José Antonio García Alcaina, el rayo que no cesa
El presidente de la Diputación de Almería es técnico en redes y tiene estudios en Telecomunicaciones, es decir: que empezó la carrera, pero dejó sus estudios. Fue teniente de alcalde en su pueblo, María, y después alcalde y delegado de Deportes y Juventud en Diputación. Desde el 1 de diciembre de 2025 es presidente por accidente de la Diputación de Almería porque se saltaron al sucesor natural del dimitido por el Caso Mascarillas Javier Aureliano García, su vicepresidente primero Ángel Escobar.
DE ESPALDAS AL PUEBLO, por José Nicolás González
Pero García Alcaina sobre todo es presidente por las complicaciones odontológicas del anterior presidente de Diputación, Javier Aureliano García, y de dos de sus vicepresidentes, el segundo, Fernando Giménez, que como hombre pío y devoto, y por tanto, acostumbrado a la especulación teológica (‘su polla siempre está maquinando’, decía alguien en el chat de Whatsapp Naranjito), y Óscar Liria, vicepresidente tercero, cesado tiempo ha, sobrino del alcalde de Fines Rodrigo Sánchez y más mundano y pegado a las cosas materiales, primo, por otra parte, de Kiliam ‘Mbappé’ López Solé, con presuntos tratos, según la UCO, con el narcotráfico. Tratos que según informó la SER (https://cadenaser.com/nacional/2025/12/04/la-justicia-archiva-la-investigacion-por-narcotrafico-al-empresario-del-caso-mascarillas-del-pp-de-almeria-cadena-ser/) no se pudieron demostrar en sede judicial. ‘La justicia archivó en 2023 la investigación contra él por tráfico internacional de cocaína y blanqueo de capitales.
El juzgado de instrucción número 8 de Barcelona acordó el sobreseimiento de la causa “porque no se ha evidenciado indicios del tráfico de droga” como apuntó la UCO, que investigó a este grupo, en el que incluyeron a Kilian López, que presuntamente pretendía introducir en España un cargamento de cocaína procedente de Santos (Brasil), escondido en dos contenedores de café en el carguero Riogrande. Los contenedores aparecieron vacíos, ni rastro de droga. La UCO sospechó que recibieron un soplo de guardias civiles destinados en el Puerto de Barcelona’. El actual presidente de la Diputación, del que algunos de sus compañeros tan solo unos días después de asumir el cargo ya decían ‘que no valía y que no sería el candidato a presidir de nuevo la Diputación’ ha apoyado sin fisuras a Javier Aureliano García, reiterando cada vez que se le pregunta que en el Caso Mascarillas/Diputación de Almería ‘no hay nada‘ y que se demostrará la inocencia de los implicados, que ya han comenzado a desfilar por la Ciudad de la Justicia de Almería desde hace comienzos de junio, tras las elecciones autonómicas andaluzas.
Dice el refrán que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, y si García Alcaina no tenía bastante con la pasarela ‘de moda’ que se ha montado en la Carretera de Ronda de Almería, donde también ha desfilado otro alcalde levantino, aparte del de Fines, el alcalde de Tíjola José Juan Martínez, viejo conocido de la Justicia, y de ‘Hacienda’, que declara en segunda ronda de comparecencias en el juzgado número 6 ante el juez José Manuel Rey Bellot, que asumió la causa tras la abstención de la jueza instructora original y ‘prima’ de Javier Aureliano García, la virgitana María Belén López Moya, por ‘amistad íntima’ y ‘parentesco lejano’ con el exvicepresidente de la Diputación Javier Aureliano García. José Juan Martínez, alcalde de Tíjola, lleva un mes de junio más bien regularcillo, dicen, porque se le ha juntado el hambre con las ganas de comer. El día 25 de junio tiene cita con el juez Rey por los asuntos que le afectan en el caso Mascarillas/Diputación, más concretamente por los contratos con algunas de sus empresas familiares, pero es que, según informa Diario de Almería a través de la Agencia EFE (https://www.diariodealmeria.es/almeria/empresa-alcalde-tijola-oculto-bienes_0_2007149201.html): ‘El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Andalucía ha dictaminado que una red societaria vinculada de forma directa al alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez Pérez (PP), ejecutó un vaciamiento patrimonial con la finalidad de impedir que la Agencia Tributaria pudiera embargar sus bienes para cobrarse una deuda.’ ‘Dicha responsabilidad asciende a un alcance de 34.403,83 euros por deudas contraídas inicialmente por la deudora principal, Inversiones y Promociones Tagilis S.R.L. Promociones Tagilis traspasó en bloque parte de su patrimonio, concretamente inmuebles valorados en 623.678 euros, a favor de Luck of Ten S.L. El regidor tijoleño constaba como socio mayoritario de la empresa receptora de los bienes y ostentaba además poderes especiales en ambas.’
