La política incendiaria de la Comunidad de Madrid
El TSJM condena a la Comunidad de Madrid a revertir 37,8 millones de euros desviados del Cuerpo de Bomberos
Que desde la Comunidad de Madrid se ha practicado y se practica una política incendiaria con la pretensión última de mantener el foco (del fuego) permanentemente en Isabel Díaz Ayuso y de confrontar permanentemente con el Gobierno de España no es nuevo, la novedad estriba ahora en que esa política incendiaria ha dejado de ser una metáfora para convertirse en un hecho objetivo y literal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de dictar una sentencia firme que pone muy en entredicho la gestión presupuestaria del Gobierno regional en materia de emergencias y lo sitúa más cerca de la negligencia criminal y la prevaricación que de un mero revés judicial en su empeño continuo en forzar la ley. El fallo judicial obliga a la Comunidad de Madrid a destinar 37,8 millones de euros en inversiones reales para el Cuerpo de Bomberos, tras constatar que estos fondos de carácter finalista se desviaron durante años para financiar gasto corriente de la administración general.
La controversia jurídica nace de las aportaciones que las compañías aseguradoras (a través de la patronal UNESPA) abonan anualmente en concepto de tasas por el servicio de extinción de incendios. Por ley, este dinero tiene un carácter finalista; es decir, solo puede ser utilizado para la mejora, modernización y equipamiento del propio servicio de bomberos. Sin embargo, el tribunal ha ratificado que entre los ejercicios de 2019 y 2023 el Ejecutivo autonómico desvió un total de 37,8 millones de euros procedentes de estas tasas. En lugar de invertir en camiones, útiles y mejoras en los parques de bomberos, los fondos se diluyeron en el presupuesto general para cubrir gastos ordinarios de otras partidas de la comunidad.
La resolución de la Sala del TSJM no deja lugar a dudas. La sentencia le obliga a «devolver» de forma efectiva cada euro desviado e inyectarlo directamente en los recursos materiales del Cuerpo de Bomberos. De manera específica, los 37,8 millones de euros deberán ejecutarse en renovación integral de la flota: adquisición de vehículos de extinción, rescate, modernización de infraestructuras y equipos de protección individual (EPIs): renovación de trajes, sistemas de respiración autónoma y herramientas operativas de seguridad para los efectivos, etc.
Unos días antes de conocerse la sentencia, Tras notificarse la firmeza del fallo judicial, la Comunidad de Madrid anunció de forma pública una importante partida de 38,7 millones de euros destinada a la adquisición de 36 nuevos camiones y vehículos de bomberos para la región. A pesar de que el Ejecutivo autonómico presentó esta medida como un impulso a los servicios de emergencia, los sindicatos y otros colectivos han desmentido el carácter «voluntario» de la iniciativa. Representantes del Cuerpo de Bomberos han recordado que esta compra masiva responde estrictamente a la ejecución forzosa de la condena judicial y no a una mejora programada dentro del plan presupuestario ordinario de la Comunidad.
