Amnistía Internacional pide a Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón abandonar la “prioridad nacional”

Amnistía Internacional pide a los cuatro gobiernos autónomicos cumplir con las recomendaciones del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020 y garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

Amnistía Internacional, tras analizar los recientes pactos de gobierno que han firmado el Partido Popular y VOX en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, pide a los cuatro gobiernos que abandonen su política de prioridad nacional que, en caso de ser implementada, constituiría una violación de derechos humanos y de las obligaciones del Estado reconocidas internacionalmente.

Concretamente podría incumplir, al menos, tres de ellas: la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y no tomar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas; y la violación del principio del interés superior del menor, especialmente la infancia migrante no acompañada, seguidos frecuentemente de discursos criminalizadores del colectivo.

Normalizar conceptos tales como “prioridad nacional” en vez de priorizar el incremento de recursos dedicados a derechos sociales para todas las personas solo ahonda en la estigmatización y señalamiento de población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia. En su sentencia del 18 de diciembre de 2025 sobre una cuestión relativa al acceso a la vivienda en Dinamarca, el Tribunal de Justicia Europeo destaca la responsabilidad de los legisladores en la obligación de evitar tanto sesgos aparentes como consecuencias indirectas que afecten desproporcionadamente a determinados colectivos. Llega incluso a señalar que la propia terminología utilizada puede resultar ofensiva o estigmatizante para los grupos afectados.

Amnistía Internacional, al contrario, pide a los cuatro gobiernos autonómicos garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales -como ya recomendó el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020- de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

En particular, dada la actual crisis de vivienda en el país, las administraciones públicas competentes deben adoptar medidas urgentes para aumentar la inversión en vivienda social como elemento esencial para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En este sentido, la organización recuerda que España únicamente cuenta con un parque de vivienda social del 1,7%, viéndose aumentado hasta un 3,5% si se considera el parque de vivienda en alquiler asequible en sentido amplio, porcentaje igualmente muy alejado de la media de la Unión Europea (UE), que alcanza un 9%. Asimismo, la inversión en vivienda, únicamente representa un 0,5% del PIB frente a la media de la UE, que se sitúa en un 1,2%.

La discriminación directa e indirecta de personas y los discursos criminalizadores sobre inmigración deben terminar

Los pactos de gobierno contienen medidas discriminatorias directas e indirectas y regresivas en derechos que se reflejan con crudeza en la totalidad de los alcanzados en las autonomías que han celebrado recientemente elecciones (Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura) al exigir que todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas tengan como objetivo procurar “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, o cuando discriminan ya sin disimulo por nacionalidad, como en el caso de Extremadura cuando pide, en el acceso a la salud, reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad “para los españoles”; o también cuando los gobiernos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura excluyen “del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

La infancia migrante no acompañada tampoco se libra de estas potenciales políticas discriminatorias cuando se indica, como en el caso de Extremadura, que “se dotarán los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad». Asimismo, todos los pactos incluyen un apartado titulado “no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, y en el andaluz se va un paso más allá, explicitando que no se habilitarán «nuevos centros” ni se crearán “plazas en los existentes, reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible».

El acceso al derecho a la vivienda también es parte de este potencial sistema discriminatorio que pone en riesgo los derechos humanos cuando los pactos de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y Léon indican que procurarán “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, exigiendo un “arraigo real y prolongado basado en empadronamiento histórico” mínimo de 10 años para compra y cinco para alquiler.

Disfrazar el concepto de prioridad nacional con requisitos excluyentes es discriminación

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado que: “Disfrazar el concepto de ‘prioridad nacional’ con la exigencia de requisitos que en la práctica suponen una barrera de acceso mayor para determinados colectivos es también discriminación. La discriminación también se produce de manera indirecta cuando se apela a normas aparentemente neutras pero que tienen un impacto desproporcionado en un determinado colectivo ubicándolo en una situación de desventaja o excluyéndolo de facto en el acceso a derechos sociales”.

Así lo ha indicado recientemente el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia del 7 de mayo de 2026 al considerar que el requisito de una residencia mínima de 10 años previsto en las leyes italianas para poder acceder a asistencia social y acceso al empleo constituye una discriminación indirecta a personas beneficiarias de protección internacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha destacado que los derechos sociales se aplican a todas las personas, incluidas las no nacionales (refugiadas, solicitantes de asilo, trabajadores migrantes y víctimas de trata), independientemente de su situación jurídica o documental. También el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que el requisito de dos años de residencia para poder acceder a la vivienda municipal en Noruega era excesivo y constituía una discriminación contra los y las trabajadores migrantes y sus familias, ya que perjudicaba a las personas migrantes que han llegado recientemente al país y que necesitan la misma asistencia que la ciudadanía noruegos.

En definitiva, los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia son claros: prohíben todo tipo de discriminación, esto incluye la discriminación directa basada en la raza, color, origen étnico o nacional, y la indirecta por la utilización espuria de leyes o requisitos aparentemente neutrales para discriminar en el acceso a derechos sociales a colectivos concretos.

Menos mensajes populistas y criminalizadores, más inversión en prestaciones sociales

El concepto de “prioridad nacional”, de aplicarse, también constituiría una medida regresiva, vulnerando la obligación de progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, de conformidad con los estándares internacionales.

España, como Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene la obligación de garantizar la realización progresiva de los derechos a la salud, la educación y la vivienda y evitar medidas regresivas, lo que significa que debe asegurar que sus políticas y actuaciones no reduzcan el acceso a las prestaciones de seguridad social. Esto incluye, por ejemplo, no restringir los criterios de elegibilidad ni la cuantía de las prestaciones sociales.

Por ello deben abandonarse estos mensajes populistas y criminalizadores de las personas migrantes, sobre todo, por el partido político VOX, que pretende otorgar preferencia a los españoles frente a los que no lo son, y centrar la acción de gobierno en garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales.

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