La fiscal de Sala de Menores rechaza devolver a los menores de Ceuta: «No tiene sentido»
En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, la fiscal ha sido tajante al valorar el planteamiento defendido por el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo: «No tiene sentido».
Teresa Gisbert, fiscal de Sala Coordinadora de Menores, ha salido al paso este jueves de una de las propuestas que más ruido político ha generado en las últimas semanas en torno a la crisis migratoria de Ceuta: la devolución inmediata y colectiva a Marruecos de todos los menores extranjeros no acompañados que han llegado a la ciudad autónoma. En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, la fiscal ha sido tajante al valorar el planteamiento defendido por el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo: «No tiene sentido».
Un procedimiento, no un automatismo
El argumento central de Gisbert no es ideológico, sino jurídico. La fiscal ha explicado que cualquier retorno de un menor no acompañado debe ajustarse a un procedimiento individualizado que valore, caso por caso, el interés superior del niño, tal y como exigen tanto la legislación española —la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor— como los tratados internacionales que España tiene suscritos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. «La normativa está clarísima y es europea», ha resumido.
Eso no significa, ha matizado, que la devolución de menores sea imposible: «Por supuesto que cabe la devolución de menores, pero no instantánea». Lo que rechaza es precisamente el adjetivo que ha empleado para describir la propuesta popular: un retorno «instantáneo, directo y exclusivo», sin entrevistas previas, sin conocer las circunstancias familiares de cada niño y sin las garantías que exige el ordenamiento europeo, entre ellas el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, en vigor desde el pasado junio aunque todavía no desplegado formalmente en España.
Según ha explicado la fiscal, ese procedimiento pasa por entrevistas personales con intérpretes, la valoración de la situación familiar y personal de cada menor y, cuando es posible, informes sobre las circunstancias que existen en el país de origen, precisamente para evitar que un retorno acabe devolviendo al niño a la misma situación de la que huyó.
«No quieren volver a Marruecos, quieren ir a la península»
Uno de los datos que Gisbert ha aportado en la entrevista tiene, más allá de lo jurídico, un peso testimonial: según su relato, los menores entrevistados hasta ahora en Ceuta han expresado de forma reiterada su voluntad de trasladarse a la península, no de regresar a Marruecos. La fiscal ha añadido un detalle que refuerza esa lectura: hasta la fecha, ningún progenitor se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para reclamar a su hijo, y quienes sí han sido localizados se han mostrado, según su testimonio, conformes con que sea el sistema de protección español el que se haga cargo del menor.
Gisbert ha reconocido asimismo que la gestión práctica del reparto de menores entre comunidades autónomas no está exenta de fricciones. Algunas regiones, ha explicado, ponen inicialmente objeciones a la acogida —alegando falta de plazas u otras limitaciones de capacidad— aunque, según su experiencia, acaban cediendo cuando la Fiscalía interviene para recordarles que la acogida no es discrecional, sino una obligación derivada de los reales decretos de contingencia migratoria: «No tienen más remedio porque es el cumplimiento de la ley».
Un debate que enfrenta al Gobierno con el bloque PP/Vox
Las declaraciones de la fiscal llegan en medio de un pulso político que se ha ido tensando semana a semana desde la llegada masiva de menores no acompañados a Ceuta a finales de julio. El PP y Vox han reclamado la devolución generalizada e inmediata de estos niños, mientras que el Gobierno defiende que cualquier retorno debe ser individualizado, voluntario y acompañado de garantías legales.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha pronunciado en términos similares a los de la fiscal en los últimos días, calificando de «barbaridad» hablar de devolver o «deportar» a menores sin matices, y advirtiendo de que la fórmula de que «los niños deben estar con sus padres» ignora que buena parte de estos menores no tienen familia disponible o proceden de contextos de violencia o abuso que hacen desaconsejable su retorno. El Ministerio de Infancia trabaja en paralelo en el traslado de 500 niñas y adolescentes desde Ceuta a distintos puntos de la península para su acogida.
