María Jesús Montero exige a Moreno Bonilla «alternativas» tras el informe de la Cámara de Cuentas sobre la financiación de Andalucía
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero ha aprovechado el informe de la Cámara de Cuentas sobre los resultados del actual sistema de financiación autonómica para Andalucía para arremeter contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que actúa por puro sectarismo.
A Juicio de María Jesús Montero, las conclusiones del órgano fiscalizador —solicitado por el propio Gobierno andaluz— confirman el diagnóstico de infrafinanciación que su partido lleva años denunciando y respaldan la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que convertiría el rechazo de Moreno Bonilla a esa reforma en un gesto de «puro sectarismo».
Qué dice realmente el informe de la Cámara de Cuentas
Antes de entrar en la batalla política, conviene aclarar qué es lo que el órgano fiscalizador andaluz ha constatado de forma objetiva. Según el propio informe, analizado entre 2009 y 2023, los recursos recibidos por Andalucía a través del sistema de financiación autonómica cubrieron de media solo el 77,99% de su gasto no financiero, lo que se traduce en una insuficiencia media global de 5.855 millones de euros anuales. Si el análisis se limita a los tres grandes pilares del Estado del bienestar —sanidad, educación y servicios sociales—, esa brecha se reduce a 4.333,15 millones de euros al año.
El informe sitúa además a Andalucía en el puesto 13 de las 15 comunidades autónomas de régimen común en financiación homogénea por habitante ajustado, con un índice medio de 95,28 puntos sobre 100. La Cámara de Cuentas apunta directamente a un problema técnico de fondo: la definición actual de «población ajustada» —la variable que determina cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio— no reflejaría adecuadamente las necesidades reales de cada comunidad.
El órgano fiscalizador analiza también el funcionamiento de los mecanismos de nivelación entre comunidades: las diferencias de partida por capacidad tributaria (21,04 puntos) se reducen a 5,80 puntos gracias al Fondo de Garantía, pero vuelven a ampliarse hasta 8,08 puntos una vez aplicados el Fondo de Suficiencia y los Fondos de Convergencia, lo que sugiere que el sistema actual no corrige del todo las desigualdades iniciales entre territorios.
La lectura política de Montero: «puro sectarismo»
Sobre esa base técnica, Montero construye su argumento central: si la propia Cámara de Cuentas cifra la insuficiencia estructural en 4.333 millones de euros anuales, y el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central pondría sobre la mesa 5.800 millones adicionales para 2027, el rechazo de Moreno Bonilla a esa reforma resultaría, en sus palabras, incomprensible salvo que responda a motivos partidistas: «No se entiende que Moreno Bonilla, por atender las directrices de Génova, diga que no a 5.800 millones cuando la Cámara de Cuentas acaba de darle la razón al Gobierno de España».
La dirigente socialista resume la contradicción que atribuye al presidente andaluz en una comparación de cifras: la Cámara detecta una necesidad de 4.333 millones y el Gobierno ofrece 5.800, por lo que, a su juicio, la pregunta pendiente de respuesta es qué alternativa concreta plantea el PP si rechaza esos recursos. Montero no se limita a reclamar la aceptación de la reforma, sino que exige explícitamente a Moreno Bonilla que explique su propuesta alternativa, algo que, según denuncia, no se ha producido: «Puro sectarismo», zanja.
El argumento social: sanidad, educación y dependencia
Más allá del choque entre administraciones, Montero ha insistido en trasladar el debate técnico a un terreno de consecuencias tangibles para los andaluces. Ha vinculado los 5.800 millones adicionales a mejoras muy concretas: la bajada de ratios escolares, la ampliación de plazas de Formación Profesional pública para evitar que las familias tengan que «endeudarse» recurriendo a la privada, el acceso a «una universidad de calidad, al alcance de todos», el refuerzo de plantillas sanitarias para reducir las listas de espera, y una atención más ágil a las personas en situación de dependencia, que en sus palabras «tardan años en recibir la prestación» y deben «valerse solos o con un sobreesfuerzo de sus familias».
Los datos concretos que aporta el nuevo modelo
Según los cálculos trasladados por el PSOE-A a partir de la propuesta gubernamental, el nuevo sistema permitiría a Andalucía recibir en 2027 hasta 5.811 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente: 4.846 millones procederían directamente del nuevo modelo de financiación y otros 965 millones de la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial. En términos per cápita, el PSOE-A traduce esa cifra en un contraste llamativo: frente a los 514 euros de déficit anual por habitante que calcula la Cámara de Cuentas, el nuevo sistema aportaría cerca de 670 euros adicionales por cada andaluz y andaluza.
El nuevo modelo también modificaría, según recoge el propio informe, la manera de calcular la «población ajustada» que sirve de base para el reparto: en sanidad, pasaría de siete a veinte grupos de edad; en servicios sociales, diferenciaría entre personas de 65 a 79 años y mayores de 80, incorporando además a la población desempleada sin prestación; y en educación, añadiría variables relacionadas con el alumnado universitario y los estudiantes desplazados. Se trata de cambios técnicos que, de aplicarse, beneficiarían previsiblemente a comunidades como Andalucía, con una población más envejecida y dispersa en ciertas variables.
El contexto histórico y los fondos extraordinarios
El informe sitúa además la reivindicación socialista en una perspectiva temporal más amplia, al señalar que la insuficiencia de financiación de los servicios públicos fundamentales en Andalucía se ha reducido un 66% durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no se detalla en el documento disponible qué factores concretos explican esa reducción porcentual más allá de los fondos extraordinarios reseñados: 2.199 millones en 2020 y 2.358 millones en 2021 a través de los fondos Covid, y otros 1.829 millones en 2022 derivados de la compensación por la liquidación negativa de 2020 y el efecto del Suministro Inmediato de Información del IVA. Estas partidas, señala expresamente el informe, no se incluyen en el cálculo estricto de cobertura del sistema, aunque sí reforzaron la financiación efectivamente recibida por la comunidad en esos ejercicios.
