La muerte de la decimoquinta víctima del incendio de Los Gallardos hace aún más ‘indecedente’ la `posición de PP y Vox en el Parlamento de Andalucía

Michelle Leake, cuidadora británica afincada en Canjáyar desde hacía más de dos décadas, falleció en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla dos meses después de sufrir quemaduras al intentar poner a salvo a la anciana que atendía en Bédar

El incendio forestal que arrasó los términos municipales de Los Gallardos, Bédar, Antas, Lubrín y Sorbas el pasado mes de julio ha dejado una nueva víctima mortal; Michelle Leake, vecina de Canjáyar y residente en España desde hacía más de veinte años, falleció en la madrugada del lunes en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía ingresada desde el día de la tragedia. Su muerte eleva a 15 el número de fallecidos por el que ya se considera el incendio forestal más letal ocurrido en España en lo que llevamos de siglo.

Una cuidadora que intentó poner a salvo a la mujer que atendía

Michelle se dedicaba desde hacía años al cuidado de personas mayores en la zona de Bédar. Según el relato de su propia hermana, Sharon, que a mediados de julio puso en marcha una campaña de micromecenazgo para ayudar a costear su recuperación, el día del incendio Michelle se encontraba cuidando a una anciana en el pueblo cuando las llamas comenzaron a propagarse con rapidez. Ambas intentaron huir en coche, pero la carretera ya estaba cortada por el fuego. Mientras Michelle ayudaba a la mujer a la que cuidaba a salir del vehículo, «una bola de fuego se abalanzó sobre ellos, causándoles gravísimas heridas», relató su hermana. Pese a la gravedad de las quemaduras, ambas lograron finalmente ser trasladadas a otro vehículo y puestas a salvo, hasta llegar a un lugar seguro donde los servicios de emergencia pudieron atenderlas.

El incendio provocó a Michelle quemaduras en torno al 40% de su cuerpo, lo que obligó a su traslado e ingreso en la Unidad de Grandes Quemados del hospital sevillano. A comienzos de agosto, su hermana se mostraba moderadamente optimista sobre su evolución: su hijo había podido viajar hasta Sevilla para acompañarla, y los médicos preveían retirarle la respiración asistida en cuanto lograran controlar una infección pulmonar que complicaba su recuperación. Michelle llegó incluso a abrir los ojos y a reconocer a su hijo en ese periodo. Sin embargo, su evolución terminó por torcerse en las semanas siguientes, hasta desembocar en su fallecimiento la pasada madrugada, casi dos meses después del incendio.

Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron el fallecimiento a Europa Press, precisando que del total de 15 víctimas mortales del incendio, nueve son mujeres y seis hombres, de las cuales 14 tienen nacionalidad extranjera —la mayoría procedentes del Reino Unido, además de tres personas de nacionalidad belga, una francesa y una estadounidense— y solo una es española. Al menos ocho familiares de las víctimas se han personado ya en la causa que instruye el Tribunal de Instancia número 3 de Vera, encargado de esclarecer las circunstancias y el origen del incendio.

El fuego se declaró la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación de la Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca no logró darlo por extinguido hasta las 21:00 horas del 24 de julio, quince días después de iniciarse, tras calcinar unas 5.200 hectáreas. La muerte de Michelle se produce, precisamente, coincidiendo con el cumplimiento de los dos meses desde aquel primer aviso, un recordatorio de que el incendio de Bédar y Los Gallardos sigue dejando, semana tras semana, nuevas noticias de dolor para las familias afectadas.

El veto al pleno extraordinario por el incendio de Niebla

El Grupo Popular y el de Vox, socios de gobierno en la Junta de Andalucía, han vetado con su mayoría absoluta la petición de un pleno extraordinario para que el Ejecutivo autonómico rinda cuentas sobre el incendio de Los Gallardos y Bédar, que ya se salda con 15 muertos, y sobre el posterior fuego de Niebla

La gestión de la ola de incendios forestales que ha marcado el verano en Andalucía se ha convertido también en un pulso político de fondo en el Parlamento autonómico. PP-A y Vox, socios de gobierno en la Junta que presiden Juan Manuel Moreno Bonilla y Ana Mestre, han utilizado en varias ocasiones su mayoría absoluta en la Cámara para bloquear las peticiones de la oposición de que el Ejecutivo autonómico comparezca de forma extraordinaria a explicar su actuación durante las emergencias, en un contexto en el que sigue creciendo la presión ciudadana y política para que se constituya una comisión de investigación específica sobre lo ocurrido en Los Gallardos y Bédar.

