¿Hay un exceso de confesionalidad en los actos programados por instituciones públicas?

¿Dónde termina el homenaje al patrimonio y empieza la confusión entre las instituciones públicas y la instituciones religiosas?

OPINIÓN, JOSÉ MANUEL RUBIO

La exposición Regina Maris, inaugurada esta semana en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, es en sí misma un acontecimiento cultural legítimo: reúne piezas de gran valor artístico e histórico y documenta más de cinco siglos de devoción popular. Pero el modo en que se ha presentado —con el presidente de la Diputación hablando de un «manto protector» que «cobija» a los almerienses, el vicario general reivindicando que el Evangelio «continúe iluminando nuestro presente» y un consejero de la Junta invocando el «compromiso» institucional con la fe— plantea una pregunta que trasciende el caso concreto: ¿dónde termina el homenaje al patrimonio y empieza la confusión entre la institución pública y la institución religiosa?

Un matrimonio con mucha historia

La alianza entre el poder político y el poder religioso no es una anomalía española ni mucho menos una novedad. Desde que Constantino convirtió el cristianismo en religión tolerada y Teodosio en religión oficial del Imperio romano, el trono y el altar han necesitado legitimarse mutuamente: el poder secular obtenía sacralidad y el poder eclesiástico obtenía protección y patrimonio. La monarquía hispánica llevó ese pacto a un extremo particular con los Reyes Católicos, que fundieron la unidad religiosa con la unidad territorial del reino, y lo prolongó siglo tras siglo hasta el Concordato de 1851, que declaraba la religión católica como la única de la nación española y comprometía al Estado a sufragar el culto y el clero como si de un servicio público más se tratara.

El punto de inflexión de referencia, el que da sentido histórico a cualquier alarma actual, es el nacionalcatolicismo franquista: un régimen que hizo de la confesionalidad del Estado su columna vertebral ideológica, que utilizó los actos religiosos como actos de afirmación política y que convirtió la Iglesia en agente de control social a cambio de un Concordato, el de 1953, extraordinariamente favorable para la jerarquía eclesiástica —le reconocía fuero propio, financiación estatal y control sobre la enseñanza y la censura moral—. La Constitución de 1978 rompió formalmente con ese modelo: el artículo 16.3 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque añade que los poderes públicos «tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española» y mantendrán «relaciones de cooperación» con la Iglesia católica. Esa ambigüedad calculada —aconfesionalidad, pero no laicismo estricto— es la que hace posible, cuarenta y siete años después, actos institucionales como el de Almería sin que exista, técnicamente, ninguna infracción legal.

El dinero público que sostiene el culto: el caso del Saliente

Más allá del lenguaje y los discursos, hay un terreno donde la confesionalidad se mide en euros: el de la financiación pública del patrimonio y de la actividad religiosa. Un buen ejemplo, muy cercano al de la propia Diputación de Almería, es el del Santuario de Nuestra Señora del Saliente, en Albox, uno de los centros de peregrinación más importantes del sureste español. Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento en 1992, el santuario ha sido objeto de sucesivas actuaciones de conservación y restauración de sus cubiertas, solería, presbiterio y revestimientos, tramitadas por la propia Junta de Andalucía a petición del rector del templo. Se trata de un patrón que se repite en numerosos monumentos religiosos de titularidad eclesiástica, si bien los bienes pertenecen canónicamente a la Iglesia, su mantenimiento recae, en una proporción muy significativa, sobre el erario público, bajo el argumento de que se trata de patrimonio histórico-artístico de interés general, algo que no siempre se cumple y a veces hablamos solo de valores sentimentales, de ámbito local y se quiere de vínculos con la religiosidad popular.

El problema no está tan solo en el reparto del gasto, sino también en el exceso y en el lenguaje. Cuando un presidente de Diputación afirma que la devoción a una virgen «es algo inexplicable y mucho más fuerte que un ejercicio de pura nostalgia» y la presenta como el «pilar más firme» de los valores cristianos que sustentan la sociedad, no está hablando como gestor de un patrimonio cultural compartido por creyentes y no creyentes, sino como sujeto devoto que utiliza la tribuna institucional para profesar una fe. La diferencia es sutil pero decisiva: una cosa es que la Diputación ceda un espacio público para acoger una exposición sobre la patrona de la ciudad —algo perfectamente asumible en clave de patrimonio, turismo y tradición local— y otra muy distinta es que sus máximos representantes se sumen al discurso confesional casi sin matiz, hablando de fe, de Evangelio y de «raíces auténticas» en un mismo plano que el propio vicario de la diócesis.

