LaVerdad.tech ha tenido acceso al informe completo del CENIF, un informe muy puesto en duda que una jueza, Tardón, pidió hace un mes y se remitió recientemente con material improvisado de las de las redes y sin contrastar fuentes.

Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, concluye que aquellos hechos no respondieron a un fenómeno migratorio espontáneo, sino a un proceso planificado con fases diferenciadas de antes, durante y después. No obstante hay serias dudas sobre la calidad de las fuentes, como ha indicado, por ejemplo, el ministro de Tranportes: ‘Post

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Conversación

Óscar Puente

@oscar_puente_

A mi, esto de que un informe policial se base en fotos de vídeos que rulan por las redes y que tienen hasta notas de la comunidad por su falsedad…’

El documento, fechado a finales de agosto y emitido muy recientemente a la polémica jueza Tardón y filtrado inmediatamente, llega en un momento delicado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha pedido explicaciones por escrito al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, sobre desde cuándo se conocía su contenido.

Las cifras

El propio informe, de baja calidad y poco documentado, reconoce, en su apartado de conclusiones sobre el volumen de entradas, la imposibilidad de dar una cifra fiable: las estimaciones oficiales manejadas en las semanas posteriores a la crisis oscilaron entre las 49.200 personas que registró la Guardia Civil el primer día, las 78.000 que llegó a citar el presidente de Ceuta el 6 de agosto y las 72.000 que dio el propio Marlaska el 11 de agosto, con un cálculo final del CENIF que sitúa la horquilla más probable entre 75.000 y 85.000 entradas en apenas 48 horas, un periodo en el que la zona fronteriza de El Tarajal permaneció prácticamente inoperativa a efectos de control durante en torno a diez horas seguidas. En cuanto a los retornos a Marruecos, las cifras manejadas —entre 65.000 y 75.000 personas— proceden de estimar la diferencia entre el total de entradas y la bolsa de inmigrantes que permanecía en la ciudad.

El informe también recoge el balance más trágico del episodio: las autoridades españolas recuperaron 82 cadáveres en aguas próximas a Ceuta vinculados directamente a la entrada del 30 de julio, mientras que Marruecos reconoció oficialmente solo 14 fallecidos, una discrepancia que el propio documento no llega a explicar. Como consecuencia colateral, organizaciones criminales asentadas en la ciudad aprovecharon la bolsa de personas que permanecía en territorio español para ofrecer traslados irregulares a la Península: el CENIF contabilizó 148 personas llegadas a las costas de Cádiz y Málaga en 29 embarcaciones entre el 30 de julio y el 19 de agosto, a un precio muy inferior al habitual en esa ruta —en torno a 5.000 euros por persona, frente a los 12.000-20.000 euros que se pagaban antes de la crisis—, lo que el informe interpreta como un aprovechamiento oportunista más que como una operación planificada de esas organizaciones porque es una práctica desgraciadamente habitual.

Esta disparidad de cifras, señala el informe, no es un simple problema estadístico: la imposibilidad de cuantificar la entrada implica también la imposibilidad de dimensionar la amenaza y, por tanto, de planificar una respuesta proporcionada, algo completamente falso porque los datos se están cuantificando todavía.

Una operación menor a la que se sumaron otras operaciones

El informe deja constancia de que el propio CENIF no fue sorprendido por completo: ya el 27 de julio, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ceuta había remitido un formulario de hechos relevantes advirtiendo del riesgo de entradas masivas a nado, y el 29 de julio —un día antes de los hechos— el centro emitió una primera alerta formal de riesgo dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. A esa alerta le siguieron otras seis en los diez días posteriores, incluida una dirigida a Canarias por el riesgo de reactivación de la ruta canaria y otra, el 4 de agosto, que ya advertía de la posible convocatoria de una segunda entrada masiva para el 15 de agosto vinculada a movimientos de la plataforma juvenil GenZ212. Es decir: el sistema de alerta temprana funcionó sobre el papel, pero no se tradujo en una respuesta operativa capaz de evitar el colapso del control fronterizo, porque este tipo de notificaciones son idénticas a otras muchas.

