Loles López, la prueba viviente de que no hay PProgres, ni centristas, en el gobierno de Moreno Bonilla
Loles López. nacida en Valverde del Camino (Huelva) en 1977, licenciada en Derecho, su carrera es la de una dirigente ‘nacida y criada’ en el Partido Popular: diputada autonómica desde 2008, alcaldesa de su pueblo entre 2011 y 2016, secretaria general del PP-A entre 2014 y 2022 y presidenta del grupo parlamentario popular en el Parlamento andaluz.
Antes de analizar su gestión al frente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad —hoy rebautizada como Servicios Sociales, Familias e Igualdad— conviene aclarar quién es Loles López. Nacida en Valverde del Camino (Huelva) en 1977, licenciada en Derecho, su carrera es la de una dirigente ‘nacida y criada’ en el Partido Popular: diputada autonómica desde 2008, alcaldesa de su pueblo entre 2011 y 2016, secretaria general del PP-A entre 2014 y 2022 y presidenta del grupo parlamentario popular en el Parlamento andaluz. Es, en definitiva, una de las personas de mayor confianza de Juanma Moreno, a quien acompaña desde el inicio de su etapa como presidente de la Junta.
Este dato no es accesorio. López suele presentarse públicamente como una gestora «de centro», situada, en sus propias palabras, entre el PSOE y Vox en materia de igualdad. Claro, entre el PSOE y Vox, equidistante. Sin embargo, un repaso a las decisiones concretas de su Consejería durante los últimos años muestra un patrón bastante menos ‘equidistante’: concesiones reiteradas al marco ideológico de la extrema derecha y una apuesta sostenida por la privatización de servicios públicos esenciales, envuelta en un discurso de eficiencia y modernización que no es tal.
El teléfono que Vox impuso y el PP mantiene y mantendrá
El ejemplo más citado, y probablemente el más revelador, es el del teléfono de atención a la «violencia intrafamiliar». Este servicio fue creado en octubre de 2020 por el primer Gobierno de Moreno, cuando el PP gobernaba en minoría con Ciudadanos y dependía de los votos de Vox para sacar adelante los presupuestos. El término «violencia intrafamiliar» no es una elección semántica neutra: fue una exigencia expresa de la ultraderecha, que niega que las agresiones y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas deban entenderse desde la perspectiva de género, y prefiere diluirlos en la categoría genérica de conflictos «domésticos».
Lo llamativo es que ese teléfono se ha mantenido intacto incluso después de que el PP obtuviera mayoría absoluta en 2022 y dejara de necesitar los votos de Vox. Los propios datos publicados por la Consejería que dirige López lo dejan en evidencia: entre julio de 2023 y febrero de 2025 se registraron 697 llamadas a ese servicio, mero el 66 % de las cuales tuvieron que derivarse a otros dispositivos ya existentes —de violencia de género, de maltrato a mayores o a menores—, lo que demuestra que el propio teléfono duplica recursos sin aportar una atención diferenciada real. Pese a ello, la consejera ha defendido públicamente su continuidad con el argumento de que «no va a eliminar ningún servicio», situando en el mismo plano a quienes piden su supresión por inútil (la izquierda parlamentaria) y a quienes piden cerrar el Instituto Andaluz de la Mujer (Vox), como si ambas posturas fueran ideológicamente equivalentes. Esa falsa equidistancia —tratar como dos extremos simétricos la defensa del marco de la violencia de género y su negación— es, en sí misma, una concesión al relato negacionista de la ultraderecha, por mucho que se revista de moderación.
Dependencia y residencias: la privatización encubierta
En el terreno de la dependencia y la atención a mayores, la Consejería de López ha protagonizado varios de los frentes de conflicto social más intensos de la legislatura. Según los datos manejados por sindicatos y plataformas ciudadanas, Andalucía llegó a acumular más de 60.000 personas en lista de espera para el reconocimiento de su situación de dependencia, con una demora media que ha llegado a superar los 600 días, y un déficit estimado de más de 30.000 plazas residenciales frente a la demanda existente. La propia consejera ha reconocido en el Parlamento la existencia de miles de expedientes pendientes de resolución, si bien atribuye sistemáticamente la responsabilidad a la herencia de gobiernos socialistas anteriores.
Frente a esta situación, la respuesta de la Consejería no ha sido reforzar la red pública de gestión directa, sino apostar de forma creciente por la externalización: conciertos con empresas privadas, fórmulas de gestión indirecta en nuevas residencias construidas con fondos públicos y una arquitectura de «colaboración público-privada» que, en la práctica, traslada la prestación de un derecho subjetivo reconocido por ley —la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la conocida Ley de Dependencia— a operadores mercantiles cuya prioridad legítima es la rentabilidad, no el interés general. Plataformas sindicales y sociales han denunciado expresamente esta deriva como una política «privatizadora» que combina la reducción de ingresos públicos —consecuencia de las sucesivas rebajas fiscales aprobadas por el propio Gobierno andaluz— con el traslado de recursos hacia la iniciativa privada, en detrimento de la calidad y la universalidad del servicio.
