El revés judicial al plan de Interior permite a Gabriel Amat un periodo extendido sin Policía Nacional en Roquetas
La implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar ha sufrido una brusca paralización tras conocerse una sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la creación de la Comisaría Local del municipio.
La resolución judicial no solo ha obligado a la Dirección General de la Policía (DGP) a suspender de urgencia la reunión en la que se iba a presentar el catálogo inicial de 150 plazas, sino que ha reabierto un conflicto operativo y corporativo de largo recorrido entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Una sentencia que tumba la orden ministerial
El fallo, dictado el pasado 19 de octubre por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, estima parcialmente un recurso interpuesto por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO).
El tribunal anula el apartado 92 del Anexo II de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, mediante la cual el Ministerio del Interior creaba formalmente la Comisaría Local de Roquetas. Los motivos jurídicos clave esgrimidos son:
- Falta de motivación: El tribunal aprecia la «ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo» de carácter técnico, demográfico o criminológico que justificase la alteración de la demarcación, pese a la obviedad de que Roquetas es un municipio que hace ya décadas debería haber albergado una comisaría de policía dada su naturaleza urbana y la población permanente más la estacional.
- Arbitrariedad administrativa: Al carecer de memorias justificativas que motivaran la sustitución de un cuerpo por otro en suelo roquetero, la disposición ministerial no resulta ajustada a Derecho.
2. Suspensión de la mesa de asignación y malestar sindical
El impacto ha sido inmediato en el seno de la Policía Nacional. La División de Personal de la DGP canceló la reunión técnica fijada con los sindicatos policiales tras trascender la resolución en la prensa antes de su traslado formal a las partes.
En esa sesión, la administración preveía detallar la cobertura inicial de 150 puestos mediante comisiones de servicio (108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario). Sindicatos como la UFP, Jupol y el SUP han criticado la falta de certezas y han advertido del perjuicio para los agentes que planeaban su traslado, temiendo que la sentencia obligue a retrotraer el procedimiento administrativo a la casilla de salida.
3. Las raíces de la problemática: demografía frente a demarcación
El pulso por la seguridad de Roquetas de Mar hunde sus raíces en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que asigna a la Policía Nacional las capitales y núcleos urbanos que determine el Gobierno, y a la Guardia Civil el resto del territorio y el mar territorial:
| Factor | La posición de la Policía Nacional e Interior | La posición de la Guardia Civil y asociaciones |
|---|---|---|
| Volumen poblacional | Con más de 105.000 empadronados y picos que superan los 200.000 en época estival, es el segundo municipio de la provincia y requiere una estructura de policía urbana integral | La Guardia Civil ha garantizado la seguridad históricamente; el Puesto Principal de Roquetas es de los más grandes y con mayor carga operativa de España |
| Dotación de efectivos | Se proyectaba un catálogo inicial de 150 agentes (en sede provisional en la Plaza de Toros) con vistas a superar los 210-250 en la futura comisaría definitiva | El plan implicaba el desmantelamiento del Puesto y el repliegue de 183 guardias civiles, lo que sindicatos y asociaciones consideraban una pérdida neta de efectivos en la calle |
| Efecto dominó provincial | El repliegue de la Guardia Civil se pretendía compensar traspasando a la Policía Nacional la custodia de la cárcel de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno | La Unión de Oficiales y AUGC consideran que el traspaso territorial respondía a una decisión política discrecional sin rigor presupuestario ni de personal |
4. Escenario actual: parálisis y limbo legal
El calendario previsto por el Ministerio del Interior situaba el desembarco de la Policía Nacional y la salida forzosa de la Guardia Civil el 1 de diciembre de 2026.
Tras la sentencia, la situación queda en una encrucijada jurídica e institucional:
- Recurso de casación: La Abogacía del Estado puede recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo, lo que dilataría la firmeza del fallo.
- Reacción municipal: El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha puesto en suspenso la cesión del inmueble previsto para dependencias policiales a la espera de que Interior clarifique la validez del convenio.
- Incertidumbre en las plantillas: Mientras los guardias civiles destinados en el municipio reclaman la revocación definitiva del repliegue, los policías nacionales inscritos para las comisiones de servicio ven bloqueada su incorporación a falta de una norma que valide la demarcación.