Redes sociales

Buena parte del documento se dedica a reconstruir cómo se gestó la convocatoria en redes sociales en los días previos. El CENIF detectó un crecimiento explosivo de mensajes en grupos de Facebook, TikTok y WhatsApp entre el 28 y el 31 de julio, con un pico de casi 2.000 mensajes diarios el 30 de julio —un aumento de más del 3.000% respecto a la actividad habitual—, coincidiendo con la festividad del Día del Trono en Marruecos —lo que, según el informe, redujo la presencia de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza al concentrarse en los actos oficiales— y con la difusión distorsionada de una sentencia del Tribunal Supremo de finales de junio, convertida en redes en el mensaje simplificado de que quien entrase a nado no podría ser devuelto.

El informe describe además una evolución muy marcada en el tono de los mensajes según la fase: en los días previos predominaban peticiones de información y mensajes de ánimo en aplicaciones abiertas; en la antesala inmediata, la conversación se trasladó a grupos cerrados de WhatsApp con instrucciones operativas de agrupación y rutas concretas hasta la localidad fronteriza de Fnideq; durante las propias jornadas del 30 y 31 de julio, los mensajes se generalizaron a todas las plataformas simultáneamente con un tono de urgencia y llamamiento inmediato a sumarse; y ya a partir del día 30 aparecieron mensajes de quienes habían accedido a Ceuta compartiendo consejos para evitar la expulsión y pasar desapercibidos dentro de la ciudad. El informe cita también la circulación en redes marroquíes de un cartel con la imagen de Pedro Sánchez que difundía la idea, igualmente distorsionada, de que España estaba a punto de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes, usando como fecha límite el propio 30 de julio.

El informe también apunta a un patrón de diseño casi profesional en la propagación de los mensajes, compatible con un modelo de viralización de contenidos conocido como método SPREAD, desarrollado originalmente en el ámbito académico del marketing digital, lo que a su juicio resulta difícil de conciliar con un origen puramente espontáneo y descoordinado. Del análisis de los números de teléfono que administraban o dinamizaban los grupos monitorizados, el CENIF concluye que el 90,8% correspondía a líneas con prefijo marroquí, mientras que el 9,2% restante se repartía entre teléfonos de otros países del Magreb, del África subsahariana, europeos —incluida España— y de varios países de Oriente Próximo y el Golfo Pérsico, sin que el informe atribuya a ninguno de esos orígenes un papel director sobre los demás.

Circunstancias muy especiales

El informe dedica un capítulo completo a analizar, con los criterios de delincuencia organizada de Europol, las estructuras criminales que operan en Ceuta y su entorno, para concluir que ninguna de ellas tiene el perfil ni la capacidad necesaria para haber organizado la entrada masiva. Por un lado, identifica entre cuatro y seis grupos dedicados al narcotráfico (hachís por vía terrestre y cocaína por vía marítima), con alto nivel de organización logística en la ciudad pero sin ningún indicio, pese al elevado número de investigaciones policiales abiertas contra ellos, de que combinen esa actividad con el tráfico de personas. Por otro, sitúa en torno a cinco los grupos dedicados al traslado irregular de personas hacia la Península, con una capacidad conjunta estimada de entre 200 y 300 inmigrantes al día como máximo —muy lejos de las decenas de miles de personas movilizadas en 48 horas—, y sin que conste en las más de 2.900 investigaciones policiales abiertas contra estas redes desde 2024 una sola referencia a que hubieran promovido o participado en la convocatoria del 30 de julio.

Tres oleadas con perfiles distintos

Uno de los elementos más citados del informe es la distinción entre tres oleadas de entrada a lo largo del 30 de julio, cada una con un perfil demográfico y una indumentaria característicos. La primera, hasta las once de la mañana, momento en que se abrieron los accesos, estaba compuesta por varones de entre 15 y 25 años —con un porcentaje alto de menores—, equipados con trajes de neopreno, aletas y objetos de flotabilidad, y de nacionalidad marroquí en un 95-98% de los casos. La segunda oleada, entre las once de la mañana y las diez de la noche, incorporó a personas de hasta 40 años, grupos familiares completos y niños de corta edad —estimados entre un 18% y un 25% del total—, vestidos con ropa deportiva y chanclas sin equipamiento específico, y con una presencia creciente de personas de origen subsahariano, que el informe sitúa entre el 20% y el 25% de los identificados ese tramo. La tercera oleada, desde las diez de la noche del día 30 y durante el día 31, recupera el perfil de la primera: varones jóvenes, equipados para el cruce a nado y de nacionalidad marroquí de forma casi exclusiva.

