Las comunidades del PP frenan en el Interterritorial el decreto que unifica las listas de espera
El Ministerio de Sanidad mantendrá la tramitación de la norma, pero necesita el aval de las autonomías y no hay margen antes de las elecciones del 29 de noviembre
El real decreto con el que el Ministerio de Sanidad quería modernizar y homogeneizar la medición de las listas de espera ha quedado bloqueado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Votaron en contra todos los consejeros del PP y el de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, mientras que País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra apoyaron la propuesta. Algunos medios añaden a Canarias entre las comunidades que rechazaron el texto, un extremo que no recoge la crónica de la agencia.
El rechazo se produjo el viernes 23 de octubre y dejó sin margen para llegar a un acuerdo antes de las elecciones generales. El Consejo sí sacó adelante, según un análisis, el resto de acuerdos técnicos y estrategias previstos en el orden del día.
Qué proponía la reforma
La norma buscaba sustituir el Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera, un marco que la ministra, Mónica García, lleva años calificando de obsoleto. En una entrevista de 2024 llegó a hablar de «una gran caja negra» a la que quería dar transparencia, con trazabilidad desde que el paciente acude a su médico de Atención Primaria hasta que lo atiende el especialista o lo operan.
El cambio central era contar la espera desde la indicación clínica y no desde el trámite administrativo. Según el desglose publicado por Que.es, la inscripción formal podría hacerse hasta cinco días naturales después, sin que ello alterase la fecha de partida. El texto prohibía además las listas y bolsas paralelas fuera del registro oficial, añadía controles contra inscripciones tardías y duplicidades y obligaba a identificar a quienes esperan sin fecha asignada.
La propuesta ampliaba también la medición a la Atención Primaria (medicina de familia, pediatría y enfermería), con indicadores sobre la atención en los primeros días, las demoras superiores a diez días hábiles y la atención domiciliaria. En los hospitales, los datos se desglosarían por prioridad y gravedad clínica y las estadísticas se publicarían cada tres meses, en lugar de cada seis, con referencias mensuales en formatos abiertos y anonimizados.
Dos lecturas del bloqueo
García lamentó que se desprecie el trabajo de dos años con los técnicos autonómicos y sostuvo que las listas hay que reducirlas, no maquillarlas. Acusó a las comunidades del PP, en especial a Madrid, de oponerse a una norma que ofrece transparencia y que, a su juicio, no les conviene ni partidista ni electoralmente. Días antes de la reunión ya había anticipado que el texto no saldría porque, dijo, hay intereses políticos y partidistas que prefieren usar las listas como herramienta de confrontación.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, replicó que el decreto no estaba en condiciones de aprobarse: faltan informes oficiales y no están claras las herramientas de medición, por lo que los grupos técnicos deben seguir trabajando. Antes de la reunión había señalado que quedaban cuestiones por cerrar, como la guía técnica sobre cómo se recogen los datos. Matute reprochó además a la ministra que avance con normas a medio hacer por el adelanto electoral, como ocurre con el Estatuto Marco, y rechazó la acusación de opacidad. Las fuentes consultadas no recogen los motivos concretos de Castilla-La Mancha.
Un proceso con retrasos y un caso que lo aceleró
El bloqueo no llega de la nada. El 22 de julio, tras otro Consejo Interterritorial, García explicó que las comunidades habían pedido más tiempo para aprobar la homogeneización de la información y confió en cerrar un texto consensuado en septiembre. Ese plazo se cumplió sin acuerdo.
Entre tanto estalló el caso del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid. Según una información de El País, dos jefes médicos del centro habrían rebajado la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera quirúrgicas, a espaldas de los cirujanos. La ministra pidió explicaciones a la Comunidad y habló de maquillaje. La consejera atribuyó los hechos a un único trabajador que, según su versión, alteró de forma irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología, según recoge El Salto. Un sindicato sanitario ha llevado el asunto a la Fiscalía y, según ese mismo medio, el cirujano que lo destapó se ha querellado contra la consejera. Son hechos presuntos, pendientes de investigación.
Lo que dicen las cifras oficiales
Las estadísticas vigentes, elaboradas con los criterios de 2003, muestran un panorama de contrastes. A cierre de diciembre de 2025, el Ministerio contabilizaba 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural, 6.926 más que un año antes, aunque la demora media bajó de 126 a 121 días. Esa cifra se revisó después: tras una rectificación de datos de Castilla-La Mancha, cuya demora pasó de 92 a 117 días, el informe fija 853.740 pacientes y 122 días de media. Un 21,6% de los pacientes llevaba más de seis meses esperando, y la espera media para una primera consulta hospitalaria era de 102 días.
Por comunidades, Andalucía (199.950) y Cataluña (197.768) concentraban más pacientes en espera quirúrgica. En demora media, Andalucía registraba 173 días, la peor cifra, seguida de Cataluña (142), Cantabria (137), Extremadura (135) y Aragón (132), mientras que Madrid mostraba la mejor, con 50 días, seguida de País Vasco (64) y Galicia (73). Estos datos son precisamente los que están en discusión: el Ministerio sostiene que los criterios actuales permiten interpretaciones distintas entre comunidades, y el episodio de la corrección castellano-manchega muestra la fragilidad de la comparación. No hay, sin embargo, una estimación contrastada de cuánto cambiarían las cifras con el nuevo sistema, ni pruebas de que las comunidades que votaron en contra manipulen sus registros. Las listas de espera quirúrgica superan las 850.000 personas.
Una competencia que no es del Ministerio
El choque reabre un viejo debate sobre quién responde de las listas. La propia García recuerda con frecuencia que la gestión de las listas de espera corresponde a las comunidades. En 2023, su antecesor en el cargo defendió en el Congreso que el Ministerio se limita a agregar y publicar los datos que le trasladan las comunidades, algo que se hace desde 2003. La oposición popular le replicó entonces que se trataba de un problema de Estado. La reforma frustrada no pretendía gestionar las listas, sino cambiar cómo se miden.
Qué ocurre ahora
García anunció que Sanidad seguirá con el trámite y publicará el texto en audiencia pública, el procedimiento que permite presentar alegaciones. La propia ministra admitió que la norma necesita además que el Consejo Interterritorial apruebe indicadores mínimos y comunes sobre la información de las listas, de modo que sin las comunidades no puede aplicarse en su totalidad. Mientras tanto, seguirá vigente el decreto de 2003.
