Pacto PP-VOX. Para el PP el 97,7% del presupuesto, para Vox el relato

Con el acuerdo de gobierno con el PP, Vox solo manejará 1.200 millones de euros, un 2,33 % del presupuesto de la Junta.

Un presupuesto exiguo para Vox, pero un acuerdo de gran calado ideológico que, de cumplirse, haría que la Junta diera un giro hacia posturas clarísimamente nacionalcatólicas. Lo más llamativo del documento rubricado estos días por Gavira, vicepresidente primero de la Junta, y Moreno Bonilla, presidente de la Junta por tercera vez, es que presenta como “modernización” lo que, en la práctica supone una regresión en derechos, libertades y cohesión social en Andalucía. Si hay un consenso general en que son necesarios más servicios sanitarios, más vivienda asequible y más servicios sociales, el acuerdo insiste en recortar, seleccionar, jerarquizar y discriminar antes que en hacer universales esos derechos, se introducen cláusulas en función del arraigo, y se institucionalizan la sospecha sistemática, la exclusión, la desprotección y hasta la persecución.

El acuerdo de gobierno y estabilidad entre el Partido Popular de Andalucía y Vox para la legislatura 2026-2030 incluye quince apartados de medidas de diferente calado, una cláusula final de disciplina parlamentaria y un reparto de responsabilidades institucionales que supone de hecho una pretendida hoja de ruta, a falta de memoria económica y respaldo presupuestario, que podría llevar a Andalucía en cuatro años a convertirse en una auténtica zona de conflicto social. Un texto, redactado con un cierto tono enfático e identitario, que busca ya desde el inicio la confrontación con el Gobierno de España y con los enemigos recurrentes de Vox y mezcla desordenadamente medidas de simple gestión común con otras con un claro sesgo ideológico, sobre todo en lo tocante a asuntos como inmigración, tauromaquia, vivienda, educación, medio ambiente y memoria histórica.

Legitimación electoral
El acuerdo se apoya en los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2026, con una mayoría de 68 escaños sobre 109, descrita como “sólida y excepcional”. Ya desde el preámbulo, el documento contrasta la ‘futura’ estabilidad andaluza con la “degradación” del Gobierno central, de “decencia” frente a “mentira” con la vista puesta en unas hipotéticas elecciones generales y un pacto de gobierno en Madrid. Los firmantes prometen eficiencia, transparencia, justificación del gasto y respeto a la legalidad. También dicen fundamentar la acción social en la justicia, la humanidad y la dignidad. Sin embargo, el desarrollo posterior del documento muestra que esos principios se aplican de manera selectiva y se invocan para reforzar el control, la disciplina y la jerarquización del acceso a recursos públicos.

Fiscalidad
El apartado fiscal es uno de los más densos y promete reducción de impuestos y mejora de deducciones para determinados perfiles socioeconómicos. El acuerdo prevé una bajada progresiva del IRPF autonómico, incrementos en deducciones por nacimiento, discapacidad, familia numerosa, educación y gafas o lentillas, además de una deducción específica para pacientes con ELA. Muy llamativa esa pormenorización de ciertos detalles en un acuerdo de este estilo que no tiene por qué venir muy a cuento. También propone suprimir tributos ambientales con lo cual el ataque al medio ambiente está garantizado.

Inmigración
El apartado de inmigración es el más cargado ideológicamente. El acuerdo rechaza la acogida de menores extranjeros no acompañados, se opone a cualquier reparto y anuncia que no creará nuevas plazas ni centros, reduciendo el gasto al mínimo imprescindible. También impulsa retornos, repatriaciones, pruebas de edad, auditorías anuales y supresión de subvenciones a ONG vinculadas a la atención migratoria. A todo esto hay que sumarle el principio de prioridad nacional en ayudas, vivienda y prestaciones, junto con la exclusión de personas en situación irregular del acceso a servicios sociales. El texto establece una jerarquía explícita entre quienes “sostienen el sistema” y quienes quedan bajo sospecha o fuera de él. En términos políticos, se trata de una de las partes más definitorias del acuerdo, porque traduce la agenda de VOX a un marco institucional de gobierno y arrastra al PP hacia políticas de extrema derecha ‘de libro’.

Energía, industria y empleo
El apartado económico y productivo incluye un supuesto plan industrial 2028-2032 sin memoria económica, ni siquiera una aproximación, un fondo de reindustrialización y medidas para facilitar suelo, inversión y simplificación administrativa. También incorpora una defensa muy marcada del suelo productivo frente a las macroplantas de energías renovables y una insistencia en que el desarrollo energético no comprometa al campo. A ello se suma un paquete de apoyo a autónomos, el de siempre, y un proceso de reordenación del personal laboral vinculado al Servicio Andaluz de Empleo y a ‘viejas estructuras administrativas’ que no dicen cómo sustituir. El discurso sobre el emprendimiento y la competitividad lleva aparejada una crítica a todo lo que supone la transición ecológica. El resultado es un proyecto de crecimiento selectivo, muy ligado al suelo, la industria auxiliar a la agricultura, la ganadería y la pesca y el empleo autónomo que no incluye la ventana de oportunidad que supone la economía verde.

