Sira Rego reclama trasladar a la Península a 500 niñas
Del total de menores ya identificados, en torno a 700-760 son niñas, de las cuales 233 tienen menos de 13 años.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de los menores migrantes tras la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La ministra ha ofrecido las cifras más detalladas hasta la fecha sobre el volumen real del problema y ha reclamado la colaboración urgente del resto de comunidades autónomas para descongestionar la ciudad autónoma.
Más de dos mil menores, la mitad todavía sin identificar
Según los datos aportados por Rego, el sistema de protección a la infancia tiene registrados actualmente 1.478 menores no acompañados en centros de Ceuta, a los que hay que sumar otros 1.200 que, según las estimaciones del Gobierno, permanecen todavía sin filiar ni registrar formalmente. La suma eleva a más de 2.000 el número total de menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma tras la crisis del pasado 30 de julio, una cifra que la propia ministra ha reconocido que debería identificarse «más rápido», aunque ha insistido en que Ceuta «carece de capacidad para atender por sí sola» a un volumen de niños y adolescentes de esa magnitud.
Del total de menores ya identificados, en torno a 700-760 son niñas, de las cuales 233 tienen menos de 13 años. Rego ha detallado que se trata de un colectivo con perfiles de vulnerabilidad muy diversos, entre los que se incluyen niñas que huyen de la violencia sexual, malos tratos, matrimonios forzados, situación de calle, o que pertenecen al colectivo LGTBI+.
La propuesta central: trasladar a 500 niñas a la Península
La medida más inmediata planteada por el Ministerio es el traslado a la Península de 500 niñas consideradas de especial vulnerabilidad. Según ha explicado la ministra, serían alojadas en «centros pequeños» repartidos por distintos puntos de España, y el traslado podría ejecutarse «de manera inmediata» en cuanto se despeje la última condición pendiente: la autorización del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, de quien depende el visto bueno para iniciar los traslados. La fórmula jurídica prevista mantendría la tutela de las menores en manos de la ciudad autónoma, mientras que la guarda y custodia efectiva pasaría a las entidades de acogida receptoras, un esquema distinto al habitual reparto por comunidades autónomas.
Rego ha explicado que el Ministerio trabaja en paralelo con otras dos vías complementarias: los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades autónomas, un mecanismo que según la ministra «ya se ha utilizado con éxito en otras ocasiones», y la exploración del acogimiento familiar, para lo que ha agradecido la predisposición mostrada por numerosas familias dispuestas a colaborar.
Como antecedente inmediato de estas medidas, la ministra ha recordado que antes del inicio del curso escolar ya se procedió a liberar dos colegios públicos de Ceuta —el Reina Sofía y el Príncipe Felipe— que habían acogido durante semanas a unas 300 niñas de extrema vulnerabilidad, trasladadas tal y como el Gobierno se había comprometido.
«Los niños no son invasores, son víctimas»
Más allá de las cifras, la comparecencia de Rego ha tenido un marcado tono de defensa política de los menores migrantes frente al discurso que, según ha denunciado la propia ministra, los presenta como una amenaza. «Los niños no son invasores, son víctimas», ha sentenciado, defendiendo el «derecho superior» del menor como una «conquista democrática» que, en sus palabras, distingue «el estado de derecho de una autocracia».
La ministra ha sido también contundente al referirse a los incidentes registrados en la playa del Trampolín durante las últimas semanas: «Impedir que Cruz Roja reparta comida no es defender Ceuta, ni tampoco perseguir para cazar es defender Ceuta. El odio no resuelve una emergencia, la resuelve un Estado que funciona». Rego ha condenado además la quema de pertenencias de migrantes y las rondas organizadas para «perseguir y cazar» a personas, y ha reivindicado que «Ceuta no tiene por qué elegir entre defender su normalidad y atender la situación. Somos una sociedad de acogida».
La ministra ha querido también reconocer expresamente la labor de la ciudad y de sus vecinos: «Ceuta ha puesto sus recursos, los vecinos… a todos nuestro profundo agradecimiento», aunque ha admitido que la ciudad autónoma «aún no ha vuelto a la normalidad».
Marruecos, sin respuesta a 600 expedientes previos
Sobre las devoluciones a Marruecos, Rego ha introducido un dato relevante: el país vecino no ha respondido todavía a 600 expedientes de menores anteriores al 30 de julio, lo que a su juicio obliga a «investigar a dónde se envía a ese niño» antes de plantear cualquier retorno. La ministra ha rechazado de forma frontal cualquier devolución colectiva que no respete las garantías legales exigidas por la normativa de protección de menores, insistiendo en que cualquier actuación debe regirse por el interés superior del menor.
Financiación y reparto territorial desigual
En el terreno presupuestario, todas las comunidades autónomas votaron a favor de transferir 25 millones de euros a Ceuta en la última conferencia sectorial, con la excepción de Castilla y León, Aragón y Extremadura, gobernadas por PP y Vox, cuyos representantes no asistieron a la reunión.
La pelota, en el tejado de Ceuta
Pese al detalle de las cifras y de las alternativas planteadas, la decisión final sobre el inicio de los traslados no depende del Gobierno central, sino del Ejecutivo autonómico ceutí. Mientras Juan Jesús Vivas no dé su autorización, las 500 plazas ya negociadas por el Ministerio con distintas entidades sociales y ONG para la acogida de las niñas más vulnerables permanecerán sin activar, en lo que se perfila como el próximo punto de fricción política de una crisis que, mes y medio después de su estallido, sigue lejos de resolverse.