Pero, como si el regidor tijoleño no hubiera tenido bastante con el dictamen del TEAR (lágrima en inglés, por cierto) esta misma semana el nuevo digital EL CONSTITUCIONAL ha publicado un artículo demoledor sobre José Juan, como lo conocen en su pueblo (https://www.elconstitucional.es/es/nacional/caso-mascarillas-almeria-alcalde-cambio-partido-sin-cambiar-negocio_5400_102.html), y parece que solo es el principio. José Juan Martínez es de ese tipo de animales políticos que decía Aristóteles (‘El hombre es un animal político’) que nunca descuida la faceta económica y el enriquecimiento personal y familiar y que están en política para forrarse, como diría Zaplana, ese otro filósofo popular. Se dice también que Javier Aureliano dijo en alguna ocasión del PP que era ‘su empresa’. Y es que el que tiene espíritu emprendedor no tiene manera de deshacerse de él, y sabemos que confundir los intereses particulares y familiares con la función pública es fácil, eso le pasa a cualquiera. Es hasta muy posible que en el PP se busquen perfiles políticos con capacidad de aportar ‘soluciones empresariales’ adrede, como parece que ha ocurrido en el caso de Sabores Almería y unos contratos con el entonces concejal de Olula del Río Francisco González Bellido —al que la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez llamaba ‘Belli’ en un vídeo electoral muy cercano a las narrativas de Barrio Sésamo—. (https://www.elplural.com/autonomias/andalucia/medio-millon-euros-empresa-mes-vida-bajo-sospecha-contratos-diputacion-almeria-alto-cargo-pp_392601102)
No olvidemos que González Bellido ‘Belli’ es actualmente Secretario General del Partido Popular de Almería desde el 25 de noviembre de 2025 nombrado por la Junta Directiva Provincial del partido y Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería desde septiembre de 2022 y el asunto de la supuesta sobrefacturación a Sabores Almería, justo el doble, no parece baladí. Pero, volviendo al alcalde de Tíjola, ese animal político, que ya de joven parece que fue apartado del PP por un asunto turbio relacionado con unas facturas presuntamente falsas cuando fue concejal por el partido liberalconservador tijoleño y que vio en la creación y auge de Ciudadanos, como tantos otros miles de necesitados políticos de derechas, una ventana de oportunidad personal. Sonsacamos lo más interesante del demoledor artículo de EL CONSTITUCIONAL sobre el alcalde de Tíjola:
José Juan Martínez Pérez llegó a ser alcalde de Tíjola consiguiendo 3 concejales para Ciudadanos a partir de un acuerdo con el PP, que obtuvo 4 concejalías en las elecciones de 2019, al igual que el PSOE. Dicho de otra forma, Martínez, siendo el cabeza de lista de la papeleta menos votada en Tíjola, consiguió la alcaldía con un pacto de gobierno con el PP en el que se comprometió a ostentar el cargo de alcalde los dos primeros años y ceder la poltrona de alcaldía los dos últimos años de legislatura al candidato del PP. Pero en una hábil maniobra de José Juan Martínez abandona Ciudadanos por discrepancias con la dirección provincial de esta formación y logra un acuerdo, dicen que con Javier Aureliano García, presidente de la Diputación entonces, que le asegura la permanencia en el cargo y su futura candidatura por el PP y el control absoluto, de facto, del PP de Tíjola. Lo primero que hizo cuando entró en el ayuntamiento, por cierto, fue cambiar las ventanas, tanto del edificio del ayuntamiento como la Casa de Cultura. Todo el pueblo pudo comprobar asombrado como era su propia empresa la que procuraba el suministro y proporcionaba los operarios para colocar las ventanas, ¡sin complejos!
