Marlaska pide por escrito al director de la Policía si conocía la existencia de un vínculo directo de Marruecos con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta
Lío interno y contradicciones en el Ministerio del Interior.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió de madrugada una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en la que le exige que confirme la existencia y el contenido de un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ese documento, según adelantó El Español, habría sido enviado a la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y situaría a gendarmes marroquíes al mando del operativo, bajo instrucciones de agentes de paisano y con un objetivo distinto al estrictamente migratorio.
La petición de Marlaska contiene dos exigencias: quiere que Pardo confirme si el informe existe y si su versión de los hechos es correcta, y el ministro además reclama saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información.
La pregunta no es retórica. Desde que estalló la crisis, el propio Marlaska y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sostenido en público que no existen indicios de participación marroquí en los hechos. Sánchez ha calificado la cooperación con Rabat de «francamente positiva» y ha atribuido buena parte de las versiones alternativas a bulos difundidos en redes asociadas a Rusia e Israel. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió la misma tesis en el Congreso, negando cualquier evidencia de que Marruecos hubiera impulsado o dirigido la entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma. Si el informe policial es anterior a esas declaraciones, la discrepancia entre lo que sabía la Policía y lo que ha dicho el Gobierno pasa a ser el centro del problema.
En la carta, Marlaska recuerda además a su director general que las diligencias judiciales en curso —que describe como incipientes— no eximen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de informar de inmediato al ministro, a quien corresponde el mando superior en materia de seguridad interior. Justifica la petición en el ejercicio de las funciones constitucionales del Gobierno en política interior, exterior y defensa del Estado: si Marruecos tuvo un papel activo, la crisis deja de ser solo un problema de gestión fronteriza para convertirse en un asunto de relaciones bilaterales con implicaciones directas en la política exterior española.
El episodio se produce un mes después de que estallara la crisis y cinco días después de la última comparecencia de Marlaska en el Congreso, donde anunció un centro de acogida permanente para 800 personas en Ceuta, cofinanciado con fondos europeos, y la ampliación de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú con boyas y vigilancia por dron. En aquella sesión, el ministro cifró en 5.000 las personas migrantes que permanecían en la ciudad autónoma y pidió el cese de la violencia, tras el incendio de un asentamiento por parte de un grupo de vecinos.
Interior no ha detallado públicamente qué respuesta ha recibido de la Dirección General de la Policía, ni si el contenido del informe citado por El Español coincide con el remitido a la Audiencia Nacional. La instrucción judicial sigue abierta y ya hay voces que piden la dimisión del director general de la Policía Nacional.