Familia
La familia, el tipo de familia de Vox y del PP, el único, ocupa un lugar central en el relato del acuerdo. El resto de modelos familiares simplemente no existen. El texto impone la “perspectiva de familia” como criterio transversal y promete una nueva ley de familia, campañas de apoyo a la maternidad, un plan para la mujer embarazada, una ley de segunda infancia y más recursos para dependencia y mayores. La prioridad es demográfica, social y también moral: se trata de fomentar la natalidad, consolidar hogares tradicionales y proteger a los dependientes. En esta materia, el documento presenta medidas sociales siempre barnizadas con un lenguaje ideológico excluyente.

Cultura y turismo

El patrimonio religioso, la tauromaquia, la caza y la pesca son los grandes protagonistas de este apartado. Se crea un fondo para iglesias, conventos y monasterios y se refuerza la protección del patrimonio taurino. También se apuesta por rediseñar museos y archivos y por modernizar los centros culturales regionales. La selección de prioridades revela una idea de cultura fuertemente identitaria. La cultura se concibe menos como espacio plural de creación y más como conservación de tradiciones afines ideológicamente. El turismo, por su parte, se vincula a esos mismos símbolos, consolidando un relato de Andalucía asociado al patrimonio, al mundo rural y a la tradición, es decir, a una Andalucía de pandereta, sol y playa.

Vivienda
Conceptos como la expansión de la oferta, la reducción de cargas y un fuerte endurecimiento contra la ocupación centran las intenciones del bipartito derecha/extrema derecha. Se prevé construir al menos 20.000 viviendas protegidas, reformar el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, impulsar avales públicos, ayudas al alquiler con opción de compra y programas para jóvenes. Pero, al mismo tiempo, se incorpora el principio de prioridad nacional para el acceso a vivienda protegida y alquiler social. Una vez más es más importante la exclusión que la ampliación de oferta o la mejora del acceso a la vivienda o la inclusión de medidas realmente efectivas.

Movilidad y transporte
Se dice que se va a reforzar la financiación de los consorcios de transporte y a priorizar infraestructuras y mejorar rutas, frecuencias y horario, pero es fácil que esto choque con la realidad presupuestaria llegado el momento sencillamente porque su modelo, el del PP y el de Vox, es otro.

Educación
Del bloque educativo llaman la atención el fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y la apuesta por contenidos sobre terrorismo, también se apuesta por FP Dual, nuevas titulaciones y concertación progresiva del Bachillerato, es decir, vía libre a la privatización de la escuela y la enseñanza media.

Justicia
En justicia se habla de reforzar los filtros de la justicia gratuita para evitar un uso “indiscriminado”, con lo cual estamos otra vez ante la Prioridad Nacional, con lo cual se podría vulnerar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

Sanidad
Se promete aumentar el presupuesto, auditar las listas de espera, implantar consulta el mismo día en Atención Primaria, desburocratizar tareas y reforzar la financiación finalista de primaria. También se prevén planes de estabilidad laboral, incentivos para plazas de difícil cobertura, retorno de profesionales, mejoras salariales y seguridad frente a agresiones. No se dice cómo. Además, se plantean infraestructuras provinciales, finalización del hospital materno-infantil de Huelva, plan de camas para crónicos, urgencias, historia clínica interoperable, compra centralizada y colaboración público-privada con reversión si no se cumplen objetivos. La sanidad se sumaría pues al concepto sagrado de prioridad nacional y podría tener gravísimas consecuencias sanitarias a corto y medio plazo.

Sector primario
Se rechaza la Agenda 2030, el Pacto Verde, Mercosur y el cambio climático. También se exigen cláusulas espejo, más regadíos, más agua, más seguros, más ayudas, más infraestructuras y más defensa de la dehesa, el toro bravo, la caza y la pesca tradicional. El campo como reserva moral y espiritual y granero de votos.

Medio ambiente
El medio ambiente queda claramente subordinado a la producción. El acuerdo propone revisar leyes y estructuras para eliminar trabas al campo, a la industria y a los autónomos, promueve la caza, rechaza la financiación autonómica de zonas de bajas emisiones y privilegia la prevención de incendios mediante uso productivo del territorio. La idea dominante es la utilidad inmediata, no la protección ambiental como fin autónomo.

Gasto superfluo
Este apartado del acuerdo pretende identificar y recortar gasto improductivo, reducir subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales y condicionar ayudas a una acreditación previa de utilidad efectiva. También refuerza la entrega condicionada de la PATRICA. Patronal y sindicatos los primeros afectados y ya en pie de guerra.

Leyes ideológicas
El acuerdo anuncia una nueva Ley de Concordia y una revisión de entidades, ayudas y normas consideradas ideológicas. Este punto es una intervención directa contra la memoria histórica y el marco simbólico de la comunidad autonóma. Su intención es sustituir la legislación de memoria histórica por otra formulación afín a la extrema derecha.

Cláusula final
La cláusula final obliga a la unidad de voto de PP y VOX en asuntos clave y crea una Comisión de Seguimiento para resolver discrepancias. Esto no es un simple detalle organizativo: convierte el acuerdo en un mecanismo de disciplina política permanente que convierte de facto a los dos partidos, PP y Vox, en uno. En la distribución final de responsabilidades, VOX obtiene una consejería con rango de vicepresidencia, la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento y un senador autonómico.