La Junta de Andalucía anuncia alegaciones al Real Decreto del Gobierno que regula los centros de datos a solo a tres días del cierre del plazo
¿Por qué las alegaciones del consejero de IA, Desarrollo Digital y Administración pública de la Junta de Andalucía al Real Decreto que establece nuevos requisitos para la implantación y funcionamiento de los centros de datos carece de sentido? Lo explicamos.
José Manuel Rubio
La implantación de centros de datos está desatando una ola de protestas en todo el mundo, empezando por EEUU, porque está provocando fuertes subidas del precio de la electricidad e incluso dejando sin suministro a zonas enteras y colapsando las redes. No es una ocurrencia del Gobierno central, por tanto, este futuro Real Decreto que regula la nueva implantación y pretende acompasar el despliegue de centros de datos con el desarrollo proporcional de energías renovables que los alimenten, con el fin último de evitar que el aumento de demanda obligue a recurrir al gas natural y encarezca la factura eléctrica de todos los consumidores.
El objetivo no es solo «ordenar» el sector, sino evitar que el bum de centros de datos repercuta en el precio de la luz y acabe asfixiando a los consumidores. El comunicado del consejero de la Junta, Nieto, presenta el decreto como una amenaza a la competitividad y la atracción de inversión, argumento calcado de la gran potencia española en centros de datos que es Aragón.
Mientras el mix eléctrico no supere el 90% renovable, los centros deberán cubrir al menos el 80% de su consumo con autoconsumo o nueva generación renovable y demostrar una correspondencia hora a hora entre consumo y producción. Esto es clave para proteger a los consumidores: la obligación de ese 80% se debe cumplir a partir del decreto mediante contratos de generación nueva asociados a cada instalación (PPA, autoconsumo), no mediante un reparto administrativo nacional de «cupos renovables». La petición de la Junta de que el objetivo se «compute por comunidades autónomas» da a entender que existe un reparto centralizado que perjudica a Andalucía, pero el sistema eléctrico peninsular es una red interconectada única (gestionada por Red Eléctrica), sin compartimentos por comunidades autónomas, y eso lo debería conocer el consejero. Pedir una ‘contabilidad eléctrica autonómica’ es un absurdo y choca directamente con la propia arquitectura física del sistema eléctrico español.
El argumento de la «penalización climática»
El problema real no es la abundancia de sol en Andalucía de día, sino las necesidades energéticas nocturnas: el 80% renovable de carácter horario genera dificultades de suministro nocturno para la fotovoltaica y obliga a grandes instalaciones de almacenamiento, un problema que afecta a cualquier territorio con predominio solar, no solo a Andalucía. Presentarlo como una discriminación territorial deliberada simplifica un reto técnico (almacenamiento y respaldo nocturno) que es común a todas las autonomías con especial abundancia solar de España.
El agua
El agua se regula por eficiencia, no por volumen: se fija un tope de consumo por unidad de energía, no un límite a los hectómetros que puede gastar una instalación, y las concesiones de agua las siguen otorgando las confederaciones hidrográficas o las comunidades según la cuenca, sin que el real decreto las modifique. La petición de la Junta de que «los criterios de eficiencia energética e hídrica tengan en cuenta las diferentes condiciones climáticas y territoriales» da a entender un mecanismo más rígido del que realmente plantea el texto, que ya es un ratio (adaptable) y no un tope absoluto.
El régimen transitorio ya existe, al menos parcialmente
Andalucía pide «un régimen transitorio para los proyectos que ya se encuentran en tramitación», pero la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026 ya establece que los requisitos se aplicarán solo a los centros de datos que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. Es decir, el principio de irretroactividad para proyectos ya conectados —o en vías avanzadas— ya está en el texto matriz. Que la Junta lo reclame como si fuera una laguna sugiere que su alegación busca ampliar esa protección (por ejemplo, a proyectos en tramitación pero aún no conectados), pero el comunicado no lo precisa así, lo que da la impresión de desconocer —o no explicar bien— lo que el decreto ya contempla.
