Dosier; Las 200 viviendas de Roquetas, de barrio obrero a foco continuo de conflictos
El barrio roquetero vuelve a ocupar las portadas después de que sus vecinos hayan salido a la calle para exigir soluciones frente a la inseguridad, el mercadillo ilegal y la degradación que arrastran desde hace más de una década. Pero el deterioro actual tiene raíces mucho más antiguas: la historia de este barrio es, en realidad, la historia de las transformaciones económicas y sociales de todo el poniente almeriense.
Las 200 Viviendas nacieron en la década de 1960 como una promoción residencial pensada para responder a una necesidad muy concreta: alojar a la mano de obra que empezaba a llegar a Roquetas de Mar atraída por el despegue de la agricultura intensiva bajo plástico, el modelo productivo que en pocas décadas transformaría por completo la economía de la comarca y convertiría a Almería en la ‘huerta de Europa’, y el despegue del turismo.
Durante décadas, el barrio funcionó con normalidad, integrado en el tejido urbano de un municipio que crecía a un ritmo vertiginoso gracias, precisamente, a ese motor agrícola. Fue, durante buena parte de su historia, una zona residencial tranquila, similar a otras muchas del municipio.
El giro demográfico y el inicio del deterioro
El punto de inflexión llegó aproximadamente a finales de los 90, a medida que la propia dinámica agrícola de la zona atraía a un número creciente de trabajadores procedentes del extranjero, en especial del Magreb y del Sahel, muchos de los cuales terminaron asentándose en las 200 Viviendas por la disponibilidad y el precio de sus inmuebles. Ese cambio demográfico, en sí mismo, no habría tenido por qué derivar en un problema de convivencia, pero coincidió en el tiempo con un progresivo abandono y deterioro físico de buena parte de las viviendas y del espacio público del barrio, dos procesos que terminaron retroalimentándose, y una dejación absoluta por parte de las instituciones, empezando por el ayuntamiento de Roquetas. Y la alta concentración de personas sin recursos hizo el resto; no conviene olvidar que las oleadas de inmigrantes sin papeles han sido cíclicas y que, en periodos de gobierno como los de Aznar, a Roquetas y todo el Poniente de Almería, llegaron miles de trabajadores a los que alguien, milagrosamente, les regalaba un billete para Almería desde sitios tan alejados como Madrid, por ejemplo, y todo el mundo habla en la zona de los autobuses nocturnos llenos de inmigrantes indocumentados. Por no hablar de las facilidades que se han dado siempre en Roquetas para empadronarse, de hecho durante muchos años ha sido, y sigue siendo común, que muchos inmigrantes que viven en municipios como El Ejido, Vícar o La Mojonera estén empadronados en Roquetas. Recientemente se ha detenido a varias bandas de delincuentes en Roquetas que se dedicaban a proporcionar papeles y empadronamientos a inmigrantes. Solo la punta del iceberg de un negocio muy lucrativo. Hay vecinos que sitúan el inicio de esa degradación hace ya más de quince años, pero muchos saben que el problema, sin bien no tan acusado, existe desde hace al menos 30 años, solo que los ingresos por trabajo, regularizado o no, ya no son suficientes para muchos trabajadores, y recurren a la venta ambulante o cualquier tipo de ‘trapicheos’. No parece que sea, por tanto, un problema policial o de seguridad o de salubridad, que puede que también, sino sociológico, y tiene mucho que ver con la deriva económica del sector agrícola de Almería y la exclusión cada vez mayor de inmigrantes, con papeles o sin ellos, que por edad, salud o simplemente por cuestiones de carácter o estilo de vida están excluidos del mercado laboral, porque la llegada de mano de obra joven y con necesidades extremas es continua.
Los problemas que se han ido acumulando
El problema de las 200 viviendas no es, por tanto, un problema de los habituales en zonas conflictivas urbanas al uso. Hay más, aunque en algunos aspectos coincidan.
