La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local —cuyo propio nombre incluye, sin aparente sentido del ridículo, la palabra «desregulación»— y que dirige el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, se ha convertido en el único departamento del Ejecutivo andaluz que va a contar con dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias.

Opinión contrastada, por Manuel Ortíz Castro

Pocas cosas retratan mejor la insalvable distancia que hay entre el discurso y la práctica política real de Vox que como las que se han aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado el pasado 30 de julio. La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local —cuyo propio nombre incluye, sin aparente sentido del ridículo, la palabra «desregulación»— y que dirige el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, se ha convertido en el único departamento del Ejecutivo andaluz que va a contar con dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias. En total, 35 altos cargos bajo el paraguas de un partido que basó buena parte de su discurso electoral en la promesa de acabar con los «chiringuitos» políticos y reducir el peso de la administración.

Dos mejor que uno

Según la estructura aprobada por el Consejo de Gobierno, la consejería de Gavira contará con 24 puestos de carácter territorial —ocho delegados territoriales y 16 responsables de secretarías generales provinciales, es decir, dos por provincia— a los que se suman otros once altos cargos en los servicios centrales: un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una Secretaría General Técnica y cinco direcciones generales. El propio Ejecutivo autonómico ha justificado esta duplicidad territorial —inédita en el resto del organigrama— alegando «la amplitud de las competencias agrupadas en el nuevo departamento» y la necesidad de garantizar «la eficacia, la coordinación administrativa y la proximidad de los servicios a la ciudadanía», una argumentación que cualquier consejería con varias áreas de gestión podría haber esgrimido igualmente sin que ninguna otra haya recurrido a duplicar sus secretarías provinciales.

El incremento no es un fenómeno aislado de la consejería de Gavira, sino el síntoma más visible de una tendencia que afecta a todo el Gobierno de coalición PP-Vox: el número total de secretarios generales de la Junta sube de 112 a 120 para la presente legislatura, y el conjunto de altos cargos de la administración autonómica pasa de 301 a 314, la cifra más alta de la historia reciente de la Junta de Andalucía. Ese incremento de ocho secretarías generales adicionales supone, solo en concepto de retribuciones, un aumento de 645.656,72 euros en el presupuesto anual de personal del Ejecutivo andaluz, una cifra que se suma al gasto ya comprometido en el resto de la remodelación administrativa pactada entre ambos socios de gobierno.

El discurso «antichiringuitos» y la realidad

El contraste resulta especialmente llamativo porque Vox ha hecho bandera, desde su fundación, de la lucha contra lo que su propio discurso denomina «casta», «enchufismo» y «gasto político superfluo», presentándose como el partido dispuesto a reducir consejerías, suprimir organismos y devolver a la sociedad civil funciones que, a su juicio, la política ha usurpado innecesariamente. La formación de Santiago Abascal ha reclamado en numerosas ocasiones —tanto en Andalucía como en otras comunidades donde ha entrado en gobiernos de coalición con el PP— la eliminación de entes públicos, fundaciones y cargos de designación política que considera prescindibles. Que sea precisamente la consejería que Vox dirige, y que lleva la palabra «desregulación» en su propio nombre, la que termine siendo la única en duplicar su estructura territorial en las ocho provincias andaluzas, no es solo una anécdota llamativa: es la prueba más clara de que, cuando Vox accede a una parcela de poder institucional, sus prioridades organizativas no difieren tanto de las que dice combatir.

La propia portavoz del Gobierno andaluz, la popular Carolina España, ha intentado matizar el impacto político de la remodelación general subrayando que el número de consejerías se mantiene en trece, sin nuevas carteras, y presentando el aumento de cargos intermedios como una cuestión de «solvencia técnica» y agilidad administrativa. Ese argumento, sin embargo, no explica por qué ha sido necesario, específicamente en el área que gestiona el vicepresidente de Vox, duplicar la estructura provincial que el resto de consejerías no ha necesitado replicar.

El organigrama

La consejería de Gavira ha ido completando su cúpula en las últimas semanas con nombramientos que reflejan la cuota de poder institucional que Vox ha obtenido en su pacto con el PP: Rafael Sánchez Saus como viceconsejero, Juan Antonio Aguado Peñas al frente de la nueva Secretaría General de Desregulación, y Alejandro Hernández —predecesor de Gavira como portavoz parlamentario de Vox en Andalucía— recuperado para dirigir la Secretaría General de Turismo. A ellos se suman los ocho delegados territoriales y los dieciséis responsables de las nuevas secretarías generales provinciales duplicadas, en un despliegue que multiplica la presencia institucional del partido de extrema derecha en todo el territorio andaluz, provincia por provincia, con cargo al erario público.

Desregular el Estado, engordar la nómina

El resultado final es una paradoja que se explica sola: el partido que pidió el voto prometiendo un Estado más pequeño ha terminado, en su primera oportunidad real de gestión autonómica, construyendo la estructura administrativa más duplicada de todo el Gobierno andaluz. Mientras la retórica de Vox sigue apelando a la eliminación de la «burocracia inútil», su propia consejería certifica, con datos oficiales publicados en el BOJA, que la desregulación —al menos la de los altos cargos y sus sueldos— tiene un límite muy claro: el de la propia cuota de poder del partido.