u00e1s, encarga a los poderes p\u00fablicos atender los problemas de vivienda de las personas mayores (art\u00edculo 50) y proteger a las personas con discapacidad (art\u00edculo 49). Maricarmen re\u00fane ambas condiciones.<\/p>\n\n\n\n

La Declaraci\u00f3n tambi\u00e9n protege la propiedad (art\u00edculo 17). No obligaba a la empresa a renunciar a su piso, sino que exige al Estado que ninguna persona mayor y vulnerable se quede sin un hogar adecuado. Ambos derechos pod\u00edan convivir: la empresa cobraba y Maricarmen se quedaba.<\/p>\n\n\n\n

En junio, el comit\u00e9 de la ONU que vigila el cumplimiento de estos derechos pidi\u00f3 frenar el desahucio hasta garantizar a Maricarmen una soluci\u00f3n habitacional adecuada. No era la primera vez. En 2017 ya concluy\u00f3 que Espa\u00f1a hab\u00eda vulnerado el derecho a la vivienda<\/a> al desalojar en Madrid a una familia cuyo alquiler hab\u00eda vencido. Y en 2018, el Tribunal Supremo reconoci\u00f3 efectos jur\u00eddicos<\/a> a un dictamen de otro comit\u00e9 de la ONU. Esta vez, la petici\u00f3n no fren\u00f3 nada.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfY la jueza?<\/h2>\n\n\n\n

Algunas cr\u00edticas han apuntado a la jueza encargada del caso, pero conviene ser justos. En esta fase, llamada de ejecuci\u00f3n, el juzgado debe cumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo. No puede volver a decidir si el contrato segu\u00eda vigente ni obligar a la empresa a aceptar un acuerdo; su margen era muy estrecho. Por eso las soluciones ten\u00edan que llegar antes, y desde fuera del juzgado.<\/p>\n\n\n\n

Tres medidas necesarias<\/h2>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 deber\u00eda cambiar para evitar este tipo de situaciones? Hacen falta tres acciones concretas.<\/p>\n\n\n\n