La Delegación del Gobierno en la C. de Madrid publica una nota aclaratoria por las ‘informaciones falsas difundidas por el Ayto. de Madrid’ sobre el acto de ‘apoyo a Ceuta’
En una nota difundida por as redes sociales, dicha Delegación recuerda que los ayuntamientos pueden celebrar las concentraciones como actos institucionales
El comunicado de la Delegación del Gobierno negando cualquier prohibición responde a las declaraciones previas del alcalde de Madrid Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso de Madrid. Cita literal del comunicado:
‘Ante las informaciones falsas difundidas por el Ayuntamiento de Madrid y publicadas en algunos medios de comunicación: La Delegación del Gobierno no ha prohibido ningún acto en apoyo a Ceuta. Los ayuntamientos que han convocado concentraciones pueden celebrarlas como actos institucionales y así se les ha comunicado expresamente. Además, hemos trasladado la información sobre estos actos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su seguridad. En España, las manifestaciones no necesitan autorización previa. Cuando la convocatoria parte de un Ayuntamiento, jurídicamente se considera un acto institucional, no una manifestación ciudadana. No existe ninguna prohibición: solo una aclaración jurídica sobre la naturaleza de la convocatoria. Las instituciones públicas debieran ser responsables, absteniéndose de difundir bulos y de contribuir a la desinformación.’
En el trasfondo de todo esto está la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ocurrida el 30 de julio de 2026. Un mes después, coincidiendo con el Día de Ceuta (2 de septiembre), la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la popular María José García-Pelayo, convocó ‘concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma’ en todos los municipios de España a las 20:00 horas, bajo el lema «Por Ceuta». Más de 260 ayuntamientos se sumaron a la llamada.
El Gobierno, por su parte, consideró esta convocatoria «partidista e instrumentalizada», ya que a la concentración de Madrid —prevista frente al Ayuntamiento, en Cibeles— iban a acudir Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox). El PP, a su vez, acusó al Ejecutivo de presionar a alcaldes socialistas para no secundarla (aunque varios municipios del PSOE en Valencia, Huelva, Córdoba y Cádiz sí convocaron actos propios, al margen de la FEMP).
El martes por la tarde, la Delegación del Gobierno en Madrid remitió un escrito a varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid señalando que, como institución, un consistorio no es titular del derecho fundamental de reunión —reservado a personas físicas y asociaciones transitorias, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional— por lo que su convocatoria no podía tramitarse como manifestación ciudadana, sino como «acto institucional». El Ayuntamiento de Madrid interpretó y difundió esto como una prohibición directa del acto de Cibeles.
Isabel Díaz Ayuso y el equipo de Almeida hablaron de un intento de Sánchez de «boicotear» las muestras de apoyo a Ceuta; Feijóo afirmó en X «que España hable, a eso le tienen miedo». El delegado del Gobierno, Francisco Martín, respondió calificando de «mentira» y «bulo» la versión municipal, insistiendo en que el acto podía celebrarse igualmente, solo que bajo otra figura jurídica. PP y Vox llegaron a estudiar un recurso judicial urgente para dejar sin efecto la decisión.
