El IPC se dispara al 4,3% en agosto

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró agosto en el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y la tasa más alta desde febrero de 2023. Culpables: los carburantes, que se encarecieron un 21,3% en un año marcado por el shock energético derivado del conflicto en Irán. La inflación subyacente, en cambio, sigue moderándose. Repasamos qué hay detrás del dato y qué implicaciones tiene para hipotecas, pensiones y negociación salarial.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este martes lo que ya había avanzado a finales de agosto: el IPC general se situó en el 4,3% interanual, encadenando su segundo mes consecutivo de aceleración —tras el 3,6% de julio— y dejando atrás la relativa estabilidad de abril, mayo y junio, cuando la tasa se mantuvo anclada en el 3,2%. En términos mensuales, los precios subieron un 0,7% respecto a julio, el séptimo mes consecutivo de subidas.

El dato no es homogéneo. Mientras el índice general se dispara, la inflación subyacente —el indicador que excluye energía y alimentos frescos por ser sus componentes más volátiles, y que los analistas consideran más representativo de la tendencia de fondo— bajó una décima, hasta el 2,9%. Esa divergencia es la clave de lectura de todo el informe: no estamos ante un repunte generalizado de precios, sino ante un shock muy concentrado en un único frente, la energía, que arrastra al índice general mientras el resto de la economía sigue enfriándose con normalidad.

El origen

El grupo de transporte fue, con diferencia, el gran protagonista del mes: su tasa interanual escaló más de tres puntos, hasta el 9,5%, su nivel más alto desde agosto de 2022, arrastrado casi en su totalidad por el encarecimiento de los carburantes y combustibles, que se dispararon un 21,3% frente a la caída de precios registrada en agosto de 2025. Los productos energéticos en su conjunto llegaron a anotar un incremento interanual cercano al 17%, frente al 10,1% de julio.

Detrás de esta escalada hay dos factores que se han retroalimentado. Por un lado, el conflicto en Irán y sus derivadas sobre el mercado internacional del petróleo han tensionado los precios del crudo a nivel global. Por otro, la reducción temporal de las ayudas públicas a los carburantes aprobadas por el Gobierno ha dejado que una mayor parte de ese encarecimiento internacional se traslade directamente al surtidor, sin el colchón que amortiguó episodios similares en 2022 y 2023. El resultado es un componente energético que actúa como un impuesto encubierto sobre la movilidad, especialmente gravoso para quienes no pueden prescindir del coche para ir a trabajar.

Conviene además situar el dato en perspectiva europea: Eurostat cifró la inflación de la eurozona en el 3,3% en agosto, también su nivel más alto en tres años, con los precios energéticos disparándose un 14,3% en el conjunto del bloque monetario. España no es, por tanto, una anomalía aislada, sino la punta más visible de una tensión energética que atraviesa a todo el continente.

Quién paga la factura: hogares, hipotecas y ahorro

El impacto inmediato se nota en dos frentes muy concretos para las familias. El primero es el del bolsillo directo: cada litro de combustible más caro reduce el margen disponible para el resto del consumo, un efecto que pesa de forma desproporcionada sobre los hogares con menor renta, que destinan una parte mayor de su presupuesto a transporte y energía.

El segundo frente es financiero. El repunte de la inflación en la eurozona deja al Banco Central Europeo en una posición incómoda, con parte de su Consejo de Gobierno defendiendo mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo para evitar que el shock energético se traslade a las expectativas de precios. El mercado ya ha empezado a descontar ese escenario: el euríbor a un año ha pasado del 2,17% en septiembre de 2025 al 3,07% actual, lo que encarece directamente la cuota de las hipotecas variables en su próxima revisión, al tiempo que mejora —vía depósitos y letras— la remuneración del ahorro conservador.

La cuenta pendiente: pensiones y nóminas

Más allá del impacto inmediato, el dato de agosto tiene una derivada de calado presupuestario. Desde la reforma de pensiones de 2021, la revalorización anual de las pensiones contributivas se calcula con la media de las tasas interanuales del IPC entre diciembre y noviembre de cada año. Con los datos conocidos hasta agosto —una media provisional en torno al 3,15%-3,16%—, la revalorización de 2027 apunta ya a ser la mayor de los últimos tres ejercicios, solo por detrás del histórico 8,5% de 2023, cuando la invasión de Ucrania disparó los precios de la energía. Una pensión de 1.000 euros mensuales podría subir en torno a 30-34 euros al mes, según cómo evolucione la inflación en los tres meses que faltan para cerrar el cómputo.

Ese mismo mecanismo, que protege el poder adquisitivo de los pensionistas, es también una losa para las cuentas públicas: cada punto adicional de inflación se traduce en miles de millones de euros más de gasto en pensiones contributivas, en un contexto en el que la Seguridad Social ya ha necesitado transferencias extraordinarias del Estado para cuadrar sus cuentas este año.

En el terreno salarial, el escenario es más incómodo todavía. Los convenios colectivos firmados este año contemplan, en su mayoría, subidas salariales en torno al 3%, claramente por debajo del 4,3% de inflación general. Si la brecha no se corrige en la negociación de los próximos meses, el resultado será una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, justo cuando muchos convenios ya incorporan cláusulas de revisión atadas al IPC que ahora se activarán con más fuerza de la prevista.

Lo que hay que vigilar a partir de ahora

El propio INE recuerda que el dato conocido a finales de agosto tenía carácter de indicador adelantado y que la cifra definitiva, con el desglose completo por grupos de gasto, se conocerá en las próximas semanas. Los analistas coinciden en tres frentes a observar de cerca en el corto plazo:

• Si el impacto energético se prolonga o se diluye. Todo dependerá de la evolución del conflicto en Irán y de si el Gobierno retoma o no las ayudas a los carburantes que se han dejado caer temporalmente.
• Si la subyacente aguanta. Mientras la inflación de fondo siga moderándose, el episodio actual podrá interpretarse como un shock puntual de oferta; si empezara a repuntar, sería la señal de que la energía está trasladándose al resto de precios.
• La reunión del BCE. El organismo europeo afronta el dato con el argumento reforzado para quienes defienden no precipitar nuevas bajadas de tipos, lo que alargaría la presión sobre las hipotecas variables y el crédito en general.

Con la inflación general en su nivel más alto en tres años y la subyacente todavía contenida, agosto deja un mensaje con matices: España no ha entrado en una espiral inflacionista generalizada, pero sí se enfrenta a un invierno en el que el precio de llenar el depósito volverá a ser, una vez más, la variable que más pesa sobre la cesta de la compra y sobre las cuentas del Estado.