El alcalde de Tíjola vuelve a la carga tras su último varapalo: intenta colar un convenio «a medida» que recorta derechos y crea trabajadores de segunda en la Residencia y la Guardería
Después de verse obligado a anular el acta del 10 de septiembre tras las impugnaciones de la plantilla, el regidor presenta un borrador para 2027 que copia las condiciones del sector privado, elimina la protección ante enfermedad común e impone casi 130 horas más al año a los nuevos contratados.
TÍJOLA (ALMERÍA).– Lejos de rectificar tras el escándalo desatado el pasado mes de octubre, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tíjola, encabezado por su alcalde José Juan Martínez Pérez, ha vuelto a mover ficha para desmantelar los derechos laborales de las plantillas de la Residencia de Mayores San Sebastián y la Escuela Infantil Municipal El Lobito Bueno.
El pasado 10 de septiembre, el regidor intentó imponer por la vía de los hechos —mediante una mera «dación de cuenta» sin votación en la Comisión Paritaria— la aplicación directa de los convenios estatales del sector privado a ambos centros municipales a partir del 1 de enero de 2027. Sin embargo, la rápida reacción de los trabajadores, que presentaron escritos formales de impugnación denunciando fraude de ley e incompetencia orgánica, obligó al alcalde a dar marcha atrás y anular dicha acta —una maniobra idéntica a la que ya intentó en 2020 y que también tuvo que revocar por providencia en enero de 2021—.
Ahora, el Ayuntamiento pretende lograr el mismo objetivo por la puerta de atrás: ha puesto sobre la mesa el borrador de un nuevo convenio colectivo propio para 2027 que, bajo la apariencia de una negociación municipal, traslada literalmente los recortes del sector privado a empleados públicos municipales.
Los «atropellos laborales» ocultos en el borrador de 2027
El análisis técnico del documento revela un recorte sin precedentes respecto al Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento vigente desde 2014:
- Doble escala salarial y horaria (trabajadores de primera y de segunda): El borrador crea una brecha discriminatoria por fecha de contratación. Mientras mantiene a título individual una jornada de 1.642,5 horas anuales para el personal fijo actual, impone 1.772 horas al año a todas las nuevas incorporaciones. Es decir, los nuevos trabajadores harán 129,5 horas más al año (casi tres semanas laborales gratis) por realizar exactamente el mismo trabajo en el mismo centro.
- Desprotección total ante la enfermedad común: El convenio municipal vigente garantiza complementos progresivos hasta alcanzar el 100% del sueldo en caso de baja por enfermedad común. El nuevo borrador elimina por completo cualquier mención a la enfermedad común, dejando a la plantilla cobrando únicamente los mínimos de la Seguridad Social (0% los tres primeros días y 60% hasta el día 20). Además, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional —donde hasta ahora se cobraba el 100% desde el primer día—, el texto recorta la prestación al 85%, 80% y 75% según la duración de la baja.
- Recorte en la antigüedad y congelación salarial: Se eliminan los complementos públicos de destino y específico y se aboca a múltiples categorías profesionales al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, se rompe la equiparación de los trienios con los funcionarios públicos. La diferencia salarial de la plantilla actual se encierra en un «complemento personal transitorio» expresamente declarado no revalorizable, condenándolo a perder poder adquisitivo cada año.