El informe interpreta este patrón como una secuencia táctica destinada primero a colapsar el control fronterizo mediante un perfil con capacidad física para forzar la entrada, y después a neutralizar cualquier capacidad de respuesta mediante la incorporación de núcleos familiares, cuya presencia dificulta el uso de medios de contención por parte de las fuerzas de seguridad.

Agentes marroquíes y «dinamizadores» no identificados

El informe recoge imágenes, obtenidas de fuentes abiertas, en las que se observa a agentes uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes indicando a las personas el camino para acceder a España. Además, señala la presencia de un número reducido de individuos no uniformados, de comportamiento distinto al de la masa de personas que cruzaba la frontera, a los que atribuye funciones de coordinación sobre el terreno. El documento no identifica a estas personas ni las vincula formalmente con ninguna estructura estatal marroquí.

Una estructura en cinco niveles, con la cúpula sin identificar

Para explicar cómo fue posible movilizar, dirigir y escalonar por perfiles a decenas de miles de personas sin que se registraran atropellos, bloqueos de carreteras ni problemas graves de orden público durante casi 48 horas, el informe propone un esquema de cinco niveles de responsabilidad. En la base sitúa a las propias personas que cruzaron la frontera, de las que calcula que solo entre un 5% y un 10% tenía una intención migratoria real —el resto habría entrado y salido en cuestión de horas, movido por el mensaje viralizado y la sensación de «ocasión histórica»—. Por encima sitúa a los «dinamizadores» que impulsaron la campaña en redes sociales, y a un tercer nivel de «organizadores del flujo sobre el terreno», en el que incluye tanto a agentes marroquíes uniformados como a un grupo reducido de personas no uniformadas cuyo comportamiento —según el análisis de vídeos e imágenes de fuentes abiertas— no encajaba con el de la masa de personas que entraba o salía del territorio español. Un cuarto nivel correspondería a la planificación técnica del proceso, y un quinto, el de la dirección estratégica, es el que el informe reconoce expresamente no haber podido individualizar: «no se ha podido individualizar a quién o quiénes forman parte de este nivel de responsabilidad», aunque sí enumera una serie de elementos —la ocultación deliberada de la autoría, el alto nivel técnico requerido y el paralelismo con episodios anteriores— que a su juicio apuntan a una dirección coordinada.

Un patrón que ya se había visto en 2021 y 2024 pero con notables diferencias

El documento dedica una comparativa a otros dos episodios de entrada masiva en Ceuta, en mayo de 2021 y en agosto-septiembre de 2024, para señalar continuidades: en los tres casos se repite el patrón de una campaña previa en redes sociales, una fase de permisividad o reducción de la vigilancia marroquí durante la entrada, un cambio de perfil de los inmigrantes a lo largo del proceso, y una convocatoria posterior de réplica varias semanas después que, a diferencia de la primera, sí es neutralizada con contundencia por las autoridades marroquíes.

La progresión en volumen entre los tres episodios es, según los propios datos del informe, muy pronunciada. En 2021 entraron entre 10.000 y 12.000 personas, de las que retornaron entre 7.500 y 8.500, con entre 1.900 y 2.000 menores no acompañados (MENAs) registrados después; la convocatoria de réplica de ese año ni siquiera llegó a materializarse. En 2024 la entrada inicial fue mucho más contenida —entre 1.000 y 2.000 personas—, con entre 400 y 500 MENAs registrados, y la convocatoria posterior del 15 de septiembre fue controlada por Marruecos con un despliegue reforzado y 3.795 detenidos, sin que trascendieran incidentes en la frontera española. En 2026, la entrada del 30 y 31 de julio multiplica esas cifras por un factor de entre seis y ocho, con entre 2.000 y 3.000 MENAs estimados, y la réplica del 15 de agosto, protagonizada mayoritariamente por personas de origen subsahariano frente al perfil casi exclusivamente marroquí del episodio principal, terminó con 294 detenidos según fuentes de prensa marroquí, de los cuales unos 248 eran subsaharianos.

El informe interpreta esta evolución como el resultado de un aprendizaje acumulado: la organización de 2026 se presenta como «mucho más elaborada y eficiente» que sus precedentes, tanto en el volumen de personas movilizadas como en la sofisticación de la campaña digital previa.

