La Junta de Andalucía acelera el proyecto químico Nascar E-Metanol con la oposición de los ecologistas
El proyecto Nascar E-Metanol, con 260 millones de inversión y el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, promete empleo y energía limpia en pleno desierto almeriense. Pero la Coordinadora Ecologista alerta de que, tras la etiqueta «verde», se esconde una instalación química que manejará sustancias tóxicas en una de las comarcas con menos agua de Europa
Instalaciones del proyecto NASCAR (Fuente: Ilustración 70 de la Memoria Proyecto Básico).
El proyecto, que lleva años en marcha, entra en su fase decisiva
En el paraje de Los Retamares, junto a la Plataforma Solar de Almería, la empresa Innde Ctaer —heredera del antiguo Centro de Transición Andaluz de Energías Renovables (Cetaer)— lleva desde 2023 dando forma al proyecto Nascar, una planta destinada a producir e-metanol, un combustible sintético que se fabrica combinando hidrógeno verde con CO₂ capturado de procesos industriales. La ingeniería corre a cargo de Técnicas Reunidas, y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía confirma que el expediente de autorización ambiental integrada (AAI/AL/183/25) se encuentra actualmente en fase de información pública, el trámite en el que cualquier ciudadano o colectivo puede presentar alegaciones antes de que la Administración decida.
Las cifras: 94,6 hectáreas, más de 260 millones de euros de inversión, 350 empleos en la fase de construcción y 202 puestos de trabajo estables, 15 millones de euros de subvención pública del IDAE, y una capacidad proyectada de 38.000 toneladas anuales de e-metanol, con una ampliación prevista para llegar a las 300.000 toneladas en 2030. La Junta de Andalucía no ha escatimado apoyo político: en diciembre de 2024 asignó el proyecto a la Unidad Aceleradora de Proyectos, el mecanismo pensado para acortar los plazos administrativos de las inversiones consideradas estratégicas, y lo presenta como una pieza clave de su estrategia de hidrógeno verde y descarbonización del transporte.
Ese mismo entusiasmo institucional es, precisamente, lo que empieza a inquietar a una parte de la sociedad almeriense.
La otra cara de lo «verde»: según la Coordinadora Ecologista
La Coordinadora Ecologista Almeriense ha presentado un paquete formal de alegaciones ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente pidiendo directamente el rechazo del proyecto, y ha optado por trasladar sus argumentos a la opinión pública en lugar de dejarlos circunscritos al expediente administrativo. Su argumento de fondo merece ser tomado en consideración: que una instalación se etiquete como «verde» por el origen renovable de su energía no la convierte automáticamente en inocua. El metanol, recuerdan, es una sustancia química tóxica cuya exposición significativa puede provocar daños graves en el organismo, alteraciones de la visión, fallo orgánico e incluso la muerte. Y el proceso para fabricarlo a escala industrial —sea cual sea el origen de la energía empleada— genera, según advierte el colectivo, subproductos sólidos, líquidos y gaseosos catalogados como altamente tóxicos y contaminantes, con capacidad de afectar tanto a la calidad del aire del núcleo urbano como a los acuíferos de los que depende la comarca.
Ese último punto no es un detalle menor: Tabernas se asienta sobre uno de los territorios más áridos de toda Europa, un semidesierto donde el agua subterránea no es solo un recurso ambiental, sino la base misma de la agricultura de regadío y del abastecimiento doméstico de la población. Que una planta química de esta envergadura se instale precisamente ahí obliga, cuando menos, a extremar las cautelas sobre su consumo hídrico y sus posibles vertidos.
La empresa promotora ha respondido a esa preocupación anunciando que instalará tecnología de la compañía Aquaer Generators capaz de producir más de 45.000 metros cúbicos de agua potable para autoconsumo, con el objetivo declarado de reducir la dependencia de los acuíferos locales. Es una respuesta razonable sobre el papel, pero la Coordinadora recuerda algo que cualquier gestión responsable del territorio debería asumir como principio: la disponibilidad futura de agua en una comarca semiárida no puede darse simplemente por garantizada a partir de una promesa tecnológica todavía no verificada a escala real. En un territorio donde cada litro se disputa entre el consumo urbano, el regadío y los ecosistemas, la carga de la prueba debería recaer sobre quien instala la fábrica, no sobre quien exige garantías.
Preguntas sin responder, y quién debe responderlas
Lo más significativo del posicionamiento ecologista no es tanto su oposición como su forma: no se trata de un «no» cerrado al desarrollo económico ni a la creación de empleo, sino de una batería concreta de preguntas —qué sustancias se manipularán exactamente, cuánta agua necesitará realmente la planta en su funcionamiento a pleno rendimiento, qué emisiones generará, qué protocolo existe ante un accidente industrial, qué impacto tendrá sobre las aguas subterráneas y el aire— que, según el colectivo, deberían tener respuesta pública, clara y verificable antes de que el proyecto avance, y no después.
Es una exigencia difícil de descalificar. La normativa de autorización ambiental integrada existe precisamente para eso: para que estas preguntas se respondan con estudios técnicos independientes antes de conceder el permiso, no para convalidar a posteriori una decisión ya tomada políticamente. Y aquí es donde el respaldo institucional al proyecto —la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos, la subvención del IDAE, la declaración unánime de apoyo del Ayuntamiento de Tabernas— genera una tensión evidente: cuando una Administración se ha comprometido públicamente con la viabilidad de una inversión antes de que termine el trámite ambiental que debe evaluarla, resulta legítimo preguntarse con qué margen real de imparcialidad se van a valorar las alegaciones presentadas.
El otro lado del debate
Frente a estas objeciones, la empresa y la Junta de Andalucía sostienen un argumento que tampoco puede descartarse sin más: España y Europa necesitan alternativas reales a los combustibles fósiles en sectores —como el transporte marítimo— donde la electrificación directa no es una opción a corto plazo, y el e-metanol producido mediante captura de CO₂ e hidrógeno renovable se presenta como una de las pocas rutas tecnológicas disponibles para lograrlo. El propio Ayuntamiento de Tabernas, gobierno más cercano a los efectos directos del proyecto sobre el territorio y su vecindario, ha respaldado la iniciativa de forma unánime, valorando el empleo y la inversión que puede traer a un municipio del interior almeriense con escasas alternativas económicas. Y la empresa insiste en que su diseño —planta fotovoltaica propia de 54 MW, trazabilidad energética mediante blockchain, tecnología propia de generación de agua— responde precisamente a un intento de minimizar el impacto ambiental que los ecologistas denuncian.
Un litigio que se decide con datos, no con etiquetas
Lo que queda claro tras revisar la documentación pública es que el verdadero debate no es «energías renovables sí o no», sino algo más concreto y más difícil de resolver con eslóganes: si los estudios técnicos que sustentan la autorización ambiental integrada contienen respuestas suficientemente sólidas y verificadas a las preguntas planteadas por la Coordinadora Ecologista sobre toxicidad, emisiones, seguridad y, sobre todo, consumo de agua en un territorio que no puede permitirse errores de cálculo en ese terreno. Mientras el expediente sigue su trámite en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Tabernas se ha convertido en un pequeño laboratorio de una discusión que probablemente se repetirá en muchos otros rincones de España a medida que avance la industria del hidrógeno verde: la de si la urgencia legítima por descarbonizar la economía puede, sin las cautelas adecuadas, terminar comprometiendo los mismos recursos naturales que se supone debe proteger.
