COAG presiona a la Junta para que aporte soluciones concretas mientras PP y Vox crean una cortina de humo con un producto milagro que no existe
La organización agraria exige ayudas y una estrategia integral a la Junta. La controversia sobre Movento omite un antecedente decisivo: Bayer no solicitó renovar la aprobación europea de su sustancia activa
COAG Almería ha situado a la Junta de Andalucía ante una exigencia concreta: responder con medidas extraordinarias a la crisis del Thrips parvispinus y ayudar a los agricultores que están perdiendo capacidad productiva. La organización reclama control de los focos, apoyo económico, coordinación y herramientas eficaces, sin reducir la respuesta a una sola sustancia activa.
Ese planteamiento contrasta con el protagonismo que ha adquirido la reclamación del spirotetramat, principio activo de Movento. La Junta insiste en su autorización excepcional y Vox acusa al ministro Luis Planas de traicionar al campo por rechazarla. Sin embargo, el debate político deja en segundo plano un antecedente fundamental: Bayer decidió no solicitar la renovación de su aprobación en la Unión Europea. No se trata, por tanto, de un producto con autorización ordinaria vigente cuya utilización dependa únicamente de una decisión política del Ministerio.
La decisión de Bayer que no puede desaparecer del debate
La Comisión Europea explicó el 12 de abril de 2024, en una respuesta parlamentaria, que la aprobación del spirotetramat expiraba el 30 de abril de aquel año porque ningún solicitante había presentado una petición de renovación. Añadió que la decisión de no solicitarla correspondía exclusivamente a la empresa. La pregunta parlamentaria identificaba a Bayer como fabricante de Movento y Batavia.
Posteriormente, el Reglamento de Ejecución europeo 2025/1092 eliminó el spirotetramat del listado de sustancias aprobadas, junto con otras cuya aprobación había expirado tras no solicitarse la renovación o retirarse la solicitud. En España, el periodo de gracia para comercialización, almacenamiento, distribución y uso terminó el 30 de octubre de 2025.
Este dato cambia el marco de la discusión. La falta de autorización ordinaria no nació con la reciente negativa de Planas: deriva de un procedimiento europeo de renovación que la empresa no promovió.
Eso no elimina la posibilidad de solicitar permisos excepcionales. De hecho, se han publicado autorizaciones temporales en otros países para determinados cultivos y plagas. Pero una excepción limitada no equivale a recuperar la aprobación europea ni demuestra que deba concederse automáticamente para el pimiento almeriense.
Por tanto, conviene formular la crítica con precisión: Movento existe, pero no está disponible bajo una autorización ordinaria vigente en España. Y tampoco se ha acreditado en la documentación examinada que constituya una solución milagrosa para esta crisis y, de hecho, a día de hoy no se aplica en ningún país europeo y las prórrogas en su uso tenían que ver con la finalización del estocaje.
La Junta no puede convertir una petición denegada en toda su respuesta
La Consejería puede reclamar herramientas fitosanitarias y discutir las decisiones del Ministerio. Lo que no debería hacer es permitir que esa reclamación sustituya la explicación de sus propias actuaciones, sus plazos y sus resultados.
COAG ha dirigido sus exigencias a la delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín, con participación de su secretario provincial, Andrés Góngora. Sobre la mesa ha colocado una respuesta mucho más amplia que la autorización de un insecticida: ayudas, cumplimiento de protocolos, control de los movimientos de restos vegetales y garantías económicas para las medidas extraordinarias.
La organización también ha pedido al Gobierno central autorizaciones excepcionales y mayor agilidad. Su posición no exonera al Ministerio. Pero tampoco permite que la Junta se presente únicamente como intermediaria de una solicitud rechazada, cuando el sector le está reclamando actuaciones dentro de su propio ámbito de responsabilidad.
El problema político aparece cuando una petición concreta se convierte en el centro de toda la explicación. Desplazar el foco hacia Madrid puede resultar útil en la confrontación partidista; no basta para sostener una explotación que debe arrancar antes de tiempo o asumir nuevos costes de prevención.
Una plaga extendida no significa una pérdida uniforme
COAG sostiene que el parvispinus afecta al conjunto del cultivo provincial de pimiento y ha advertido de su extensión al pepino. Esa valoración describe una presencia generalizada, no una destrucción del cien por cien de la cosecha ni daños idénticos en todos los invernaderos.
Precisamente por esa extensión, la organización reclama una estrategia integral. Considera insuficiente confiar exclusivamente en el control biológico bajo la presión actual, pero tampoco plantea sustituirlo por tratamientos indiscriminados: exige complementar herramientas y actuar sobre las vías de propagación.
La demanda obliga a la Administración a concretar qué medidas funcionan, dónde se están aplicando y qué resultados ofrecen. Anunciar reuniones o reiterar peticiones a otra administración no responde por sí solo a esas preguntas.
Inspeccionar es necesario; demostrar resultados, también
La Junta ha desarrollado actuaciones. En octubre comunicó 922 inspecciones y la tramitación de 272 sanciones por incumplimientos de las medidas contra la plaga. También ha impulsado una Mesa Técnica de Expertos para estudiar nuevas respuestas. Negar esa actividad sería incorrecto.
Pero esos datos miden actividad administrativa, no necesariamente reducción de la presión de la plaga. La exigencia razonable es que la Consejería explique cómo está evaluando los resultados, qué incumplimientos se repiten y qué refuerzos necesita el sistema.
COAG ha puesto el acento en la trazabilidad del transporte de restos vegetales, las medidas de higiene, los tratamientos previos al arranque y la solarización. Son actuaciones menos vistosas que la polémica sobre Movento, pero forman parte de la respuesta que el sector reclama.
El coste no puede recaer siempre sobre el agricultor
Entre las propuestas en estudio figura un posible paro biológico durante el verano. No es una decisión definitivamente aprobada, sino una medida que analiza la Mesa Técnica.
COAG exige que cualquier actuación de ese alcance cuente con garantías económicas y jurídicas. Reclama supervisión pública y responsabilidades para las comercializadoras, y cuestiona que se acumulen obligaciones y sanciones sobre los productores mientras otros operadores quedan sujetos a mecanismos de autorregulación.
Aquí se encuentra una de las principales pruebas para la Junta: determinar quién paga las medidas extraordinarias y cómo se protege a quienes ya soportan pérdidas. Un paro, un arranque o un refuerzo de los protocolos no pueden presentarse como soluciones completas sin aclarar su financiación y sus condiciones.
La organización pide ayudas para recuperar capacidad productiva y afrontar el incremento de los costes de lucha biológica. También solicita vigilancia sobre el suministro y los precios de organismos auxiliares. Esta última demanda es preventiva: no constituye por sí misma una prueba de especulación.
Menos consignas y más compromisos verificables
La campaña de Vox contra Planas presenta la negativa ministerial como una nueva traición a los agricultores. La Junta, por su parte, insiste en la necesidad de disponer de nuevas herramientas químicas. Ambas posiciones deben contrastarse con el antecedente europeo: la aprobación del spirotetramat expiró después de que no se solicitara su renovación, una decisión empresarial que no puede borrarse del relato.
COAG no está reclamando únicamente que Andalucía envíe otra carta al Ministerio. Está exigiendo una respuesta operativa. La Consejería puede seguir defendiendo una autorización excepcional, pero esa petición no la libera de concretar sus propios compromisos. La crisis necesita herramientas contrastadas y financiación, no una promesa de salvación concentrada en un producto sin aprobación ordinaria vigente.
