Silencio sepulcral en su primer aniversario en torno al Caso Mascarillas y el descabezamiento de la cúpula de la Diputación de Almería con 43 imputados
Solo Frente Amplio ha recordado estos días de campaña un primer aniversario de la detención de Javier Aureliano García que ha pasado desapercibido para la mayor parte de la prensa almeriense, que estos días de campaña hace su agosto con los infinitos recursos de los que dispone el PP, sobre todo de dinero público e institucional, que, indirectamente, sufraga estos silencios.
Lo que comenzó en los meses más duros de la pandemia como la sospecha por un contrato de suministro sanitario de emergencia se transformó, con el paso de los años, en el mayor escándalo de corrupción institucional de la historia democrática reciente de la provincia de Almería. El denominado mediáticamente caso Mascarillas rebasó con creces su marco inicial para destapar una red de comisiones ilegales, adjudicaciones amañadas en obra pública y blanqueo de capitales que culminó con la detención del propio presidente de la Diputación Provincial y líder del partido en la provincia, Javier Aureliano García Molina, junto a su núcleo más estrecho de colaboradores.
El origen del escándalo: el contrato de la pandemia
Para comprender la magnitud de lo sucedido el 18 de noviembre es imprescindible retroceder hasta la primavera de 2020. En pleno estado de alarma y con el mercado sanitario internacional colapsado, la Diputación de Almería aprobó por el trámite de emergencia un expediente de más de dos millones de euros destinado a la compra urgente de mascarillas, batas y monos de protección individual para los municipios de la provincia. La adjudicación recayó en una empresa con sede en Cataluña vinculada al empresario Kilian López Solé.
Las primeras alarmas sobre este contrato estallaron en junio de 2021, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegó una primera fase de registros y detenciones. En aquella operación cayó el entonces vicepresidente tercero del organismo provincial y responsable del área de Fomento y Obras Públicas, Óscar Liria, acusado de haber cobrado mordidas que oscilaban entre los 200.000 y los 400.000 euros a cambio de canalizar dicho contrato. En aquel momento, la presidencia de la Diputación se esforzó por presentar el asunto como la conducta aislada de un cargo público desleal, destituyéndolo de forma fulminante y asegurando ante la opinión pública que la institución era la principal perjudicada.
Sin embargo, los dispositivos intervenidos a los primeros investigados y los registros contables abrieron una brecha mucho más profunda. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una pieza secreta al detectar que las mordidas no se circunscribían al material sanitario, sino que existía un esquema continuado de adjudicación de obras de carreteras, dependencias municipales y planes provinciales de infraestructura a cambio de pagos recurrentes en metálico.
La investigación silenciosa y el cerco sobre el Palacio Provincial
Durante más de catorce meses, los investigadores de Delincuencia Económica de la Guardia Civil monitorizaron comunicaciones telefónicas, movimientos de cuentas bancarias y encuentros personales de altos responsables de la administración provincial. Las pesquisas fueron dibujando la existencia de un circuito de dinero en efectivo de origen ilícito que no terminaba en escalones intermedios, sino que ascendía de forma directa hasta los principales despachos del poder provincial.
El análisis patrimonial de los agentes detectó entradas constantes de fondos en metálico no justificados que se utilizaban presuntamente para amortizar préstamos hipotecarios a través de cuentas de familiares directos, así como para el pago de viajes de ocio y disfrute privado sufragados de forma indirecta por proveedores habituales de la institución. El salto cualitativo de la causa era ya irreversible: la tesis acusatoria sostenía que la Diputación había funcionado durante años bajo una estructura de favoritismo sistemático en la que las empresas que querían acceder a la obra pública provincial debían plegarse al pago de contraprestaciones.
El golpe del 18 de noviembre: arrestos simultáneos y registros
La fase operativa decisiva estalló a primera hora de la mañana del 18 de noviembre. Decenas de agentes de la Unidad Central Operativa irrumpieron en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo de la capital almeriense, clausurando despachos y acordonando las dependencias de la planta noble. Los funcionarios y trabajadores que acudían a sus puestos fueron testigos de una jornada de enorme tensión mientras los especialistas requisaban expedientes de contratación de los últimos años, discos duros y equipos informáticos.
En paralelo, los agentes llevaron a cabo diez entradas y registros en domicilios particulares y sedes empresariales tanto en la capital como en diversos municipios de la provincia, como Balanegra y Fines. El impacto político fue demoledor al confirmarse las identidades de los detenidos: Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y presidente provincial del Partido Popular; Fernando Giménez, vicepresidente segundo, portavoz y mano derecha institucional y orgánica de García; y Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines durante más de dos décadas y figura histórica del partido en el Valle del Almanzora. Junto a ellos fueron arrestados el hijo del propio regidor de Fines y un técnico vinculado a las áreas de contratación provincial.
La imagen del presidente de la Diputación saliendo de las dependencias oficiales en calidad de detenido supuso un seísmo político que trascendió de inmediato el ámbito andaluz para situarse en la primera línea del debate nacional.
Reacciones fulminantes y dimisiones en bloque
La contundencia de las actuaciones policiales precipitó los acontecimientos. Ese mismo 18 de noviembre, ante la gravedad de los indicios y para evitar que el escándalo lastrara la campaña electoral autonómica y general, la dirección regional del partido acordó la apertura inmediata de expediente informativo y la suspensión cautelar de militancia de todos los cargos públicos implicados.
Tras permanecer en dependencias policiales prestando declaración y ante el juez instructor, los detenidos fueron puestos en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado. El 21 de noviembre, apenas formalizada su salida de sede judicial, Javier Aureliano García presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Diputación y entregó su acta de diputado provincial. El vicepresidente Fernando Giménez siguió idéntico camino, dejando descabezada por completo la cúpula que había gobernado con mano de hierro la institución durante los mandatos precedentes.
El partido se vio obligado a intervenir la organización provincial en Almería para nombrar gestoras provisionales y recomponer con urgencia un nuevo equipo de gobierno en la Diputación, en un intento por contener el desgaste ciudadano y marcar distancias con los dirigentes imputados.
Las ramificaciones de la causa y el horizonte procesal
Lejos de cerrarse con las dimisiones, la causa judicial se adentró en una fase aún más compleja. A lo largo de los meses siguientes, el magistrado instructor extendió las imputaciones a familiares directos del expresidente provincial, incluidos hermanos y allegados, tras descubrirse transferencias y operativas de blanqueo de capitales a través de sociedades familiares creadas presuntamente para ocultar el patrimonio generado por las comisiones.
Asimismo, las pesquisas alcanzaron a otros alcaldes y diputados de comarcas del interior de la provincia, señalados por haber facilitado adjudicaciones directas o contratos menores que nutrían a mercantiles de la trama a cambio de apoyos políticos o retribuciones económicas. Los delitos que fundamentan la instrucción abarcan cohecho continuado, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
El caso Mascarillas ha terminado de despojarse de su etiqueta sanitaria para consolidarse como una causa integral sobre la gestión de los recursos públicos en Almería. Mientras la instrucción encara sus últimos compases periciales antes de dictar la apertura formal de juicio oral, las consecuencias de aquella jornada del 18 de noviembre continúan proyectando una sombra alargada sobre la política almeriense, convertida en el testimonio del colapso de un modelo de poder que se creía inexpugnable.


