Roquetas tramita su nuevo PGOM. Hacemos un repaso al ‘tormentoso’ pasado urbanístico del municipio del Poniente
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha situado en Fase 3 la tramitación de su nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU), cuyos documentos de Avance permanecerán en consulta pública hasta el 31 de diciembre de 2026.
El anuncio llega después de casi tres décadas de planeamiento urbanístico marcadas por un crecimiento demográfico explosivo, varios procesos judiciales de gran repercusión y una relación no siempre fácil con la Junta de Andalucía en materia de suelo que ahora parece haber mejorado con Moreno Bonilla al frente de la Junta.
Un municipio que ha multiplicado su población por 5 en menos de 30 años
Para entender la complejidad del urbanismo roquetero hay que partir de un dato: Roquetas de Mar pasó de poco más de 20.000 habitantes a finales de los años 80 a superar los 90.000 en apenas dos décadas y media, impulsada por el doble motor de la agricultura intensiva bajo plástico y el turismo de sol y playa, pero sobre todo por su ‘industria promotora residencial’, muchos ciudadanos del Poniente y al capital no trabajan en Roquetas, pero viven en este municipio.. Ese crecimiento acelerado —uno de los más intensos de toda España en su categoría— y los intereses especulativos que vienen como consecuencia de la gran demanda, obligaron al planeamiento municipal a intentar dar respuesta, casi siempre a remolque, a una presión urbanística sostenida durante décadas.
El PGOU de 1997: el primer gran marco, ya derogado
El primer instrumento de referencia de la Roquetas contemporánea fue el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1997, con un Texto Refundido en 1998, hoy ya derogado pero que marcó el desarrollo del municipio durante más de una década. Ese plan fue el marco bajo el que se gestionaron algunas de las unidades de ejecución que después generarían litigios prolongados con la Junta de Andalucía, como el convenio urbanístico de gestión de la unidad 25.3.A en Venta Vitorino, que llegó a los tribunales años después de la entrada en vigor del plan.
El PGOU de 2009: crecimiento sostenido y primeras críticas
En 2009, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar, el que ha regido el desarrollo del municipio hasta la actualidad, con numerosas modificaciones e innovaciones posteriores. Aquel plan recibió de inmediato una contestación pública por parte de organizaciones ecologistas y partidos de la oposición: Ecologistas en Acción Almería mostró su rechazo formal al documento, al considerar que planteaba «un modelo de ciudad insostenible» y alertando específicamente sobre el riesgo que corría el humedal integrado en el corredor verde de la Cañada Real de la Costa, un espacio de hábitat prioritario cuyo deslinde con el dominio marítimo-terrestre generó fricciones entre el Ayuntamiento y la administración autonómica. La organización también denunció que, si bien el plan protegía formalmente el sistema montañoso al norte de Aguadulce y la zona de acantilados, no se contemplaban medidas correctoras reales para reponer el terreno ya desmontado por construcciones previas.
El caso más sonado: los 129 apartamentos de Balcón de Golf
Si hay un episodio que ha marcado la reputación urbanística de Roquetas de Mar en la última década, ese es el de la urbanización Balcón de Golf, en Playa Serena. La Junta de Andalucía impugnó las licencias concedidas por el Ayuntamiento en 2003 y 2006 para la construcción de un complejo que, según determinó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), había pasado de un máximo autorizado de 15 viviendas a 129, mediante una calificación como «apartamentos turísticos» que el propio tribunal describió como un «subterfugio» para aplicar parámetros urbanísticos distintos a los fijados por el PGOU. El TSJA subrayó que la publicidad de la promoción y los precios de venta acreditaban un uso realmente residencial, no hotelero.
El fallo, confirmado en un primer momento por el Tribunal Supremo, ordenó la demolición de los 129 apartamentos y obligó al Ayuntamiento a garantizar presupuestariamente las indemnizaciones a los propietarios de buena fe, una partida que la oposición municipal —PSOE e IU-Podemos— llegó a cifrar en torno a los 17 millones de euros, más del 15% del presupuesto anual del Consistorio. Ambos grupos calificaron el caso de «pelotazo urbanístico» y reclamaron la dimisión del alcalde, Gabriel Amat (PP), al frente del Ayuntamiento desde 1995. El propio regidor se comprometió a hacer «todo lo posible» por legalizar los inmuebles. Finalmente, en 2024, el Tribunal Supremo dio un giro al caso y anuló el fallo que ordenaba la demolición, poniendo fin, al menos por la vía judicial, a uno de los litigios urbanísticos más prolongados y mediáticos del municipio.