La disputa por el relato: lo que dicen los medios y autoridades marroquíes

El informe dedica un apartado a lo que llama narrativa y contranarrativa oficial marroquí, señalando que en los tres episodios analizados —2021, 2024 y 2026— las autoridades y medios de comunicación marroquíes, o vinculados directa o indirectamente al régimen, difundieron explicaciones alternativas a la de una simple presión migratoria. En 2021, el relato dominante giró en torno al acogimiento en España de un dirigente del Frente Polisario por motivos médicos y a un supuesto acercamiento español a Argelia. En 2024, la explicación oficial se centró en bulos y campañas de desinformación en redes sociales, sin referencias a conflictos diplomáticos.

En 2026, el informe recopila varias líneas narrativas simultáneas presentes en medios marroquíes o afines, y cita ejemplos concretos ya publicados: un artículo de ABC del 30 de julio recogiendo que Marruecos atribuyó la entrada masiva a bandas criminales de tráfico de personas; una pieza de La Razón del 2 de agosto que vinculaba la «invasión» de Ceuta a una dinamización previa desde redes sociales argelinas; un artículo del medio marroquí Le360 que presentaba lo ocurrido como consecuencia inevitable del estatus de Ceuta y Melilla como «ciudades ocupadas»; y una pieza de Infobae que analizaba el triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos como telón de fondo de la crisis, a raíz de la visita del presidente español a Argelia y de los acuerdos para conceder la nacionalidad española a personas de origen saharaui. El informe no valora la veracidad de estas narrativas, pero las incluye como parte del «factor de perfil internacional o geopolítico» que atribuye a la fase posterior a la entrada masiva.

Cómo operan las redes

Aunque el CENIF concluye que ninguna organización criminal tenía capacidad para orquestar la entrada masiva, sí describe con detalle los modus operandi habituales del tráfico de personas desde Marruecos: el uso de narcolanchas de varios motores para trayectos rápidos de ida y vuelta; embarcaciones precarias, neumáticas o de madera, de un solo uso; el sistema de «barco nodriza más bote», en el que un pesquero traslada a los migrantes hasta aguas internacionales para transbordarlos a una embarcación inflable sin motor desde la que se avisa a Salvamento Marítimo; y, específicamente en la ruta de Ceuta, la facilitación de la entrada a nado mediante material de flotación, un guía durante el trayecto y «casas seguras» dentro de la ciudad autónoma. Cada una de estas modalidades está asociada a una ruta geográfica distinta —Nador-Almería, Sáhara Occidental-Canarias, Tánger-Cádiz y Castillejos-Ceuta—, con tarifas que en la ruta general del Mediterráneo se sitúan entre 6.000 y 15.000 euros por persona.

Lo que el informe no dice

Pese a la contundencia de algunas de sus conclusiones, el CENIF es explícito en dos aspectos que conviene no perder de vista. Primero, descarta que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas tuvieran capacidad para organizar un movimiento de esta magnitud, y no encuentra indicios de su participación en la planificación. Segundo, y pese a hablar de «permisividad» en el lado marroquí de la frontera, el informe no llega a atribuir de forma directa al Gobierno de Marruecos como institución la autoría de lo ocurrido: sobre quién ocupa el nivel de dirección estratégica del proceso, el propio documento reconoce que, a la fecha de su entrega, no ha sido posible individualizar responsables.

Los efectos, según el propio informe

En sus conclusiones finales, el CENIF enumera los efectos que atribuye al proceso en distintos planos: un impacto institucional derivado de la saturación de las capacidades de prevención, contención y asistencia; un impacto sobre la sociedad civil que incluye desde la agitación de perfil sociopolítico hasta el deterioro de la confianza en las instituciones; un efecto de naturaleza geopolítica ligado al deterioro de la imagen exterior de España; y lo que el informe describe como una «evidente desestabilización política interna» en la coordinación de la respuesta entre las distintas estructuras del Estado implicadas. El documento apunta también, como posible efecto añadido, un cuestionamiento sobre la capacidad de detección previa del CNI, que califica como una eventual «acción de contrainteligencia ofensiva de manual», sin desarrollar más esa hipótesis.

La contradicción que ha estallado en Interior

Horas después de conocerse el contenido del informe, el director general de la Policía Nacional respondió a la petición de explicaciones de Marlaska negando que exista un informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido. Esa respuesta choca con lo que trasciende del propio documento del CENIF, que sí describe indicios de coordinación con participación de agentes marroquíes, aunque sin el nivel de certeza judicial que supondría una imputación formal.

La instrucción judicial en la Audiencia Nacional sigue abierta, y ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han hecho pública una versión oficial y unificada de lo que efectivamente contiene el informe.