Roquetas de Mar da el primer paso hacia la implantación de la Policía Nacional tras décadas de espera
La firma del protocolo general de actuación entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar supone un salto cualitativo muy importante para la implantación de la Policía Nacional en el municipio almeriense tras cuatro décadas de espera
Roquetas de Mar (Almería) es el segundo municipio de mayor población registrada de la provincia de Almería inicia así un proceso que debe culminar con la implantación de una comisaría que se prevé tenga una dotación inicial de 210 agentes. Roquetas supera los 115.000 habitantes empadronados y durante los meses de verano duplica esa cantidad.
La rúbrica de este acuerdo por parte del Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el alcalde roquetero Gabriel Amat, no significa todavía la llegada inmediata de la comisaría, pero constituye el marco jurídico imprescindible y el inicio de la dotación presupuestaria para comenzar el despliegue operativo en una sede provisional, hasta que sea acondicionada la sede permanente en la avenida de Alicún.
Una reivindicación que se prolongó durante décadas
La llegada de la Policía Nacional a Roquetas no ha sido un proceso rápido ni exento de obstáculos administrativos y políticos y de encendidas polémicas. El mismo día del acto de la firma del protocolo, el alcalde roquetero declaró insistentemente durante la firma del protocolo que la llegada de un cuerpo «no puede significar la marcha del otro», reclamando formalmente una demarcación compartida que preserve las funciones de la Guardia Civil especialmente en las zonas rurales y agrícolas.
Durante años, el municipio fue creciendo hasta convertirse en una de las ciudades con mayor incremento demográfico de Andalucía, por tanto Roquetas supuso durante décadas una anomalía en este aspecto al no contar con comisaría de la Policía Nacional. Esa circunstancia generó un debate político permanentemente agrio sobre la adecuación del modelo policial en esta ciudad y en numerosas ocasiones los partidos de la oposición acusaron al edil roquetero de postergar la llegada de la policía al municipio, aunque en los últimos tiempos el gobierno municipal defendió reiteradamente que el volumen poblacional y la complejidad del municipio justificaban plenamente la implantación de la Policía Nacional, equiparándose así a otras grandes ciudades españolas.
El camino comenzó a desbloquearse muy recientemente, cuando el Gobierno de España habilitó legalmente la demarcación policial en 2023. Desde entonces fue necesario desarrollar un complejo proceso administrativo que incluía: la definición de la nueva demarcación, la cesión de instalaciones municipales, la negociación entre Ayuntamiento y Ministerio del Interior, la elaboración de convenios patrimoniales, la planificación del despliegue operativo y el diseño del proyecto de la que será la comisaría de policía definitiva.
El Pleno municipal aprobó por unanimidad el protocolo durante el pasado mes de junio, allanando el camino para la firma oficial celebrada este viernes 26 de junio, sin duda una fecha histórica para el municipio roquetero. La implantación definitiva de la Policía Nacional en Roquetas está dividida en dos fases: la primera fase contempla una comisaría provisional ubicada en dependencias municipales próximas a la Plaza de Toros, con unos 642 metros cuadrados adaptados específicamente para albergar los primeros servicios policiales. La previsión es que esa sede pueda comenzar a funcionar en aproximadamente cinco meses tras las obras de acondicionamiento. La segunda fase consistirá en la construcción o adaptación del edificio definitivo, la coexistencia en el mismo inmueble de los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local y la creación de accesos independientes para garantizar la autonomía operativa de ambos cuerpos.
El proyecto superará los cinco millones de euros de inversión y la plantilla inicial constará de 210 agentes que podrían ampliarse conforme evolucionen las necesidades del municipio. Entre los servicios previstos, según detalló el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, destacan: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, UFAM (Familia y Mujer), Oficina permanente de denuncias, Extranjería, Expedición de DNI y pasaportes. Se estima que únicamente el servicio documental podría tramitar entre 18.000 y 20.000 documentos al año.
El gran debate: ¿qué ocurrirá con la Guardia Civil?
Precisamente aquí aparece la cuestión que más controversia ha generado durante toda la negociación. La implantación de la Policía Nacional implica necesariamente una modificación de la demarcación policial. La normativa española establece que, con carácter general, los municipios atendidos por Policía Nacional dejan de ser competencia ordinaria de la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana urbana, pero por algunas características del municipio el gobierno municipal de Gabriel Amat defiende un modelo compartido que permita mantener la convivencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en un modelo similar al del cercano municipio de El Ejido.
La oposición de asociaciones profesionales de la Guardia Civil
La posibilidad de que la Guardia Civil pierda presencia en Roquetas ha provocado también reacciones desde asociaciones profesionales del Instituto Armado. JUCIL manifestó públicamente su rechazo a que la solución pase por sustituir efectivos de la Guardia Civil por Policía Nacional, defendiendo que ambas instituciones cumplen funciones complementarias y reclamando un incremento global de recursos en lugar de una redistribución territorial.
Un cambio en el mapa de la seguridad provincial
La implantación de la Policía Nacional en Roquetas no representa únicamente un cambio para Roquetas, de hecho modificará el equilibrio del dispositivo de seguridad en todo el Poniente almeriense. Actualmente la Policía Nacional concentra su actividad principalmente en Almería capital, El Ejido y Huércal-Overa, mientras que la Guardia Civil asume la seguridad en buena parte del resto del territorio provincial. La incorporación de Roquetas como nueva demarcación nacional supone uno de los mayores cambios organizativos de las últimas décadas dentro del sistema policial almeriense.
