Un anciano muere deshidratado tras pasar horas olvidado en un minibús de una residencia concertada de la Junta de Andalucía
La familia denuncia fallos en cadena, mientras la Guardia Civil investiga lo ocurrido y la Junta y su consejera delegada mantienen un perfil bajo
La muerte de un hombre de 84 años en Tomares (Sevilla) ha abierto un inquietante interrogante sobre los protocolos de seguridad, vigilancia y control en los servicios de atención a personas mayores dependientes. El anciano, identificado por su familia como Miguel A. G., falleció el pasado viernes 21 de agosto después de permanecer durante varias horas en el interior del minibús que debía trasladarlo desde su domicilio hasta el centro de día Mimara Tomares.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar si existió algún tipo de negligencia. Mientras tanto, la dirección del centro ha apartado temporalmente de sus funciones al conductor y a una auxiliar sanitaria que participaron en el traslado. La medida, según las informaciones conocidas, tiene carácter preventivo y no implica que se haya establecido responsabilidad alguna.
El caso resulta especialmente grave porque el hombre no habría sido detectado como ausente durante horas. Según ha explicado el entorno familiar a Diario de Sevilla, nadie advirtió que no había entrado en el centro después de ser recogido en su domicilio. Tampoco habría recibido durante ese periodo las comidas ni la medicación que tenía prescrita. La familia sostiene que se produjo una «ausencia total de control» y un «fallo humano en cadena».
De casa al centro de día… y nadie comprobó dónde estaba
Miguel no era un residente permanente de Mimara. Acudía al centro de día, un recurso destinado precisamente a personas dependientes que necesitan atención durante la jornada pero mantienen su residencia habitual en su domicilio.
Según la familia, el servicio comenzaba aproximadamente a las nueve de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. Era, además, el primer mes en que Miguel utilizaba este recurso después de años de espera para obtener asistencia vinculada a la dependencia.
La secuencia que ahora deberá reconstruir la investigación plantea una cadena de preguntas elementales: ¿quién comprobó que el usuario había bajado del vehículo?, ¿quién verificó su llegada al centro?, ¿quién registró su presencia?, ¿quién detectó que faltaba?, ¿quién avisó a la familia?, ¿qué controles existían sobre el transporte y sobre la administración de su medicación?
La familia considera que todas esas barreras de seguridad fallaron simultáneamente.
No corresponde todavía convertir esas preguntas en una sentencia. La investigación de la Guardia Civil y la autopsia tendrán que determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la causa médica del fallecimiento.
El calor como factor agravante
El episodio se produjo en pleno mes de agosto, después de varios días de temperaturas muy elevadas en el área de Sevilla. Según se ha revelado, el primer aviso al 112 apuntó a una muerte compatible con un golpe de calor. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y el resultado de la autopsia será determinante para establecer la causa concreta de la muerte.
Una residencia privada financiada con dinero público
El caso adquiere también una dimensión política porque Mimara Tomares forma parte del modelo de colaboración público-privada utilizado por la Junta de Andalucía para prestar servicios de dependencia.
La propia residencia informa de que está gestionada por Mimara desde 2023 y dispone de 32 plazas residenciales, de las que 20 están concertadas con la Junta de Andalucía. En su centro de día dispone además de 20 plazas, diez de ellas concertadas.
La documentación oficial de la Junta confirma que MIMARA RESIDENCIAL, S.L.U. figura entre las entidades vinculadas al sistema de plazas concertadas de Tomares. Se trata de un centro de titularidad y gestión privada que presta una parte de sus servicios mediante plazas concertadas con la Administración.
La Junta de Andalucía ha apostado durante los gobiernos de Moreno por ampliar el sistema de conciertos con centros privados. En junio de 2025 anunció la incorporación de 3.000 nuevas plazas para personas mayores en centros de titularidad privada mediante el denominado Concierto Social.
Y en junio de 2026 el Gobierno andaluz autorizó un nuevo concierto social de 26.328 plazas para personas dependientes, con un presupuesto superior a 776 millones de euros. De ellas, 18.540 corresponden a atención residencial y 7.788 a centros de día para personas mayores.
