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Moncloa acusa a Meloni de «motivaciones electorales» en la crisis fronteriza con Italia

El Gobierno de España acusa al gobierno italiano de Giorgia Meloni de acusa al Ejecutivo de Giorgia Meloni de actuar movido por «motivaciones electorales internas» de crear «fracturas y conflictos estériles» allí donde, a su juicio, correspondería buscar el entendimiento europeo.

El Gobierno de España elevó este viernes el tono frente a Italia. En un comunicado difundido por Presidencia del Gobierno, Moncloa exige a Roma que retire antes del domingo 9 de agosto los controles fronterizos impuestos a los viajeros procedentes de España, y advierte de que, si no lo hace, adoptará «medidas proporcionales» en respuesta. El texto no se limita a reclamar el fin de las restricciones: acusa al Ejecutivo de Giorgia Meloni de actuar movido por «motivaciones electorales internas» y de crear «fracturas y conflictos estériles» allí donde, a su juicio, correspondería buscar el entendimiento europeo.

Qué dice el comunicado

El origen de la disputa se remonta al 1 de agosto, cuando Italia reintrodujo controles en su frontera con España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos. Moncloa califica esa decisión de «sin precedentes en la historia reciente» y sostiene que se adoptó «sin aviso previo» y con argumentos que, según el propio texto, no se ajustan «ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad».

El comunicado desgrana varios argumentos para sostener esa acusación. En primer lugar, recuerda que Ceuta mantiene un régimen especial dentro del espacio Schengen, por lo que ninguno de los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma podía acceder libremente al resto del territorio europeo; de hecho, según el Gobierno, la práctica totalidad de ellos ya había regresado a Marruecos en el momento en que Italia anunció sus controles. En segundo lugar, España recurre a datos de Frontex para señalar que Italia es el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las españolas, y recuerda que Roma incumple el Reglamento de Dublín desde 2022, lo que traslada presión migratoria al resto de socios europeos. El texto remata el argumento apelando a la propia trayectoria española: pese a esa disparidad de cifras, Madrid nunca ha impuesto controles a los viajeros italianos y, según el comunicado, se ha mostrado solidaria con Roma acogiendo a parte de los migrantes llegados a Lampedusa en 2023.

Con ese razonamiento, el Gobierno concluye que la medida italiana es «injusta», «discriminatoria» y contraria a los intereses de la Unión Europea, y cierra el comunicado con una velada advertencia: si Italia no rectifica, España adoptará una respuesta equivalente.

De la advertencia a los hechos

El plazo fijado por Moncloa se ha cumplido ya, y el pulso entre los dos gobiernos ha escalado en cuestión de horas. Italia respondió el mismo viernes rechazando el ultimátum español: en un comunicado propio, el Ejecutivo de Meloni afirmó que no acepta «ultimátums ni imposiciones extranjeras» en materia de seguridad nacional, y anunció que mantendrá los controles al menos hasta el 15 de agosto, alegando riesgos de seguridad y terrorismo aún no despejados. Roma ha matizado, eso sí, que sus controles no afectan a los ciudadanos españoles y europeos, sino a los nacionales de terceros países que lleguen desde España.

Ante la negativa italiana, el Gobierno español ha activado ya la reciprocidad anunciada: desde la medianoche del sábado 8 de agosto, España aplica también controles aleatorios de identidad, pasaporte y nacionalidad a los viajeros procedentes de Italia, con vigencia prevista hasta el 7 de septiembre salvo que cambien las circunstancias. La Comisión Europea, por su parte, mantiene registrada la medida italiana hasta el 1 de septiembre y ha recordado que cualquier control fronterizo interno en el espacio Schengen debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y carácter temporal, un principio que ambos gobiernos invocan ahora en sentido contrario.

El comunicado Oficial del Gobierno español completo:

Comunicado oficial del Gobierno de España
Presidencia del Gobierno – 7.8.2026

El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Italia reintrodujo los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival.


Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad, ya que obvian:

Que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo.

Que la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos.

Que Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España.

Que, desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros.

Que, a pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central.

A la luz de todo lo anterior, se concluye que la medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española.

Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.

Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan. Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas.

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