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El suicidio asistido es rechazado en el parlamento de Westminster

Parecía que la cosa iba en serio. Once años después de que el Parlamento británico rechazara por primera vez una ley para legalizar el suicidio asistido, los diputados de Westminster han vuelto a decir que no, y esta vez el golpe ha sido especialmente duro para los activistas que llevaban meses, por no decir años, remando en esta dirección.

Lo que estaba en juego no era moco de pavo: la propuesta habría permitido, bajo ciertas condiciones muy tasadas, que personas con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales pudieran recibir ayuda médica para poner fin a sus vidas.

El análisis de Daniel Gover, experto en política británica de la Queen Mary University of London, desgrana con lupa lo que ha pasado y por qué ha salido mal. Porque, ojo, esto no es un sí o no cualquiera. En noviembre de 2024, los diputados habían dado luz verde a una versión anterior del texto, impulsada por la laborista Kim Leadbeater. En junio de 2025, incluso aprobaron una versión final. Pero cuando la ley pasó a la Cámara de los Lores, la cosa se atascó. Un puñado de peers (los miembros de la Cámara Alta) presentó una cantidad inaudita de enmiendas, el tiempo se agotó antes de que acabara la legislatura y el proyecto murió en la línea de meta.

La nueva versión, presentada por la también laborista Lauren Edwards, recogía el testigo de Leadbeater. Pero el resultado ha sido un baile de cifras que ha dejado a los partidarios con un palmo de narices. En la votación definitiva, 286 diputados votaron en contra y 270 a favor. Una diferencia de solo 16 votos, pero suficiente para tumbar la iniciativa. Lo curioso es que muy pocos diputados cambiaron de opinión respecto a 2025: apenas cinco pasaron del sí al no, y ninguno al revés. La clave estuvo en la participación: de los que se habían opuesto antes, 15 no votaron esta vez; de los que apoyaban la ley, faltaron 43. En un margen tan ajustado, eso lo cambia todo.

Los laboristas fueron decisivos. En estas votaciones de “conciencia”, los diputados tienen libertad para votar como les dé la gana, sin disciplina de partido. En 2024, los laboristas estaban divididos: un 61% a favor y un 39% en contra. Esta vez, la brecha se ha hecho aún más grande: entre los que participaron, el apoyo bajó al 55%, mientras que el 45% restante votó en contra. Los conservadores, por su parte, siguieron mostrando un rechazo frontal, y los liberaldemócratas mantuvieron su apoyo mayoritario, aunque con algún que otro cambio de chaqueta.

Por qué ha salido mal la jugada

Según Gover, hay tres factores que han pesado como losas en la decisión de los diputados: la política en sí, el procedimiento y la política con mayúsculas (o sea, el cálculo partidista).

En cuanto al fondo del asunto, muchos diputados tienen convicciones muy firmes, a favor o en contra, sobre el suicidio asistido. Pero otros habían mostrado un apoyo más condicionado. En las semanas previas a la votación, los detractores se dedicaron a subrayar dudas concretas: si las salvaguardas eran suficientes para evitar coacciones, si se protegía bien a las personas con discapacidad, etc. Desde la última votación, además, el Parlamento escocés había rechazado de forma contundente una ley similar en marzo. Los diputados británicos han tenido más tiempo para rumiar la propuesta y, a diferencia de 2024, cuando muchos eran recién estrenados, ahora tienen más tablas como legisladores. Aun así, pocos cambiaron el voto, lo que sugiere que esto no fue lo que inclinó la balanza.

El segundo factor es más técnico, pero no por ello menos importante. Al presentar una ley prácticamente idéntica a la de Leadbeater, los partidarios intentaban usar un arma procedimental: las *Parliament Acts*. En cristiano: si la Cámara de los Comunes aprueba la misma ley en dos legislaturas seguidas, puede convertirse en ley sin necesitar el visto bueno de los Lores. Para muchos opositores, el fracaso anterior se debió a que la Cámara Alta no tuvo tiempo suficiente para examinar un texto con defectos. Si los Comunes volvían a aprobarlo, se abría la puerta a que la ley saliera adelante sin haber corregido esos fallos. Para los defensores, en cambio, el bloqueo en los Lores fue una maniobra de dilación deliberada, y la amenaza de las *Parliament Acts* buscaba forzar un trato más constructivo esta vez.

El tercer factor es puramente político. En 2024, el primer ministro era Keir Starmer, un viejo defensor de la legalización del suicidio asistido. En 2026, quien ocupa Downing Street es Andy Burnham, cuya postura es bastante más ambigua: al final se abstuvo, pero antes había expresado reservas públicas. Algunos diputados pudieron leer eso como una advertencia tácita: mejor no tocar este avispero. Además, la anterior versión de la ley abrió heridas profundas dentro del Partido Laborista. Si la ley hubiera vuelto a aprobarse, esas divisiones se habrían agravado conforme avanzara el trámite legislativo. El gobierno habría estado bajo presión de sus propios diputados para facilitar el paso del texto, arriesgándose a más descontento interno.

En un momento en que el partido apenas empezaba a estabilizarse tras la marcha de Starmer, es muy posible que algunos laboristas concluyeran que era preferible dejar caer esta ley y darle a Burnham margen de maniobra para volver a consolidar el terreno electoral del laborismo.

¿Y ahora qué?

Con este no, los diputados pueden haber mandado un mensaje claro: no hay suicidio asistido legal en Inglaterra y Gales para un buen puñado de años. En teoría, un diputado podría volver a intentarlo tras el sorteo de leyes de iniciativa parlamentaria del año que viene, y algunos quizás piensen que merece la pena otro envite. Pero lo más probable es que muchos partidarios den por hecho que la Cámara ha dejado clara su posición colectiva.

Durante los debates de los últimos dos años, algunos argumentaron que una reforma de esta magnitud no debería dejarse en manos de diputados a título individual, sino que debería impulsarla el gobierno, quizás tras una investigación a fondo tipo Comisión Real. Esa opción sigue sobre la mesa, aunque parece dudoso que el gobierno de Burnham quiera gastar más capital político en un asunto que, además, corre el riesgo de reabrir las grietas internas del partido.

Lo que sí parece seguro es que esto no es el final del camino para la campaña a favor del suicidio asistido. Tarde o temprano, el debate volverá. Y cuando lo haga, todo lo discutido en estos dos años servirá de base para lo que venga después.

Artículo original: Why did MPs vote to reject the assisted dying bill – and what happens now?

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