La Charca de Suárez, en Motril, ya es Zona de Especial Protección para las Aves
El humedal granadino entra en la Red Natura 2000 y contará con un Plan de Gestión de vigencia indefinida
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que la Charca de Suárez, en el municipio granadino de Motril, se declara Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El mismo texto aprueba su Plan de Gestión, de vigencia indefinida aunque revisable en los términos que fije el propio documento. Con la declaración, el humedal pasa a formar parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y se incluye en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La norma contempla medidas para evitar el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que puedan afectar a las especies protegidas, en particular a las aves, con el fin de garantizar su supervivencia, su descanso y su reproducción, y de mantener las condiciones naturales del humedal.
La Charca de Suárez es el humedal más importante de la costa granadina y uno de los pocos conjuntos de lagunas costeras de agua dulce que quedan en Andalucía. Situada entre los humedales del poniente almeriense y los malagueños, como la desembocadura del Guadalhorce o la laguna de Fuente de Piedra, sirve de lugar de nidificación, invernada y descanso a numerosas especies migratorias.
Lo componen ocho lagunas permanentes en la vega de Motril-Salobreña. Se nutren del acuífero del mismo nombre, del que depende su nivel, y reciben además agua de los retornos del regadío a través de acequias y canales, así como de la lluvia. Cinco de ellas (las Aneas, el Trébol, el Taraje, el Lirio y la Caña de Azúcar) entraron en 2007 en el Inventario de Humedales de Andalucía por sus especies de microorganismos, flora y fauna, y en 2009 fueron declaradas Reserva Natural Concertada. Las otras tres (la Juncia, el Junco y el Álamo Blanco) ocupan terrenos colindantes que se cedieron al Ayuntamiento de Motril en 2012, donde el abandono de la actividad agraria ha favorecido un encharcamiento parcial y la recuperación de la vegetación típica de los humedales.
Entre las aves que frecuentan el espacio figuran la focha moruna, el porrón pardo, la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera y el avetoro común, junto al flamenco común, el ánade azulón, la garza real, la garceta común y rapaces como el aguilucho lagunero. El humedal reúne además condiciones adecuadas para la cría de la malvasía cabeciblanca y la cerceta pardilla, aunque hoy ninguna de las dos nidifica en él.
La presencia de numerosas especies del Anexo I de la Directiva Europea de Aves es lo que justifica esta figura de protección. La directiva obliga a preservar, mantener y restablecer la diversidad de las aves silvestres y de sus hábitats, y entiende que la conservación de las especies migratorias es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros.
La propuesta cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Motril, que ha participado en la tramitación del decreto, en la que se han seguido los trámites de consulta pública, audiencia e información pública con las entidades y los intereses sociales e institucionales afectados. El consistorio ha manifestado, además, su interés en ampliar la Reserva Natural Concertada para incluir los terrenos de las tres lagunas que hoy quedan fuera, dada su continuidad territorial y ecológica con las otras cinco. Ambas administraciones mantienen un convenio para proteger la reserva, firmado en diciembre de 2021 y prorrogado en diciembre de 2025 por otros cuatro años.
El régimen de protección combinará el Plan de Gestión con las estrategias y los planes de recuperación y conservación de las especies amenazadas, así como con el convenio con el Ayuntamiento y los que puedan firmarse en el futuro. La administración y gestión corresponderán a la Junta, a través de la consejería de Medio Ambiente, con la asistencia del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Granada. Las administraciones con competencias en el espacio deberán coordinarse para compatibilizar su protección con el uso racional de los recursos naturales.
