José Juan Martínez, el alcalde de Tíjola (PP), imputado en el Caso Mascarillas e investigado en varias causas, como si nada en actos de Diputación y del PP

José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola desde 2019 y diputado provincial del PP encargado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, es el único cargo político en activo investigado en el caso Mascarillas de la Diputación de Almería y, pese a ello, mantiene la Alcaldía, su responsabilidad provincial y una presencia habitual en actos institucionales y de partido. ¿Qué teme Ramón Fernández-Pacheco para mantenerlo?

La normalidad con la que continúa gobernando, un hecho políticamente anómalo —pero habitual en un partido, el PP, con un código ético bastante laxo—, y que supone una cuestión especialmente grave en cuanto que un regidor investigado por presuntas irregularidades en contratos públicos y con vínculos empresariales bajo sospecha sigue decidiendo a diario sobre dinero público, contratación y proyectos municipales, pero no solo eso, parece que Ramón Fernández-Pacheco, a través de su peón José Antonio García Alcaina, presidente de Diputación, parece haberle dado carta blanca para negociar las listas del PP en diversos municipios del Valle del Almanzora y el Levante, con lo cual se presupone que estarían dispuestos a llevarlo de número 1 en las listas del PP de Tíjola pese a su imputación en el caso Mascarillas y estar incurso en diferentes investigaciones.

Quién es José Juan Martínez

Martínez fue alcalde de Tíjola entre 2019 y 2023 con Ciudadanos y, desde 2023, con el Partido Popular. Además de regidor, ocupa un área de relevancia en la Diputación Provincial de Almería: Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, por la gran cantidad de fondos que se manejan y razón última de que el imputado y ya dimitido presidente de Diputación Javier Aureliano García y sus compinches del ‘Club del diente de oro’ Fernando Giménez, alias ‘el místico’, y Óscar Liria alias ‘el influencer’.

Su perfil público combina la política local y provincial con una actividad empresarial. Es propietario de Inversiones y Promociones Tágilis y de Constíjola, dos sociedades que aparecen en la investigación como beneficiarias de contratos públicos bajo sospecha. Esa doble condición —cargo público y empresario vinculado a contratación pública— es el centro mismo del conflicto de intereses que la investigación judicial intenta aclarar.

El caso Mascarillas

El llamado caso Mascarillas investiga presuntas irregularidades en contratos públicos de la Diputación Provincial de Almería, incluyendo la presunta manipulación de adjudicaciones y el reparto de comisiones. La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y ha incorporado una segunda fase centrada en contratos de obras.

Martínez fue citado a declarar como investigado en noviembre de 2025. La UCO analizó también a la empresa Tagilis, administrada por su pareja y adjudicataria de contratos públicos de la Diputación para obras en centros deportivos y educativos de distintos municipios.

El 25 de junio de 2026 compareció ante el juez junto a su mujer y un funcionario. Se acogió a su derecho a no declarar, una decisión legal, pero que impidió aportar una explicación pública y directa sobre los hechos investigados.

Qué se le imputa

En el caso Mascarillas, la investigación examina presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, en relación con contrataciones públicas y el presunto cobro de comisiones.

Otra investigación: el complejo Al-Moroc

En noviembre de 2025, la Fiscalía de Almería recibió una segunda denuncia contra Martínez por presuntas irregularidades urbanísticas, administrativas y económicas. El eje de la denuncia es el complejo deportivo Al-Moroc, inaugurado en diciembre de 2024 y valorado en más de cuatro millones de euros y que sale a la palestra con mucha frecuencia por las graves deficiencias constructivas y de ubicación (está en zona inundable) y la evidencia cada día más demostrable de gravísimas irregularidades en la compra del terreno, la aprobación del proyecto y la construcción de las instalaciones.

La denuncia sostiene que el Ayuntamiento adquirió terrenos rústicos calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento municipal. También apunta a posibles irregularidades en la contratación municipal de los últimos años.

Este y otros episodios revelan que la preocupación por la gestión municipal de Martínez no se limita al caso Mascarillas: la contratación, el urbanismo y la relación entre intereses privados y decisiones públicas han sido objeto de escrutinio y crítica fundada.

El asunto fiscal de Tagilis

Una resolución de la Sala de Granada del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Andalucía dictaminó que una empresa vinculada al alcalde ejecutó un vaciamiento patrimonial con la finalidad de impedir que Hacienda pudiera embargar bienes para cobrar una deuda. La empresa negó el fraude y anunció que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia, como es costumbre. Se han planteado sospechas de que incluso buena parte de estos recursos sean abonados a sus abogados indirectamente por el ayuntamiento de Tíjola, pero esto todavía no se ha podido demostrar.

La “normalidad” institucional

Lo más llamativo no es solo que Martínez esté investigado, sino que haya continuado ejerciendo con aparente normalidad todas sus responsabilidades. Tras declarar como investigado, seguía siendo alcalde de Tíjola y diputado provincial; incluso acudió al pleno de la Diputación el mismo día en que se conocía la nueva denuncia fiscal y es frecuente su frecuencia en todo tipo de actos de Diputación al margen incluso de los de su área, y siempre se sitúa en primer plano en los actos del PP, que, pese a u imputación, continúa manteniendo su militancia. ¿Tanto tienen que temer del ciudadano Martínez? ¿Qué sabe? ¿Ha amenazado con tirar de la manta?

El PSOE, Izquierda Unida y otros grupos de oposición como Izquierda por Almería, que, incluso han interpuesto varias denuncias contra el alcalde tijoleño, han pedido su dimisión o su apartamiento de responsabilidades. El PP, sin embargo, no ha adoptado ni la más mínima medida.

Actos públicos y de partido

Martínez ha seguido compareciendo en actos institucionales y de partido pese a la investigación, manteniendo una presencia pública incompatible con la gravedad de las causas abiertas.

Lo que está en juego

El caso de José Juan Martínez no es solo un asunto judicial. Es un test sobre los límites de la responsabilidad política. Mientras el caso Mascarillas siga en instrucción, Martínez conserva su Alcaldía, su cargo en diputación, su presencia pública y hasta su candidatura municipal. La pregunta no es solo si será condenado o absuelto, sino por qué un sistema político permite que un cargo investigado por presuntas irregularidades en contratación pública siga teniendo acceso ordinario al dinero público, el equivalente político a que un pederasta acuda a un gimnasio en horario infantil.

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