El Defensor del Pueblo Andaluz señala a Almería, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Adra, Níjar y otros municipios de menos de 20.000 habitantes y a Diputación
La institución considera el empadronamiento un «metaderecho», ya que permite acceder a prestaciones sociales, ayudas económicas y procedimientos relacionados con la discapacidad, la dependencia o la residencia administrativa.
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dirigido una resolución a los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Almería y a la Diputación Provincial para garantizar el empadronamiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La actuación se dirige a los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Adra, Níjar, Vera y Huércal-Overa, así como a la institución provincial respecto a los municipios de menor población.
La Defensoría ha constatado, a través de numerosas quejas, las dificultades que encuentran para inscribirse en el padrón personas sin hogar, residentes en chabolas o infraviviendas, familias que carecen de contrato de alquiler y personas migrantes.
La institución considera el empadronamiento un «metaderecho», ya que permite acceder a prestaciones sociales, ayudas económicas y procedimientos relacionados con la discapacidad, la dependencia o la residencia administrativa.
Entre las medidas propuestas, el Defensor reclama que los ayuntamientos registren todas las solicitudes, aunque la documentación presentada esté incompleta, y que no exijan documentos imposibles de aportar. También recomienda admitir la geolocalización y otros medios de prueba para acreditar la residencia en chabolas, así como recibos de suministros, informes de la Policía Local o inspecciones municipales cuando no exista un título de ocupación de la vivienda.
La resolución pide además que las solicitudes puedan tramitarse a través de las sedes electrónicas municipales y que las páginas web ofrezcan los formularios y la información necesaria.
El Defensor recuerda que, cuando una solicitud de empadronamiento no se resuelva en el plazo de tres meses, debe entenderse estimada por silencio administrativo positivo y expedirse el certificado correspondiente. Por último, la institución propone reforzar la coordinación entre los servicios municipales, los servicios sociales comunitarios y las entidades del tercer sector. También plantea recurrir al empadronamiento ficticio en los casos de personas sin domicilio estable y elaborar protocolos que orienten tanto a la ciudadanía como al personal funcionario, con el objetivo de poner a la persona en el centro y evitar que las trabas administrativas agraven su exclusión social y residencial.