Concluimos, pues, con este extracto de lo publicado por El Constitucional que demuestra la increíble impunidad de la que hasta ahora ha gozado el alcalde de Tíjola y que demuestra el correlato de los hechos; no olvidemos que en mayo de 2023, ya con las siglas del PP, Martínez consiguió 8 de de 11 concejales, el PSOE: 3. Ese mismo año asumió el cargo de diputado provincial en la Diputación de Almería, donde ocupó la delegación del Área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos bajo la presidencia de Javier Aureliano García y que hay contratos de las empresas del alcalde de Tíjola con la Diputación bajo sospecha. Esto solo acaba de empezar. Según El Constitucional: ‘Martínez es el propietario y administrador real de un grupo de sociedades que operan bajo la denominación comercial HIDAMA: Hijos de David Martínez SL, constituida en el año 2000, e Hijos de David Martínez Angulo SA, fundada en 1985, ambas dedicadas a la fabricación e instalación de productos metálicos. También controla Inversiones y Promociones Tágilis SL, sociedad constructora que en marzo de 2017 transfirió formalmente a su entonces pareja, Eloísa Fernández Ruiz —con quien se casó en octubre de 2021—, con el propósito de poder contratar con el ayuntamiento sin incurrir en prohibición legal. Martínez permaneció como apoderado de Tágilis hasta noviembre de 2020. El entramado lo completan Luck Of Ten SL, sociedad patrimonial de alquiler inmobiliario cuyos socios son Martínez y su mujer, y Constijola SL, empresa constructora que Martínez dirige de facto pero en la que no figura como socio ni administrador. El 11 de julio de 2023, en una operación simultánea registrada en el Registro Mercantil, Martínez cesó como administrador de todas sus empresas en un solo día y colocó al frente de todas ellas a las mismas dos personas: su mujer Eloísa Fernández y Diego Faggioli Ujaldón, trabajador de la empresa y amigo de la familia’. ‘El ayuntamiento de Tíjola no puede adjudicar contratos directamente a las empresas del alcalde. La solución ha sido sistemática: los contratos mayores se adjudican a AGUAEMA SL (NIF B04038204), empresa local del sector de la construcción, que a continuación subcontrata a HIDAMA todas las partidas de carpintería metálica. La prueba documental está en una etiqueta de suministro pegada al interior del edificio de la antigua lonja de abastos de Tíjola, hoy reconvertida en biblioteca y espacio cultural: el vidrio fue pedido el 25 de octubre de 2021 por «104023-HIJOS DE DAVID MARTINEZ» con la referencia «SN-Pedido 725-AGUAEMA-PLAZA». Los operarios que aparecen en imágenes tomadas durante los trabajos llevan uniforme de Hijos de David Martínez.’
‘El patrón se repite en cuatro obras de gran envergadura. La reforma integral del antiguo mercado de abastos —adjudicada a AGUAEMA por 473.905 euros, con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 80%— incluyó toda la carpintería metálica ejecutada por HIDAMA. El contrato de emergencia para reparar el acceso oeste al municipio tras la DANA de septiembre de 2019 fue adjudicado a AGUAEMA por 378.397 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin licitación abierta, e incluyó la construcción de una pasarela peatonal de hierro y cuatrocientos metros de barandilla fabricados e instalados por HIDAMA. El complejo deportivo del paraje Al Moroc fue adjudicado en 2022 a la UTE formada por AGUAEMA y Transformaciones y Embalses Parra por 3.324.937 euros, con vallados, ventanas, puertas y barandas también ejecutadas por HIDAMA. Y el depósito de agua de La Estación de Tíjola, cuya parte metálica superior fue construida e instalada por HIDAMA en el marco de un contrato adjudicado a AGUAEMA que no aparece publicado en la plataforma de contratación del sector público. La suma de contratos adjudicados a AGUAEMA con subcontratación acreditada o presumible a las empresas del alcalde supera los cuatro millones de euros. En varios expedientes solo se presentó una única oferta: la de la propia AGUAEMA’. ‘Para los contratos menores —la carpintería del día a día municipal: barandas, ventanas, mobiliario urbano, puertas de vestuarios— el sistema tiene también su protocolo. El ayuntamiento de Tíjola adjudica a dos empresas locales cuya actividad principal nada tiene que ver con la carpintería metálica: Ortigosa Martínez SL, dedicada a materiales de construcción, y Ceral Cerámicas del Almanzora SL, vendedora de cerámica. Ambas actúan como pantallas: reciben el contrato y presentan la factura al ayuntamiento cobrando su comisión, mientras HIDAMA ejecuta el trabajo real. Entre los contratos documentados figuran el mobiliario urbano del municipio, la barandilla de la Plaza de las Nieves en 2023, la carpintería interior del colegio Sagrado Corazón ese mismo año, las puertas de los vestuarios de la piscina municipal en 2022 y varias actuaciones de 2025. Al menos una de estas obras ni siquiera aparece en la relación trimestral de contratos menores publicada por el ayuntamiento’.