El «caso Palmeras» y otras causas archivadas
Balcón de Golf no ha sido el único frente judicial en materia de suelo. El alcalde Gabriel Amat ha llegado a acumular hasta 25 causas relacionadas con la gestión urbanística municipal, la mayoría de las cuales han sido archivadas por los juzgados al no apreciarse indicios de delito. Entre ellas figura el denominado «caso Palmeras», en el que se investigó la concesión de licencias urbanísticas a una mercantil en la que figuraban como apoderados sobrinos del propio alcalde; el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar concluyó que, aunque existiera un «claro deber de abstención», las licencias se habían concedido «conforme a ley», descartando la existencia de prevaricación o de gestión interesada. La Audiencia Provincial de Almería confirmó posteriormente ese archivo.
Pese a estos sobreseimientos, algunos análisis recientes sobre corrupción urbanística en España sitúan a Roquetas de Mar entre los municipios con mayor número de procedimientos judiciales documentados relacionados con la gestión del suelo y la concesión de licencias, señalando que parte de ellos habrían derivado en el pasado en condenas por prevaricación urbanística, sin que ello afecte a los procedimientos ya archivados contra el actual equipo de gobierno.
A este historial se suma el caso, ya de las décadas anteriores, del empresario Tomás Olivo, vinculado a la llamada trama Malaya de corrupción urbanística en la Costa del Sol, que llegó a beneficiarse de la construcción de un centro comercial en Roquetas de Mar sobre terrenos que, según denuncias periodísticas de la época, habrían sido recalificados de rústicos a urbanizables en las proximidades de una rambla donde estaba prohibido construir.
Décadas de pulso técnico y judicial con la Junta de Andalucía
Más allá de los grandes casos mediáticos, la relación entre el Ayuntamiento de Roquetas y la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio ha estado marcada por un goteo constante de recursos y sentencias en ambas direcciones. El propio Ayuntamiento recoge en su web municipal un historial de sentencias del TSJA en las que, en varias ocasiones, el tribunal ha dado la razón al Consistorio frente a recursos planteados por la Junta contra convenios de gestión o licencias concedidas al amparo del antiguo PGOU de 1997, llegando incluso a condenar en costas a la administración autonómica por lo que el propio tribunal calificó de «evidente temeridad» procesal en alguno de esos recursos. En sentido inverso, otros procedimientos —como el que afectó a una parcela de la Avenida Juan Bonachera, resuelto finalmente por el Tribunal Supremo en 2016 y ejecutado por el Ayuntamiento mediante una modificación puntual del PGOU en 2023— han terminado dando la razón a los recurrentes frente al planeamiento municipal.
Lo que se prepara ahora: un cambio de instrumento y de escala
En este contexto de décadas de litigios, modificaciones puntuales acumuladas y un plan general que roza ya sus dos décadas de vigencia, cobra sentido el actual proceso de redacción de un nuevo instrumento de planeamiento. El Ayuntamiento no está simplemente actualizando el PGOU de 2009: está tramitando en paralelo dos figuras, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), en aplicación de la más reciente legislación urbanística andaluza (la LISTA, Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), que sustituye a la anterior LOUA y reconfigura la propia arquitectura de los instrumentos de planeamiento municipal.
Según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, esta Fase 3 —la de los documentos de Avance— resulta clave para «seguir avanzando en la definición de un modelo de ciudad más sostenible, equilibrado y adaptado a las necesidades presentes y futuras de Roquetas de Mar». La documentación puede consultarse en el portal habilitado al efecto, planifica.roquetasdemar.es, y se presentará además de forma presencial en el Museo Casa Anita, en la Plaza de la Constitución, en un intento de ampliar la participación ciudadana más allá del trámite puramente telemático.
Una oportunidad para corregir el patrón histórico
A la luz de la trayectoria descrita —un crecimiento demográfico y urbanístico acelerado, plusvalías generadas por recalificaciones controvertidas, litigios prolongados sobre la clasificación del suelo y una tensión recurrente con los organismos de control ambiental y autonómico—, el nuevo PGOM y el POU afrontan un reto que trasciende lo meramente técnico. La fase actual de consulta pública, abierta hasta finales de 2026, representa para vecinos, asociaciones y colectivos ecologistas una oportunidad para influir desde el origen en un instrumento llamado a condicionar el desarrollo del municipio durante las próximas décadas, evitando repetir la dinámica de fondo que ha caracterizado buena parte del urbanismo roquetero desde los años noventa: la aprobación de un plan general seguida de años de modificaciones puntuales, litigios sobrevenidos y una notable dificultad para conciliar el ritmo de crecimiento del municipio con la protección de zonas de interés arqueológico como Turaniana, de sus espacios naturales más sensibles, como el litoral, las ramblas o los humedales protegidos.
El Ayuntamiento insiste en que, esta vez, la participación ciudadana debe ser parte activa de ese proceso: «Tu participación también forma parte del futuro de nuestra ciudad», ha trasladado el Consistorio, en un mensaje que busca precisamente evitar que el nuevo planeamiento repita los déficits de consenso social que acompañaron a algunas de las decisiones urbanísticas más controvertidas de las últimas tres décadas.