Una Europa laica

Vista desde una Francia que expulsó la religión del espacio institucional con la ley de separación de 1905, o desde países nórdicos donde la práctica religiosa se ha retirado casi por completo de la vida pública, la escena de un vicario general compartiendo estrado con un presidente de Diputación en un acto financiado con dinero público —o la de un ayuntamiento sufragando la orquesta de una fiesta en honor a una advocación mariana— resultaría difícilmente comprensible. La laïcité francesa no se limita a separar Iglesia y Estado: exige que el propio espacio público sea neutro, que ningún símbolo ni discurso religioso reciba respaldo institucional ni presupuestario, por popular o arraigado que sea.

España, sin embargo, nunca adoptó ese modelo. Optó, como Italia o Alemania, por una aconfesionalidad cooperativa, en la que el Estado no impone una religión pero tampoco se abstiene de colaborar con ella —ni de financiarla indirectamente—, sobre todo cuando esa religión coincide con la mayoritaria históricamente. Esa diferencia de modelo explica por qué lo que en Almería o en Albox se vive como una celebración identitaria sin fisuras sería, en buena parte de la Europa laica, motivo de escándalo institucional o, cuando menos, de incomodidad diplomática y de auditoría del gasto público.

¿Hacia un nacionalcatolicismo 2.0?

Hablar de un regreso literal al nacionalcatolicismo sería una exageración: no hay censura, no hay confesionalidad jurídica del Estado, y la sociedad española es hoy, en la práctica, mucho menos practicante que hace cincuenta años. Pero conviene no confundir la ausencia de un marco legal confesional con la ausencia de un imaginario confesional en las instituciones y de un flujo de recursos que lo sostiene. Lo que se observa en episodios como el de Almería, o en la financiación excesiva y recurrente de santuarios y fiestas patronales, no es la restauración de un Estado católico, sino la reaparición de un tipo de discurso —y de una asignación presupuestaria— que da por supuesto que «lo español», o «lo almeriense», se define en términos religiosos, y que trata la fe mayoritaria como un asunto de Estado más que como un asunto de conciencia privada. Ese reflejo, cultivado sistemáticamente desde instituciones gobernadas por un mismo partido, tiene menos que ver con la teología y más con una estrategia identitaria: apelar a la tradición religiosa como argumento de cohesión política, sobre todo en un contexto de disputa cultural con la izquierda en torno a la memoria, la identidad y el patriotismo.

El respeto debido a la religiosidad popular

Nada de lo anterior debería leerse como un desdén hacia la religiosidad popular en sí misma, que merece un respeto que a menudo se le niega desde ciertos sectores laicistas más dogmáticos que la propia laicidad que dicen defender. La devoción a la Virgen del Mar o a la Virgen del Saliente, como la de cualquier otra advocación en cualquier rincón de España, forma parte legítima del patrimonio inmaterial de una comunidad, tiene un valor antropológico innegable y merece ser estudiada, conservada y expuesta con el mismo rigor que cualquier otra manifestación cultural. Restaurar un santuario del siglo XVIII o exponer un ajuar procesional es, de hecho, un ejercicio perfectamente compatible con un Estado aconfesional: el problema no es que la institución conserve ese patrimonio ni que financie su mantenimiento en tanto que bien histórico, sino que sus representantes hablen desde él como si el catolicismo fuera, de facto, la religión oficiosa del cargo que ocupan, y que ese trato preferente no se extienda, ni en discurso ni en presupuesto, a otras tradiciones o a la ciudadanía no creyente.

La distinción que debería regir cualquier acto público en un Estado aconfesional es sencilla de enunciar y difícil de aplicar: gestionar el patrimonio religioso como patrimonio de todos, sin necesidad de que quien lo gestiona se convierta, micrófono en mano, en predicador de la fe que ese patrimonio representa, ni de que el reparto del gasto público perpetúe, sin debate, un trato de favor hacia una sola confesión. Por otra parte y para finalizar, un titular así, de una nota de prensa que sale de una institución pública como Diputación y que ha dado lugar a este artículo de opinión, ¿no es un exceso? ‘La devoción y amor por la Virgen del Mar llenan de fervor el Patio de Luces de Diputación’