El episodio más reciente de este pulso se produjo el 27 de agosto, cuando la Diputación Permanente del Parlamento andaluz —el órgano que mantiene la actividad de la Cámara entre periodos de sesiones— rechazó, con los votos de la mayoría absoluta que suman PP-A y Vox, la solicitud de convocar un pleno extraordinario para que el Consejo de Gobierno de la Junta informara sobre la gestión del incendio forestal de Niebla, que afectó a distintos municipios de las provincias de Huelva y Sevilla. La iniciativa, impulsada principalmente por el PSOE-A y respaldada también por Adelante Andalucía y Por Andalucía, no logró superar el bloqueo de los dos socios de gobierno.

El parlamentario socialista Mario Jiménez defendió la necesidad de esa comparecencia extraordinaria recordando la magnitud de los datos del verano: «50.000 hectáreas quemadas y 14 fallecidos» en el conjunto de incendios, con Los Gallardos como episodio más grave. Jiménez llegó a acusar a Vox de haberse convertido en «un aliado incondicional» del presidente Moreno Bonilla y del PP-A, a quienes responsabilizó de una gestión «desastrosa» de las emergencias, señalando además el mal estado del dispositivo Infoca. En la misma línea se pronunció Begoña Iza, parlamentaria de Adelante Andalucía, que llegó a preguntarse públicamente «a qué tenemos que esperar para que la Junta de Andalucía dé explicaciones» sobre la lentitud en la extinción de los incendios, la falta de personal o la extensión de las hectáreas calcinadas.

La solución del PP: un cajón de sastre en el que se mezclan incendio, terremotos, narcotráfico y…toros

Frente a esas críticas, el Gobierno andaluz optó por una vía alternativa: el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció que solicitaría comparecer por iniciativa propia en el primer pleno ordinario de la nueva legislatura, previsto para los días 16 y 17 de septiembre, para informar sobre el balance de los incendios del verano, los terremotos registrados en Granada y las demandas del Gobierno andaluz al Ejecutivo central en materia de narcotráfico. A esto se unen las últimas cortinas de humo relacionadas con el fomento de la tauromaquia. Esa fórmula, sin embargo, no equivale a la comparecencia extraordinaria e inmediata que reclamaba la oposición, y ha sido calificada de «irresponsable» por representantes de los grupos progresistas.

La no emisión de los mensajes pertinentes de A-Alert y el cese de la delegada de la Junta en Almería

La polémica por la gestión del incendio de Los Gallardos y Bédar venía además arrastrándose desde el propio arranque de la legislatura autonómica. En el primer pleno del nuevo periodo, celebrado con la toma de posesión de Ana Mestre como presidenta del Parlamento, el debate sobre la gestión de la emergencia ya generó un cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, con el añadido de la polémica por la no emisión del mensaje de alerta Es-Alert a la población, que el vicepresidente Antonio Sanz justificó por «motivos técnicos y de seguridad» y por el mal funcionamiento de las antenas en la zona. Esas explicaciones, falaces, según el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez Haro, gran conocedor de la zona de Los Galalrdos, que rebatió punto por punto los argumentos del PP, no convencieron a la bancada socialista, que llegó a plantar a la propia Mestre durante su toma de posesión y anunció que exigiría la creación de una comisión de investigación específica sobre la gestión del incendio y sobre la comunicación a la población durante la emergencia.

La propia Mestre, consciente de la tensión con la que arrancaba su mandato al frente de la Cámara, pidió expresamente respeto en el debate: «Esto no va a ser un ring, con palabras y dedos que señalan maleducadamente. Respeten a la persona que está en la tribuna», llegó a advertir, subrayando que «cada gesto, cada palabra y cada aplauso» pueden «inspirar», mientras que la «descalificación destruye».

La presión ciudadana

Al pulso estrictamente parlamentario se suma la presión de los propios afectados. A finales de julio, alrededor de sesenta personas vinculadas al área calcinada de Los Gallardos y Bédar reclamaron formalmente, durante la primera asamblea del recién constituido Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar, el respaldo de todos los partidos políticos para crear una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo declarado de analizar la gestión de la emergencia y «evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir». Ese mismo reclamo ha sido recogido también por Por Andalucía, cuyo portavoz, Antonio Maíllo, ha advertido de que su formación impulsará una comisión de investigación si las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico resultan insuficientes, exigiendo conocer la cronología completa de los hechos, la cadena de mando durante la emergencia, la movilización de refuerzos y las denuncias de los propios trabajadores del Infoca, que llevaban años alertando de la falta de efectivos en el dispositivo de extinción. «Las familias no merecen propaganda ni una huida hacia adelante, sino que merecen respuestas, transparencia y toda la verdad», ha resumido Maíllo.

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