El mercadillo ilegal. Uno de los focos de tensión más persistentes es la venta ambulante no autorizada que se instala de forma prácticamente diaria en varias calles del barrio, especialmente en torno a las calles Barcelona y Blas Infante. La actividad se intensifica a partir del mediodía y alcanza su punto álgido por la tarde y durante los fines de semana, cuando las calles y zonas peatonales quedan tomadas por vendedores y compradores, afectando también a la prestación de servicios municipales básicos en la zona. Solo durante 2025, la Policía Local aseguró haber intervenido 50.000 kilos de género falsificado o pirata en este mercadillo, en operativos desarrollados junto a la Guardia Civil. Pese a ello, la actividad ilegal ha seguido reproduciéndose.
Los llamados «pisos discoteca». Otro elemento recurrente en las quejas vecinales son determinadas viviendas ocupadas en las que, según denuncian los residentes, se celebran fiestas de manera habitual y se desarrollan actividades que exceden claramente el uso privado del inmueble, generando ruidos, aglomeraciones y conflictos con el vecindario.
Drogas y prostitución. Los vecinos también señalan de forma reiterada la existencia de puntos de consumo y venta de drogas, así como de locales y viviendas que funcionarían como burdeles clandestinos en algunas de las zonas más deterioradas del barrio.
Inseguridad, suciedad y deterioro urbano. A todo lo anterior se suma una percepción generalizada de inseguridad, con denuncias de robos y peleas frecuentes, además de un estado de suciedad y abandono en calles y edificios que, según los propios residentes, ha llegado a modificar sus hábitos de vida cotidianos: muchas familias evitan que sus hijos salgan a la calle a partir de determinadas horas.
La concentración vecinal
Uno de los rasgos más llamativos de la última movilización vecinal es que ha logrado unir a residentes de procedencias muy distintas —vecinos de toda la vida junto a familias llegadas del Magreb y del Sahel— bajo una misma reivindicación: poder vivir con normalidad en las calles donde han construido su vida y donde crecen sus hijos. Lejos de plantearse como un conflicto entre comunidades, la protesta se ha articulado como una demanda compartida de recuperación del barrio, impulsada por la Asociación de Vecinos Los Girasoles, que ha convocado a unas doscientas recorriendo las calles del barrio para acabar en las puertas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
La respuesta institucional
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha reconocido en varias ocasiones la gravedad de la situación, peor no se ha hecho nunca nada efectivo. El propio alcalde, Gabriel Amat, ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de la presencia policial en la zona, alegando el grave deterioro de la convivencia y la seguridad pública detectado en el barrio. El regidor ha reconocido públicamente las dificultades operativas para dar una respuesta sostenida en el tiempo, señalando que cada despliegue de Policía Local en la zona obliga a solicitar también el apoyo de la Guardia Civil ante la falta de efectivos suficientes, pero el problema es que la Junta de Seguridad no se reúne con al frecuencia que debería porque persisten los graves problemas laborales que enfrenta a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de Roquetas.
Un problema que trasciende lo local
La situación de Las 200 Viviendas ha trascendido el ámbito puramente municipal y ha atraído la atención de medios de comunicación de ámbito nacional, que han elaborado reportajes sobre el proceso de degradación que arrastra el barrio desde hace décadas. Ese interés mediático refleja, en cierto modo, más un interés por escandalizar y hacer un uso político del problema, que un interés prospectivo para conocer de verdad en qué se parece y en qué se diferencia la situación de este barrio roquetero con otros barrios urbanos especialmente más y mejor estudiados.
Lo que no se ha resuelto en 30 años no se resuelve para las próximas elecciones
A día de hoy, la reivindicación de los vecinos de Las 200 Viviendas sigue siendo esencialmente la misma que llevan formulando desde hace más de quince años, pero incluso podrían haberlo hecho muchos años antes, porque, sencillamente, Gabriel Amat y sus concejales ha soslayado el problema reiteradamente, un problema que es complejo y que no se resuelve solo con más presencia policial estable, medidas contundentes contra la venta ambulante ilegal, tal como está la situación se necesitan recursos de todo tipo, empezando por los servicios sociales, tan desaparecidos del barrio como la policía.