Incluso el debate estadístico ilustra bien el problema: mientras la Consejería presume de una ocupación del 97,97 % en el conjunto de la red residencial, informes parlamentarios han señalado que los centros de gestión directa —es decir, los verdaderamente públicos— presentan una ocupación media notablemente inferior, en torno al 67 %, con más de un 30 % de plazas sin cubrir por falta de planificación y de personal. Es decir: la red pública languidece con plazas vacías por falta de recursos humanos y de gestión, mientras crece la derivación hacia la red concertada. No es una paradoja, es una estrategia política y económica.
Subvenciones a «colectivos de mujeres»: ¿a quién se financia y con qué criterio?
El tercer eje de controversia tiene que ver con el uso político de las subvenciones destinadas al movimiento asociativo de mujeres. Aunque el Instituto Andaluz de la Mujer mantiene sus convocatorias ordinarias de ayudas a asociaciones y federaciones de mujeres —dotadas con varios millones de euros anuales para proyectos de empleo, formación o prevención de la violencia machista—, el patrón general del Gobierno de Moreno en esta legislatura ha sido objeto de críticas por primar, en determinadas líneas de subvención vinculadas a políticas de familia, a entidades de ideario provida o confesional frente a organizaciones históricamente feministas. El caso más documentado se produjo cuando la Consejería de Salud y Familias, dentro del mismo Ejecutivo autonómico y bajo la presión presupuestaria de Vox, exigió a las entidades solicitantes de una línea de ayudas a la maternidad que tuvieran expresamente recogida en sus estatutos «la protección y defensa de la vida» o el apoyo a «la mujer embarazada», un requisito que dejó fuera de esa convocatoria, por ejemplo, a Cruz Roja o a la histórica Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent e incluyó a la algo más que dudosa Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) fundada por la política y exsenadora Carmen Quintanilla Barba, una maquinaria engrasada para captar fondos y para llenar actos del PP, que, por cierto, está bajo la lupa desde hace un tiempo, y a la que se le adjudicó precisamente «la protección y defensa de la vida» o el apoyo a «la mujer embarazada», viniendo y continuando con actividades relacionadas con el encaje de bolillos y otras parecidas propias de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera.
Que esa exigencia concreta recayera en otra Consejería no exime a Loles López de responsabilidad política: como responsable de Igualdad y vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, forma parte del mismo Gobierno que ha normalizado, línea de subvención tras línea de subvención, la financiación pública de asociaciones cuyo objeto social no es la defensa de la igualdad de género ni la autonomía de las mujeres, sino modelos ideológicos que cuestionan derechos —como el aborto— ya reconocidos por ley en España. Presentar esta dinámica como una simple diversificación del tejido asociativo, «especialmente en el medio rural», diluye un debate de fondo: no es lo mismo financiar a quien trabaja por la igualdad real que a quien trabaja, con dinero público, en sentido contrario a ella.
La centralidad como coartada
Loles López suele reivindicarse como una gestora alejada de «los extremos». Pero la centralidad no puede medirse únicamente en el terreno retórico ni con los gestos: hay que mirar los presupuestos, las adjudicaciones y las normas que se mantienen o se derogan. Y ahí, el balance de su gestión —el teléfono impuesto por Vox que se conserva sin utilidad demostrada, el avance sostenido de la privatización en dependencia y residencias, y la financiación pública de entidades de ideario contrario a los derechos de las mujeres— dibuja el perfil de una política que ha normalizado, en la práctica, buena parte del marco ideológico de la derecha más conservadora, aunque lo administre con un tono institucional y aparentemente moderado.
Es justo señalar que la propia consejera y su partido ofrecen una lectura distinta de estos mismos hechos: atribuyen las listas de espera en dependencia a una herencia de gestión socialista previa, reivindican los datos de ocupación global de la red residencial y defienden el mantenimiento del teléfono de violencia intrafamiliar como una forma de no dejar a ninguna víctima sin atención, cualquiera que sea el tipo de violencia sufrida. Ese es el relato oficial. Los datos de listas de espera, los criterios de las convocatorias de subvenciones y el propio origen político del teléfono de «violencia intrafamiliar» —documentado por la propia hemeroteca de estos años— permiten al lector contrastar ese relato con los hechos y sacar sus propias conclusiones.
