La Junta anuncia otra estrategia contra el desperdicio alimentario, pendiente aún de definirse
La consejera de la Junta, Fina Martínez, incorpora la reducción del desperdicio a la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, un documento cuya formulación se aprobó hace ya más de año y medio y que sigue en fase participativa
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha anunciado en el XIV Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución Comercial, celebrado en Sevilla, que la reducción del desperdicio alimentario se incorporará a la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular. El anuncio llega en un foro organizado por Landaluz y CAEA, ante representantes del sector, y se suma a una batería de declaraciones de intenciones que la Junta viene formulando en los últimos meses en torno a la economía circular.
Un documento todavía por definir
La Estrategia a la que se refiere la consejera, no obstante, no es un plan que ya haya sido definido ni mucho menos aprobado: su formulación fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 18 de febrero de 2025, hace ya más de diecinueve meses, y a día de hoy continúa «en proceso participativo», según la propia nota de la Consejería. No hay, por tanto, calendario público de aprobación, ni memoria económica, ni objetivos cuantificados de reducción del desperdicio, ni mecanismos concretos de seguimiento. Lo que existe es un marco de intenciones generales —»prolongar el valor de los productos», «favorecer la colaboración entre industrias», «promover hábitos de reutilización»— que, por ahora, no se traduce en medidas exigibles ni en plazos.
Un discurso construido sobre generalidades
El grueso de las declaraciones de Martínez se mueve en un terreno de principios difícilmente discutibles pero también difíciles de auditar. Afirmar que «cada vez que un alimento termina en la basura, perdemos también parte del agua, la energía, el suelo y el trabajo» necesarios para producirlo es una obviedad que cualquier estudio de sostenibilidad alimentaria suscribiría desde hace años; no aporta, en sí misma, ninguna medida nueva. Lo mismo ocurre con la petición a las empresas de «normas claras, procedimientos comprensibles y una Administración coordinada»: es exactamente el tipo de reclamación que el sector agroalimentario lleva formulando a la Junta de forma reiterada, sin que hasta ahora se hayan traducido en una simplificación administrativa perceptible.
Entre las pocas referencias a normativa ya existente, la consejera cita que la Ley de Economía Circular de Andalucía contempla que los clientes de restauración puedan llevarse la comida no consumida, una medida que, de hecho, ya está recogida desde 2022 en la normativa estatal de residuos, por lo que su mención como novedad autonómica conviene tomarla con cautela.
Una cifra concreta, de origen europeo
El único dato numérico del anuncio —los 51,7 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos para la recogida separada de biorresiduos— no procede de fondos propios de la Junta, sino de los fondos europeos NextGenerationEU, una circunstancia que no resta valor a la actuación pero que conviene precisar: no se trata de una apuesta presupuestaria autonómica adicional, sino de la gestión de una partida europea con un destino ya predefinido por la normativa comunitaria de residuos orgánicos.