‘Hay un caso que ilustra la impunidad con que opera este sistema. El 30 de mayo de 2025, el ayuntamiento de Tíjola publicó en Facebook un vídeo en el que aparecía ya instalada una estructura metálica en la Plaza Virgen del Socorro; el mismo vídeo fue compartido en la cuenta personal del alcalde. El contrato para esa estructura fue adjudicado formalmente el 5 de junio de 2025, cinco días después de la publicación. La obra se ejecutó antes de que existiera contrato que la amparara. Junto a este entramado opera Antonio Fernández Lorente, fontanero local nombrado encargado de obras del ayuntamiento al llegar Martínez a la alcaldía. En 2019, bajo el nombre de su sobrino Javier Fernández López, se constituyó la sociedad Instalaciones y Suministros Fernández SL, que desde entonces acumula contratos municipales. El más reciente es el de suministro de materiales de fontanería por 100.274 euros adjudicado en febrero de 2024 por cuatro años prorrogables. En la valoración, el alcalde asignó a esta empresa 25 puntos sobre 25 en los criterios evaluables mediante juicio de valor —los únicos subjetivos—, frente a los 5 puntos del único competidor, Saltoki Valencia SL, que ofertó además un precio más bajo’. ‘El escándalo más difícil de justificar está en los cimientos del complejo deportivo. El ayuntamiento adquirió terrenos en el paraje Al Moroc por 276.480€—seis euros aprox. el metro cuadrado— mediante concurso al que solo se presentó un licitador. El problema no es el precio: es a quién se le pagó. Los propietarios de esos terrenos eran tres: Trans Frio Higueral SL, Inversiones y Promociones Tágilis SL —la empresa vinculada al alcalde— y Juan Martínez Jiménez, padre de José Juan Martínez Pérez. El anuncio oficial de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público solo menciona a Trans Frio Higueral como adjudicatario, ocultando los otros dos vendedores. Los terrenos están catalogados por la Junta de Andalucía como zona inundable, en la confluencia del río Almanzora y el río Bacares. El complejo fue inaugurado en diciembre de 2024. Cuatro meses después se hundió una extensa zona, afectando a parte de la pista de atletismo’.
Capítulo aparte merece el caso de la Balsa de Cela, que será objeto de análisis exhaustivo en este mismo medio; el equipo de documentación y redacción está trabajando actualmente y pronto saldrá a la luz un amplio reportaje.
En 2018, el Ayuntamiento de Tíjola (Almería) aprobó por mayoría la cesión durante treinta años de terrenos públicos en la Balsa de Cela —un popular manantial termal— a la empresa Paraje la Cerrá SL, cuyo administrador es el marido de una concejala que estuvo presente en la votación. El canon anual acordado fue de apenas 2.100 euros, frente a una inversión privada de cerca de medio millón. La concejala se abstuvo formalmente, pero su vinculación económica directa con la empresa beneficiaria a través del régimen de gananciales constituye un flagrante conflicto de interés. El TSJA anuló posteriormente ese acuerdo municipal. Sin embargo, una vez que el panorama político local se reconfigura —con el actual alcalde José Juan Martínez Pérez al frente y el apoyo de instancias autonómicas vinculadas al PP— la concesión terminó sacándose adelante mediante la modificación de la documentación necesaria. El complejo lleva hoy en funcionamiento bajo el nombre comercial Manantial de Cela. El caso ilustra con nitidez cómo las redes de interés entre cargos políticos locales, sus familiares directos y las instituciones autonómicas pueden sortear incluso la anulación judicial de un contrato para consolidar finalmente el beneficio privado sobre bienes de titularidad pública. Según la información aportada, ya bajo la alcaldía de Martínez Pérez y con la intervención de Ramón Fernández-Pacheco —Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía— los contratos adjudicados por la Consejería de Agricultura, cuyo máximo responsable, repetimos, es Fernández-Pacheco, también diputado del PP por Almería y exalcalde de la ciudad, fueron concedidos a través del procedimiento de emergencia. En este entramado de relaciones institucionales y partidistas, la concesión de la Balsa de Cela terminó sacándose adelante, ‘con la modificación de la documentación que fuera precisa para superar los obstáculos que la resolución judicial había impuesto’.
Con este cúmulo de hechos probados en varias de las investigaciones periodísticas que se han llevado a cabo, todavía no hay certeza de que el presidente de la Diputación de Almería, señor García Alcaina haya pedido la cabeza del alcalde tijoleño. El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que, como vemos, ha intervenido, presuntamente, en algunos de estos asuntos como consejero de la Junta, no parece que ignore tampoco esta problemática, y quizás precisamente por eso, todavía no haya pronunciado ni media palabra sobre la posible dimisión del alcalde de Tíjola y diputado provincial, aunque es posible que se produzca en cualquier momento o ya se haya producido, pero, hay que tener en cuenta que este tipo de políticos bregados, con el perfil psicológico ‘depredador’ de José Juan Martínez, es muy difícil que se dejen doblegar de primeras y es harto probable que dé la batalla y resista, tanto en Tíjola como en Diputación. PSOE e IU, por su parte, ya han pedido su dimisión, pero la guerra interna que se avecina en el PP y en las instituciones implicadas, con un presidente de Diputación que es una figura —por su perfil personal y por el poco peso poblacional y electoral de su municipio y comarca—, absolutamente subsidiaria y provisional, que tuvo la fortuna de ser uno de los dos vicepresidentes sin imputar que quedaban en Diputación, y que al otro, el vicepresidente primero, Ángel Escobar —heredero jerárquico natural de Javier Aureliano, vicepresidente primero, y parece que caído en desgracia a los que los populares— no lo quisieran ‘ni en pintura’ al frente de la institución supramunicipal.
